“En particular, se propone otorgar mayores contenidos al reglamento del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Fomento de Empleo, en relación a una serie de aspectos tales como la determinación prorrateada mensual de beneficios laborales tras acuerdos con el empleador, la definición de la situación económica habilitante para la terminación colectiva de contratos de trabajo”. Así dice el Plan Nacional de Competitividad promulgado por Decreto Supremo 237-2019-EF del Ministerio de Economía y Finanzas del 26 de julio en su “Medida de Política 5.1: Actualización del marco normativo laboral”.

¿Qué quieren decir?  Eso de la “determinación prorrateada de beneficios laborales” es la forma rebuscada de decir que a muchos trabajadores ya no les pagarán gratificaciones en julio y diciembre ni les depositarán su CTS. Se supone que eso solo valdría “tras acuerdos con el empleador” pero en las condiciones actuales de falta de empleo, ¿cuántos podrían decir que no cuando les ofrezcan un salario de digamos 1,200 soles mensuales con la indicación de que ahí está incluida sus gratificaciones y su CTS? Esto no sólo vale para los nuevos trabajadores, ya que el 70% de los trabajadores formales en Perú están bajo contratos temporales, apenas termine su contrato actual y les plantee renovar su contrato, el empleador les podrá decir que es el mismo monto pero que ya no les pagarán gratificaciones  ni CTS. Es evidente, además, que en una propuesta de este estilo, el objetivo de la CTS que es darle protección al trabajador en caso de pérdida de su empleo, simplemente desaparece.

Cuando dicen “la definición de la situación económica habilitante para la terminación colectiva de contratos de trabajo”, ¿a qué se refieren? Pues a que la ley actual permite a las empresas despedir a gran cantidad de trabajadores al mismo tiempo por razones económicas. Hay ya reglamentos varios que facilitan esto. Una nueva reglamentación promovida por el MEF y la Confiep evidentemente está orientada a dar más facilidades en ese sentido.

Es evidente que el ministro de economía y finanzas y el gobierno han optado una redacción difícil de entender para quienes no somos abogados ni expertos en terminología de derechos laborales, es decir, la enorme mayoría de peruanos. ¿Por qué lo hacen así? Porque saben que estas medidas son ampliamente rechazadas por la enorme mayoría de peruanos y peruanas. Porque para imponer sus medidas antipopulares, la hipocresía y la cobardía son parte de su “hacer política”. Que pena que Vizcarra haya endosado esto.