Se ha documentado con bastante detalle los serios problemas en el manejo de los 30 mil millones de soles del programa del estado ReactivaPerú. El domingo el premier Zeballos, preguntado el premier sobre “¿Qué van a hacer para que la segunda fase de Reactiva Perú no presente los mismos problemas?”, respondió “Definitivamente eso está en revisión….si por un lado alentamos la economía, el pago de las remuneraciones, por el otro no se puede despedir a los trabajadores”. Inmediatamente, Roque Benavides, apoyado por un coro de operadores de la Confiep, salió a decir que el gobierno tenía un “sesgo anti-empresa” y pidió la cabeza del premier mientras respaldaba a la ministra de economía diciendo que “hace mucho esfuerzo, pero pareciera estar muy solitaria en el gabinete con gente que tiene otras ideologías”. Apenas dos días después, el martes pasado, un nuevo decreto supremo (DS 154-2020-EF) del ministerio de economía y finanzas establecía que ReactivaPerú seguirá bajo las mismas condiciones hasta setiembre con 30 mil millones adicionales. Mientras tanto, luego de 100 días de cuarentena y con la pobreza y el desempleo golpeando brutalmente a millones de peruanos, la entrega del Bono Universal sigue sin llegar a 5 mil millones de soles y un indispensable segundo bono “está en evaluación”.

CASOS CRÍTICOS DE REACTIVA PERU

Se han difundido varios casos absolutamente cuestionables respecto del uso de estos fondos del estado. Resalta el dinero entregado al estudio de Horacio Cánepa, un abogado del PPC que lideraba los arbitrajes por los cuales Odebrecht y socias sacaron miles de millones del estado, arbitrajes por los que cobraba jugosas coimas. Tal vez una de las peores es la entrega de fondos a las empresas CESEL S.A. y HOB Consultores S.A., que recibieron 10 millones y 3,2 millones de soles de ReactivaPerú. Estas empresas eran las encargadas de supervisar las obras de Odebrecht, OAS y otras constructoras corruptas, pero les daban el visto bueno validando que habían hecho una serie de obras y trabajos inexistentes por los que cobraron cientos de millones de soles. Estas empresas supervisoras cobraban harto del estado, en la Transoceánica Sur casi US$ 150 millones, pero igual promovieron adendas con sobrecostos a favor de Odebrecht y socias por más de US$ 800 millones, adendas que luego fueron aprobadas en Ositran por Juan Carlos Zevallos, encarcelado por haber recibido US$ 780 mil dólares de coimas de Odebrecht.

Otro roche ha sido el que se haya dado harto dinero a empresas que han reaccionado despidiendo masivamente a trabajadores. El grupo El Comercio, por ejemplo, ha recibido más de 38 millones, la mayoría mediante el Banco de Crédito, y ha despedido un centenar de periodistas y trabajadores. El mayor accionista del grupo El Comercio es el corrupto José Graña, coimerazo, principal socio peruano de Odebrecht. El Comercio tiene un juicio por ser monopolio y un proceso por prácticas anticompetitivas, ambos paralizados ante la fuerza mediática del grupo. 

Particularmente criticable me parece el caso del grupo Intercorp, propiedad de Carlos Rodríguez Pastor (conocido en el argot empresarial como CRP), el mayor billonario del Perú cuya fortuna personal supera los 12 mil millones de soles. Es decir, plata no le falta, para nada, como para darle respaldo a sus empresas y mantener el pago a sus trabajadores. Pero no, prefirió estirar la mano y pedir plata del gobierno fácil y barata. En total, nueve empresas de CRP recibieron el tope de diez millones de soles cada una. Aunque tiene muchísimo dinero y le sacó 90 millones al estado, igual dos de sus empresas, los hoteles Casa Andina (Nessus Hoteles Perú) y la cadena de cines Cineplanet (Cineplex SA), dejaron de pagarle a sus trabajadores con la llamada suspensión perfecta de labores, que  no es otra cosa que un despido encubierto. CRP es además dueño del Interbank, el cuarto banco más grande del Perú, que ha sacado más de 3 mil millones de soles del BCR con garantía del MEF para darle a sus clientes, cobrando su extra de tasa de interés, comisiones y demás cargos, por supuesto. Lo llamativo de este caso es que de acuerdo al Decreto Legislativo 1455 del 6 de abril los fondos de ReactivaPerú no podían ser destinados a empresas vinculadas a bancos, pero apenas cinco días después el DL 1457 cambia esa norma para permitir que sí se pueda prestar esos dineros a empresas de grupos que controlan bancos. ¿Norma con nombre propio? Por lo menos, está totalmente claro quien ha sido de lejos el principal beneficiario del DL 1457, con 90 millones de soles: el primer billonario del país, el mismo que no pagará impuesto a la riqueza gracias a que la Confiep y la ministra Alva se han opuesto tajantemente a que esa medida de justicia social se establezca.

ACLARACIÓN NECESARIA

Para justificar tamaño despropósito, los allegados a la Confiep y a los bancos aducen que Reactiva Perú son préstamos que serán devueltos, por lo que según ellos no hay ningún problema. Tal afirmación oculta más que lo que dice. En primer lugar, porque siendo esos 60 mil millones de soles dinero del estado, es perfectamente legítimo si están siendo bien utilizados y si no hay quienes los merecen más. Millones de peruanos pagan créditos hipotecarios, de consumo o de carro a tasas de interés que son tres o diez veces más que los otorgados a esos millonarios ¿por qué no hay para ellos? Nuestros agricultores y microempresarios necesitan mucho más esos recursos para producir y remontar la crisis ¿no es obvio que debió dirigirse a ellos prioritariamente el dinero?

En segundo lugar, porque es falso que esto no le cueste nada al fisco. Claro que le cuesta y le costará, porque esos préstamos son garantizados por el Tesoro Público, es decir, por el dinero de nuestros impuestos. Los bancos privados casi no corren riesgos en esta movida porque si no les pagan, entre el 90% y el 98% se lo cobrarán al MEF. Sin embargo, aunque los riesgos son principalmente del estado, no hay una línea en los decretos o contratos respectivos para que compartan las posibles ganancias con quien pone la plata. Apuesto públicamente que sumarán miles de millones lo que los bancos privados le cobrarán al ministerio de economía y finanzas (vía COFIDE) por este negocio.

CONCENTRACION Y EXCLUSION

La gran mayoría de este dinero ha ido a las grandes empresas y solo una porción muy minoritaria a las pequeñas y microempresas. Más del 80 por ciento de los fondos ha ido a medianas y grandes empresas, dejando de lado a las pymes, entre las cuales menos del 3 por ciento de las formalizadas ha accedido a esos fondos. La realidad ha estado muy lejos de lo que anunció el gobierno cuando presentó este programa Reactiva Perú:  dijo que llegaría a 350 mil pymes y no ha llegado ni a la sexta parte de esa cantidad, cobrándoles por cierto una tasa de interés mayor que la facilitada a las grandes empresas. Apenas un tercio de los fonos se ha prestado fuera de Lima.

Buena parte del dinero del estado se ha ido a empresas que no lo necesitaban realmente. La minera Volcan que ha tenido ganancias extraordinarias por décadas gracias a la privatización de Centromin, la trasnacional Chinalco que cuenta con el respaldo de los inagotables recursos del estado chino o las clínicas privadas que en esta temporada han hecho un negoción y han sacado grandes ganancias con la epidemia cobrando precios exorbitantes. ¿Es razonable que cuando millones de pequeños y microempresarios la están pasando durísimo y vean quebrar sus emprendimientos por falta de dinero, el estado peruano esté dándole plata fácil a grandes millonarios y a trasnacionales que ni siquiera se han visto mayormente afectadas?

Esta concentración y esta exclusión no ha sido algo decidido por bancos en competencia. Más del 90 por ciento de los fondos ha ido a los cuatro bancos que dominan el sistema financiero, y más de la mitad a un solo banco, el BCP. Poco han recibido las cajas municipales, y nada ha sido para los bancos públicos como el Banco de la Nación o el Agrobanco, o para las cooperativas de ahorro y crédito que bien administradas son las que más llegan a las zonas rurales y microempresarios. La política del MEF y el BCR ha estado orientada a favorecer a los grandes bancos, otorgándoles un enorme poder. Ha sido el grupo Credicorp, con sede en el paraíso fiscal de las Islas Bermudas y de donde salieron los 3 millones 600 mil dólares que su presidente Dionisio Romero le entregó a Keiko Fujimori en maletines llenecitos de billetes verdes, el que ha decidido a quien darle y a quien negarle 14 mil millones de soles, más de la mitad del total otorgado por el estado. De esa manera se ha alentado una mayor concentración en el negocio bancario, rubro en el cual ya existe un oligopolio que nos contra altas comisiones y que por una década ha venido obteniendo ganancias extraordinarias del orden del 20 por ciento anual.

La responsabilidad directa de estos hechos recae en el BCR, con su presidente Julio Velarde y los directores fujimoristas José Chlimper y Rafael Rey, ya que es el BCR quien ha asignado estos fondos. La ministra de economía y finanzas, por su parte, es la responsable política de los decretos y las garantías otorgadas.  No es de extrañar que para Roque Benavides, el adalid de la Confiep, Velarde sea “un prohombre de nuestra patria” y la ministra de economía alguien que “hace mucho esfuerzo”. En lo que no tiene razón, definitivamente, es cuando dice que Alva está “muy solitaria en el gabinete”, como se ve tras el decreto DS 154-2020-EF dando continuidad sin cambios a un Reactiva Perú que hasta el premier Zeballos señaló que debía revisarse.