El proyecto de ley presentado por Mauricio Mulder para impedir que el estado gaste en publicidad es simplón y tonto. Pero el tema de la publicidad, tanto del estado como privada, merece discutirse con un poco de profundidad y reflexionarse seriamente.

La propuesta de Mulder tiene un primer gran problema: es evidente que le quitaría al estado una herramienta clave para cumplir sus propósitos y lo haría mucho más ineficiente. Si el Banco de la Nación o los hospitales y centros de salud u otras oficinas públicas ampliaran – como deberían- sus horarios para atender mejor a la gente, ¿no debieran asegurarse que la gente esté informada de eso? O si el congreso del que forma parte el señor Mulder hiciera para variar algo bueno y aprobaran que los aportantes a la ONP pueden tener una pensión aun sin 20 años de aporte, ¿no sería indispensable comunicarlo e informar cuales deben ser los tramites respectivos?

La cantidad de asuntos que el estado debe informar es enorme, incluyendo recomendaciones de salud pública – como la campaña contra la anemia –, simples avisos de obras culturales, alertas sobre nuevos billetes que entran en circulación o alertas sobre problemas en las carreteras. En fin, resulta larga la lista de iniciativas públicas a las que la propuesta de Mulder restaría eficacia.

¿ATACANDO EL PROBLEMA PRINCIPAL?

Supuestamente, el proyecto de Claude Maurice Mulder busca que los gobiernos no manipulen a los medios de comunicación “comprándolos” con avisos. Pero si se aprueba su proyecto, lo que habrá que hacer necesariamente es fortalecer los medios de comunicación del estado. Incluso la sugerencia de Mulder que el estado recurra a las redes sociales para informar, además de que tendría mucho menor llegada, padece del mismo problema: si el gobierno lograra que sus cuentas en facebook, tuiter, youtube o instagram tengan millones de seguidores, en ausencia de una adecuada regulación podría luego usar esos mismos espacios de manera sectaria y corrupta.

Pero la pregunta más de fondo es si la manipulación de la opinión pública mediante los medios masivos de comunicación viene exclusivamente desde el estado o también la realizan los grandes conglomerados económicos privados. Ahora que nos hemos enterado de que Odebrecht ha puesto algunos millones en la campaña de Keiko, ¿podemos tener dudas acerca de su intervención en la política y en los medios, y de que esa intervención tenía como objetivo central que sus negociados salieran adelante? Otro ejemplo lo acabamos de ver, más recientemente, con el debate de la ley de alimentación saludable, con “expertos” pagados por los monopolios alimenticios usando encuestas amañadas para defender su comida chatarra en los mismos medios de comunicación en los que esos conglomerados ponen 300 millones al año en publicidad. No han actuado transparentemente, poniendo los nombres de las empresas, sino con artículos de opinión supuestamente escritos de manera independiente y usando organizaciones de fachada como “Comebien”.

Tampoco todos los medios de comunicación privados se han caracterizado por un alto nivel de ética en el Perú. El canal 5 sigue en manos del hijo de quien está fugado de la justicia por haber recibido 10 millones de dólares y favores judiciales de parte de Montesinos y Fujimori, y fue ese mismo canal bajo la dirección de Pedro Arbulú, hombre de absoluta confianza del prófugo Ernesto Schutz, donde se divulgó el audio falso que entregó José Chlimper a Hugo Guerra tratando de limpiar al acusado de narcotráfico Joaquín Ramírez, financista de Keiko y secretario general de Fuerza Popular en ese momento. ¿Qué el estado no le pueda poner publicidad asegura que este medio limite en algo su tratamiento noticioso sesgado e interesado? Para nada.

¿PARA QUE SIRVE LA PUBLICIDAD DE EMPRESAS PRIVADAS?

La manipulación por parte de los grandes poderes económicos, por cierto, no se limita a su intromisión en la escena política pública mediante los periodistas “mermeleros” y, sobre todo, de los contactos de alto nivel (y costo) con los dueños de los canales de TV, estaciones de radio y muchos diarios y revistas. Se aplica en especial a los consumidores, a quienes nos bombardean de mensajes llenos de mentiras o frases bonitas pero desinformativas, cuando al mismo tiempo ocultan que sus productos comerciales generan daño o son peligrosos, leen las advertencias obligatorias a una velocidad del rayo que las hacen ininteligibles o simplemente nos inducen a gastar nuestro dinero en cosas absolutamente innecesarias. Cabe por eso preguntarnos, ¿a estas alturas de la historia qué bien social genera la propaganda de Coca-Cola o cualquiera de esas otras gaseosas, si esos productos lo conocemos desde antes de nacer?

Cuando se trata de nuevos productos o innovaciones, la publicidad puede ser útil para informarnos sobre nuevas posibilidades. Pero en el mundo de hoy se ha permitido que los grandes conglomerados económicos invadan espacios públicos y hasta privados (¿a usted no lo han llamado por teléfono incesantemente a venderles algo que no quiere?) para llenarnos de propaganda, quitándonos paisajes, tranquilidad y empeorando el tráfico. Para hablar de una de estas publicidades socialmente negativas, en una Lima con alto tránsito y alta contaminación, tener camioncitos o triciclos con propaganda circulando a baja velocidad genera costos sociales sin beneficio social alguno.

DE REGRESO AL ESTADO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Si la preocupación de Mulder, como él ha dicho para disfrazar el blanco de su ataque, es el erario nacional, hay una fórmula bastante más sencilla: todos los canales de TV y radio debieran tener buenos minutos de su espacio de publicidad otorgada gratuitamente al estado. ¿Cuál es la justificación? Pues que esos medios masivos utilizan el espacio radioeléctrico que, de acuerdo a nuestra Constitución (y no podría ser de otra manera), son un bien público. Es bastante lógico que si usufructúan algo que le pertenece a la nación, pues otorguen por ello una contraprestación, que bien podría ser en tiempo de publicidad.

Esta fórmula permitiría, además, matar a otro pájaro con el mismo tiro. Si el temor de Mulder es que el gobierno favorezca a unos medios frente a otros dándoles más dinero porque lo tratan bien en su cobertura noticiosa, pues el que la información estatal se emita gratuitamente haría desaparecer ese riesgo.

Desde luego, estamos hablando de algo que debe ser utilizado como bien público, con una lógica de estado y no manipulado sectariamente por el gobierno. Hay muchas campañas que deben hacerse para mejorar como sociedad, referidas a la salud pública, evitar la violencia contra la mujer, educación vial, ejercicio de la ciudadanía y promover igualdad en las campañas electorales frente al poder del dinero. Además, por cierto, de informar sobre los servicios y reglamentaciones estatales.

Para ello se hace necesario cuidar el riesgo de manipulaciones partidaristas. Una respuesta puede ser el tener un Consejo autónomo y de composición plural. La mayor parte de publicidad no afrontaría este problema; nuevamente, informar sobre lo que hacen las distintas dependencias estatales es necesario, no ha sido un problema para la democracia peruana los últimos 17 años y tampoco ha impedido que la popularidad de los distintos gobiernos haya caído en picada.

Al mismo tiempo, se debe fortalecer los medios de comunicación públicos y aumentar la pluralidad en los medios, por ejemplo separando espacios en las frecuencias de radio y TV para universidades públicas, colegios profesionales, gremios, gobiernos regionales y locales y sociedad civil. De esta manera, se reduce el riesgo de que una oligarquía concentre lo que se ha llamado el cuarto poder y lo use en su propio beneficio, como sucede hoy en el Perú.

La absurda propuesta de Mulder no debe llevarnos tirar el bebé con el agua sucia: la publicidad estatal y privada y el sentido social de los medios de comunicación masiva merecen un debate serio, en función del bien público y no en base a las tonterías ladradas por el perro de presa de AG.

 

Publicado en Hildebrandt en sus Trece el 24 de noviembre de 2017)

(Nota: varios días después de publicado este artículo, el congresista aprofujimorista Javier Velásquez Quesquén dijo en tuiter que era bueno el análisis pero que lamentaba tuviera insutos. Los campeones de la agresión, la diatriba y la matonería verbal queriendo dar lecciones como si fueran el Manual de Carreño. Tampoco, tampoco)