Las grandes empresas agroexportadoras han venido dejando de pagarle a la seguridad social 250 millones de soles anuales, gracias a una ley especial vigente de hace ya 19 años que estableció que sólo aporten 4 por ciento de los salarios de sus trabajadores a EsSalud cuando por todos los demás asegurados se paga 9 por ciento del sueldo.

Pero si los grandes agroexportadores dejan de pagar 250 millones de soles cada año, eso recae sobre alguien. Como bien dice una famosa frase en inglés ´There ain’t no such thing as a free lunch´; no hay almuerzo gratis, siempre hay un costo. En este caso ese costo cae los trabajadores asegurados, ya que esos 250 millones de soles anuales significan que hay menos medicinas, razón por la cual muchas veces EsSalud dice que no las hay y nos manda a que las compremos en otro lado. También faltan equipos de tomografía, camas, salas de operaciones y especialistas; por eso hay colas de meses, tiempo que no podemos esperar porque ni el dolor ni la enfermedad paran. Esos 250 millones de soles que los millonarios agroexportadores se guardan en sus bolsillos todos los años son 250 millones de soles menos en medicinas, equipos y personal para la atención de salud de los trabajadores y sus familias.

La política de favorecer a los agroexportadores poniendo ese peso sobre los hombros de los trabajadores de todo el país no tiene justificación alguna. ¿Qué lógica puede tener que la obrera de limpieza, el joven sobreexplotado en un McDonalds y el humilde trabajador de construcción vean sacrificada su salud y la de sus familias para subsidiar a los grandes empresarios agroexportadores? ¿Quién puede defender una política tan absurda?

Que no metan el cuento de que esto es favor de los pequeños productores agropecuarios, ellos no tienen cientos de trabajadores formales en su planilla. A ellos hay que facilitarles y abaratarles el crédito y promover la transferencia de tecnologías, y para un desarrollo agropecuario amplio se debe apoyar la investigación e innovación, políticas que se podrían aplicar preferentemente hacia los pequeños y medianos productores. Pero si alguien cree que es importante subsidiar a las grandes empresas agroexportadoras pues que no sea con los fondos destinados a la salud de los trabajadores; si quieren apoyarlos cobren un impuesto a los billonarios, eliminen las exoneraciones a las mineras y bancos o pónganse firmes contra la evasión en paraísos fiscales.

Tampoco es cierto que la contribución de las empresas agroindustriales deba ser menor porque sus trabajadores por estar en zonas alejadas usan menos los servicios de EsSalud;  un cálculo detallado indica que mientras han aportado 155 millones por salud el gasto de atención a ese sector ha sido de 351 millones de soles, generando un déficit para EsSalud que asciende a 196 millones de soles, según el estudio realizado por Daniel Cotlear “La cobertura y las colas de ESSALUD –Una tomografía económica: Lo bueno, lo malo y lo feo”. A esa cifra hay que añadirle, además, las transferencias que otorga Essalud a mujeres embarazadas y trabajadores que por enfermedad dejan de trabajar por más de tres semanas, a quienes la seguridad social les paga su salario.

EL GOBIERNO, LA DERECHA Y EL CENTRO

¿Quiénes defienden una medida tan inequitativa como esta que beneficia a unos poco grandes agroexportadores a costa de todos los trabajadores del país? Pues aunque Usted no lo crea, porque es de Ripley, estas medidas han sido aprobadas por el gobierno de Vizcarra y también por el congreso anterior con el voto del fujimorismo de Becerril, Tubino y Galarreta, el Apra en pleno, la ultraderechista Rosa Bartra, la bancada de Alianza para el Progreso, los ex – congresistas Alberto de Belaunde y Gino Costa (hoy candidatos por el Partido Morado) y ex – congresistas de Acción Popular.

A las pruebas me remito. Como ese beneficio especial que regala a las agroexportadoras los fondos de nuestra seguridad social tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre del 2021, aprovechando el fin de año el gobierno de Vizcarra promulgó el Decreto de Urgencia 043-2019, que dispone que esas grandes empresas seguirán teniendo descuentos especiales en sus pagos a la seguridad social hasta el 2029. Fíjense en las fechas, que en este caso tienen relevancia: si la ley anterior les daba plazo todavía 2 años más, hasta fines del 2021, para que los agroexportadores se siguieran quedando con el dinero que debiera sustentar nuestra atención de salud, ¿cuál era la urgencia que justifica el decreto?

¿Y cómo entran en esto los ex – congresistas mencionados, esa variopinta confluencia de variados colores? Resulta que esta misma medida, con aún más beneficios para que los agroexportadores se queden con los fondos de la salud de los trabajadores, fue aprobada por ellos el 19 de setiembre pasado, menos de dos semanas antes de que Vizcarra cerrara el congreso. Olaechea y el fujimorismo también tenía mucho interés en sacarla, dado que quien fuera secretario general de Fuerza Popular y fue nombrado por ellos director del Banco Central de Reserva, José Chlimper, es uno de los principales empresarios agroexportadores del Perú y ganará millones con esta ley, al igual que sus aportantes los hermanos Rodríguez Banda del grupo Gloria.

Todos los congresistas de Alianza para el Progreso votaron a favor de que el dinero que debía destinarse a nuestra salud estuviera en los bolsillos de los agroexportadores. También apoyaron la medida la llamada “Bancada Liberal” de los ex – pepecausas Gino Costa y Alberto de Belaunde. Los congresistas de Acción Popular, por su parte, votaron unos a favor y otros en abstención, pero ninguno se opuso. Los únicos que se opusieron en bloque y de manera unánime fueron las izquierdas. Remarco esos votos porque pienso que ahora que se vienen las elecciones, más que en fijarnos en las muchas propagandas y ofrecimientos hay que mirar la trayectoria e historial de los distintos partidos.

Si recordamos esos meses del año pasado, puede llamar la atención que en momentos cuando el enfrentamiento entre el gobierno y el fujicongreso estaba en su punto más alto, hubiera esa coincidencia entre ellos. Sucede que no es casualidad el que estuvieran juntos en aprobar una medida tan inequitativa. Esas mismas fuerzas políticas son las que entre 2016 y 2019 dieron sus votos para que proceda la política económica de PPK, aprobaron sus presupuestos en el congreso con el ajuste de la inversión pública, respaldaron que sigan las concesiones de peajes abusivos mediante “Alianzas Público-Privadas” poco transparentes, han mantenido a la fiscalización laboral debilitada y han votado a favor de que las empresas mineras sumen a sus exoneraciones tributarias una “devolución de impuestos” ultra-rápida. Varios de esos grupos políticos pueden estar enfrentados entre sí y algunos hayan hecho méritos en la lucha contra la corrupción y por la equidad de género. Pero todos, ya sea por interés o por ideología, apoyan una política económica neoliberal que favorece la concentración de la riqueza en pocas manos aunque para ello sacrifiquen la salud y seguridad en el trabajo.

SIN GRATIFICACIONES NI CTS

El decreto aprobado por Vizcarra y el proyecto de ley aprobado por los congresistas señalados contiene además otra medida para reducir salarios de los trabajadores en beneficio de los agroexportadores. Consiste en negar a los trabajadores de la agroexportación los pagos de gratificaciones en julio y diciembre y los depósitos para su CTS (Compensación por Tiempo de Servicios). Esas medidas, vigentes desde el año 2000 con Fujimori, debían acabarse el 2021 pero ahora seguirán por diez años más, hasta el 2031.

Supuestamente, según dice la ley, estos beneficios están incluidos en la boleta de pago semanal o mensual del trabajador. Esta misma idea es la que el gobierno de Vizcarra incluyó en su “Plan Nacional de Competitividad”, pero como era obvio que en la práctica significaba que los trabajadores nos quedábamos sin gratificaciones y sin CTS y que eso generaría una fuerte respuesta social, no la han implementado. El argumento tonto de los neoliberales pro-Confiep de que sería sólo una “opción” que “podrían o no” adoptar los trabajadores no convence a nadie, y menos en un mercado laboral con muy pocas oportunidades de empleo en el que se imponen condiciones de mucho sobretiempo e inseguridad como se hizo patente con los jóvenes de McDonalds.  

AGENDA ELECTORAL

Ahora que se aproximan las elecciones con muchos temas en la agenda, vale la pena no olvidarse de la justicia social y económica. En primer lugar, porque la ultraderecha y el fujimorismo quieren ocultar cómo han defendido a la Confiep y esos monopolios tramposos todos estos años, otorgándoles beneficios millonarios como contraprestación a sus “aportes de campaña”. También hay grupos como Alianza para el Progreso que quiere pasar piola, cuando fueron firmes aliados del fujicongreso defensor de corruptos como su congresista Edwin Donayre y de la política económica pro-Confiep.

Habiendo otros grupos que han tenido posiciones firmes contra la corrupción y por la equidad de género, una ventaja de las elecciones es que hay varias opciones para escoger. Podemos optar por una que además de estas banderas levante aquella de la lucha contra la desigualdad en favor del pueblo trabajador.