El Presupuesto 2019 debe empezar a discutirse en el Congreso en las próximas dos semanas, debate que debe terminar antes de que termine noviembre. El proyecto de Presupuesto 2019 presentado por Carlos Oliva del MEF tiene dos serios errores: está técnicamente mal hecho y tiene una errada política fiscal. Debe modificarse.
Empecemos por lo primero: el Presupuesto 2019 presentado por el ministro Oliva supone que el próximo año el precio del cobre será de 3.10 dólares la libra, cuando desde julio pasado ha estado entre 2.70 y 2.85. Se basa también en que el precio del oro estará en 1 310 dólares la onza cuando hoy no llega a 1 200 y que el zinc estará en 130 dólares la libra cuando hace meses que no alcanza los 120. Así, mientras a inicios de setiembre Oliva decía que en 2019 los precios de nuestras exportaciones aumentarían, apenas quince días después el “Reporte de Inflación” del BCR acepta que caerán 2 por ciento. La primera consecuencia de la sobreestimación de precios de los metales por el MEF es que, debido a ello, calcula unas regalías e impuesto a la renta de las empresas mineras mayores que lo que hoy resulta razonable esperar, y sobre esa base presupuesta un monto irrealista de canon a ser entregado a las regiones y municipalidades (795 millones de regalías y 1 498 millones de canon minero).
No es la única sobreestimación: Oliva también dice que el PBI crecerá este año 4 por ciento, mientras el consenso de analistas ya está en 3.7. Para el próximo año el MEF estima que creceremos 4.2 por ciento, otra cifra sin sustento y en la que no cree ni el BCR. Como el PBI no será tan grande como dice el MEF, la recaudación por impuestos como el IGV y el impuesto a la renta no llegarán a lo planteado por el MEF, afectando directamente a los municipios que reciben un 2 por ciento del IGV mediante una transferencia llamada Foncomun (Fondo de Compensación Municipal).
Ya hemos pasado antes por situaciones como ésta. Hacia el 2010 el MEF presupuestó unas sumas para regiones y municipios pero cuando el canon se redujo, a la hora nona simplemente les dijo que les tocaba menos y punto. Repetir eso ahora tendría dos consecuencias: un golpe a las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales y municipalidades que le dan sustento político a Vizcarra, y una reducción de la inversión pública que agravaría la caída del mercado interno, las ventas y la producción industrial. Mejor rectificar con anticipación que generar expectativas falsas.
Mala Política Fiscal
Lo peor del presupuesto 2019, sin embargo, es la pésima política fiscal que expresa. Esta política es tramposamente llamada “consolidación fiscal”, nombre que le han puesto precisamente porque quieren ocultar la verdad: se trata de una política de ajuste. El BCR, por ejemplo, luego de conocida la propuesta de presupuesto considera que el próximo año la inversión pública se va a reducir de 4.9 a 4.7 por ciento del PBI, y aunque parezca poco ese 0.2 por ciento del PBI asciende a 1,400 millones de soles de recorte de la inversión pública en términos reales. Ojo que además la inversión pública viene de reducciones sistemáticas en los años anteriores; habiendo sido más de 6% del PBI en los años 2013-2014 este año estamos caso 8 mil millones debajo de eso. ¿Sabrá esto Vizcarra o estará creyendo en los cuentos de Oliva?
El problema mayor es que en estos momentos lo que se necesita es precisamente lo opuesto; para empezar a recuperar la pérdida del empleo y salir de la recesión industrial se necesita un impulso fiscal. Estas semanas el gobierno chino, por ejemplo, luego de ver el efecto negativo que sobre su economía ha tenido la guerra comercial desatada por Trump, ha decidido dar un nuevo impulso fiscal de 0.4% de su PBI, y eso a pesar de que están creciendo al 6.5% anual. Es lo lógico; cuando una economía enfrenta condiciones externas negativas que frenan su crecimiento, el gobierno debe apretar el acelerador en otros componentes de la economía como los orientados a su mercado interno. Nosotros necesitamos más inversión pública para buscar cerrar las brechas de infraestructura y para que la contratación de trabajadores de construcción civil dinamice el empleo y el mercado interno. Apretar el freno cuando lo que hay que hacer es prender otros motores que además diversifiquen la economía, es absurdo y nos llevaría a una recesión, tal como hizo el ajuste de Thorne de fines del 2016.
El ajuste fiscal que Oliva oculta busca reducir el déficit fiscal en más de 2 mil millones de soles al mismo tiempo que mantiene las exoneraciones y demás privilegios tributarios a las empresas mineras, bancos, aseguradoras, agroexportadoras y universidades-negocio. Por ejemplo, el presupuesto 2019 del MEF “estima que las devoluciones de impuestos correspondientes a las Notas de Crédito Negociables emitidas por la SUNAT asciendan a S/ 16 050 millones”, buena parte de las cuales van a las empresas mineras beneficiadas por una ley especial dada por PPK. Esas son las “devoluciones” privilegiadas que el fujimorista Shiguiyama como jefe de SUNAT entregaba con especial celeridad a los señorones de la Confiep amigos de Keiko; este personaje fue mantenido por Oliva en el cargo hasta que Hildebrandt en sus Trece publicó las pruebas de que había estado involucrado en la trafa de recibos fraguados para encubrir los millones que entregó Odebrecht a Fuerza Popular. Pero Oliva quiere seguir con esas devoluciones especiales a toda velocidad y dejando millones sin cobrar a diversos grupos monopólicos listados en la edición pasada de esta revista, y al mismo tiempo dejar que la inversión pública se quede por los suelos para lograr su “consolidación fiscal”.
¿Y si no se cambia?
Lo más probable es que nada de esto, por cierto, vaya a ser corregido en el Congreso de mayoría fujimorista. En primer lugar, porque esa mayoría está muy ocupada intentando sobrevivir ante las múltiples pruebas que incriminan a Keiko, a Becerril y ahora a muchos de ellos mismos que han conspirado para proteger a esa banda criminal, siendo el pivote central de su defensa el blindaje al fiscal Chávarry. Estando la bankada de “La Botica” en desorden y confusión al extremo de poner a Tubino de vocero, no tienen capacidad alguna de afrontar el tema presupuestal. Para completarla, el presidente de la Comisión de Presupuesto es un desconocido Percy Alcalá, fujimorista obviamente, acusado de negociados cuando era gerente de la municipalidad de Mala por una obra de agua y desagüe que colapsó. Alcalá antes fue elegido presidente de la comisión investigadora de la corrupción en el Callao, en la que no ha hecho nada a pesar de que en esa provincia, como diría Gonzales Prada, “donde se pone el dedo salta la pus”. Además, los plazos críticos para la discusión del presupuesto, que son a fin de este mes, se cruzan con los días previos al referéndum.
Por otro lado, la Constitución de 1993 impuesta por Alberto Fujimori deja al Congreso en el tema presupuestal apenas como un despacho de trámite decorativo. Según la Constitución el Congreso está prohibido de tener “iniciativa de gasto”, es decir, no puede añadir monto alguno al presupuesto. Por otro lado, si llegado el plazo del 30 de noviembre el Congreso no aprueba el presupuesto 2019, simplemente entra en vigencia el enviado por el Poder Ejecutivo. Así que el Congreso no puede cambiar el presupuesto y si no lo aprueban no importa. Esa irrelevancia del Congreso ha sido abonada por un MEF que durante varios años se ha dedicado a “comprar” los votos en la comisión de presupuesto dándoles obras a los congresistas individualmente, como incluso lo ha reconocido por escrito el ex – ministro Luis Carranza (hoy en la CAF como un favor de PPK a Keiko).
Con el desprestigio del congreso al nivel que está, no le costaría nada a Vizcarra sacar su presupuesto de cualquier manera. En muchas oportunidades en años anteriores, además, cuando el gobierno ha querido ampliar y modificar el presupuesto durante su ejecución, ha recurrido a los llamados “decretos de urgencia”, que tienen fuerza de ley y que muchísimas veces no han tenido verdaderamente la urgencia que la Constitución demanda. Eso podría repetirse el próximo año.
El gobierno tiene hoy la fuerza política para sacar la ley aprobando este presupuesto 2019 mal hecho y también para modificarlo después a su antojo. Pero aprobando algo mal desorientarían y confundirían a gobiernos regionales y municipios, y tal como está significa una política de ajuste fiscal que le hará daño a la economía peruana. Mejor que lo corrijan ahora. Hagan bien los cálculos, aprieten en el tema de las devoluciones y exoneraciones tributarias y aprueben un aumento sustancial en la inversión pública real de al menos 6 a 8 mil millones de soles, dándole así un empujón a la producción nacional.
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