Las AFPs han lanzado una campaña de miedo contra una posible reforma del sistema de pensiones que, según ellos dicen, atentaría contra la propiedad privada. “Que el estado no le meta mano a tus fondos” dicen. Pero los primeros que meten sus manos en nuestros bolsillos son precisamente las AFPs, que todos los meses se llevan 12 por ciento de nuestro sueldo. Quien nos obliga a darles nuestra plata, por cierto, es ese mismo estado que a los neoliberales defensores de AFPs les encanta denigrar. Que eso sucediera al mismo tiempo que Fujimori imponía la Constitución de 1993 no es pura casualidad.

Tras este discurso anti-estatista, que como hemos visto es muy hipócrita, nos quieren vender la idea de que sólo un sistema privatizado de pensiones es compatible con una economía mercado. Pero un sistema público de pensiones es el que predomina en todos los países desarrollados, en Europa, Japón y hasta en Estados Unidos, la meca del capitalismo ultra-individualista. Si este sistema de quitarle parte del salario a los trabajadores para dárselo a empresas financieras es tan bueno, ¿por qué ninguno de los países desarrollados ha cambiado su sistema de seguridad social por uno de AFPs? Ninguno, ojo, ni uno solo de los países industrializados ha hecho eso, como tampoco China, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam ni ninguno de los países asiáticos que hoy destacan por haber contenido la pandemia del Covid-19.

Remarcan las AFPs que “el dinero sigue siendo de propiedad privada de los afiliados”. Pero, ¿acaso puede considerarse uno propietario de un dinero cuando no puede disponer de él y cuando sobre ese dinero no podemos ni opinar en qué se invierte? Ni siquiera sabemos en donde está puesto nuestro dinero ni qué comisiones pagamos por tener una parte en fondos mutuos en el exterior.

POSTURA INTERESADA

“El Comercio” dedicó su editorial del domingo pasado, su día estelar, a discutir este tema.  Lo hizo sin informar, como correspondía, que el mayor accionista del grupo El Comercio, don José Graña Miroquesada, coimero confeso que ha hecho sobreganancias enormes en contratos con el estado, obtuvo financiamientos por cientos de millones de las AFPs para su empres Graña y Montero.  Esos millones de nuestro dinero incluso han sustentado que en esa empresa fuese director José Chlimper, el ex- secretario general del fujimorismo, como representante de los trabajadores afiliados a las AFPs, llegando incluso a presidir el comité de auditoría del Graña y Montero en los mismos años en los que GyM pagaba millones de dólares de coimas.

El ilustradísimo director de “El Comercio” Juan Garrido editorializa que “si de diseñar un sistema de pensiones adecuado se trata, empezamos con un serio problema…el alto grado de informalidad laboral”. No le preocupa que tres cuartas partes de peruanos mayores de 65 años carezcan de pensión ni que las proyecciones anteriores a la pandemia sean que aun 70% no las tendrían al 2050. Esa terrible realidad ni siquiera le parece un tema de interés. Curiosamente, el mismo día en ese periódico Carlos Ganoza, asesor de la Asociación de AFPs, escribe ¡como columnista! que “cualquier propuesta de reforma debe cumplir dos requisitos básicos: no empeorar la informalidad y ser viable fiscalmente”. Tampoco para Ganoza es importante que se paguen pensiones dignas, se reduzca la pobreza en la vejez o se evite que una persona se quede sin medios de vida a los 80 años. No, nada de eso es para él un “requisito básico” de una reforma pensionaria.

¿Por qué resaltan la informalidad en el diario estrella de la Confiep? Están en campaña en contra de que las empresas también contribuyan a la seguridad social en pensiones. Ganoza resalta que “crear nuevas contribuciones a cargo del empleador son medidas que pueden penalizar el empleo formal”. Me encantan estos tipos: sufrimos hace casi 30 años un sistema de AFPs que penaliza a los trabajadores quitándonos 12 por ciento de nuestro sueldo todos los meses, pero jamás han criticado eso. Lo que sí defienden con ardor es que ni un solcito lo paguen los empleadores.

Además de defender el bolsillo de las grandes empresas, Garrido establece que “lo ideal, sin duda, es que cada trabajador aporte un porcentaje de sus ingresos a un fondo que sea parte de su patrimonio”.  Traducción: lo “ideal” es un sistema idéntico al que tenemos ahora con las AFPs, sin aporte del empleador y bajo la figura del ´patrimonio individual´ de tal manera que bajo la ficción de la propiedad nuestro dinero lo tenga un conglomerado financiero. Por más que el director de “El Comercio” intente de vestir al mono de las AFPs de seda, como mono se quedan.

LA REFORMA DECONOCIDA

¿Seriamos los primeros en revisar este esquema de forzar a los trabajadores a dar su dinero a las AFPs? Lejos de eso: son ya 18 los países que han revertido la privatización de sus sistemas de pensiones. En Europa: Bulgaria (2007), Eslovaquia (2008), Estonia, Letonia y Lituania (2009), Hungría (2010), Croacia y Macedonia (2011), Polonia (2011), Rusia (2012), República Checa (2016) y Rumania (2017). Quien revise con cuidado esta lista verá que no es sólo cuestión de gobiernos progresistas, sino que varios de centro y de derecha lo ha hecho también. En Latinoamérica: Venezuela (2000), Ecuador (2002), Nicaragua (2005), Argentina (2008) y Bolivia (2009). Es muy probable que Chile sea el siguiente tras el referéndum aprobando que se haga una nueva Constitución, algo que sale luego de intensas protestas en años anteriores uno de cuyos ejes fue precisamente el rechazo a las AFPs, y eso que ellos ya desde hace años han reformado su sistema para añadirle un componente social y solidario mucho más fuerte.

Todavía desconocemos la propuesta de reforma del sistema de pensiones que propondrá la comisión especial del Congreso. Hay algunos aspectos claves, sin embargo, que han aparecido repetidamente cuando se ha analizado antes este tema, por el Banco Mundial en la primera década de este siglo, en una publicación del experto Javier Olivera el 2010, en la propuesta recogida en “La Gran Transformación” bajo la dirección de Félix Jiménez, por la Comisión de Protección Social nombrada por PPK y más recientemente los informes publicados sobre el tema del BID y la OECD.

Un asunto que sale en todas las propuestas es la necesidad de pasar a un sistema de pensiones conocido como ´multipilar´ en el que exista una pensión universal básica y un importante componente de solidaridad hacia los más pobres. Esto va de la mano con la necesidad y conveniencia de establecer un ente recaudador central, en vez de que los privados tengan separadamente su propio aparato de cobranza para llevarse nuestro dinero. Esta propuesta ahorita está bajo intenso ataque de los neoliberales defensores de AFPs, aunque la defienden el Banco Mundial, el BID y la OECD, todos organismos internacionales de claro perfil pro-capitalista. Quienes defienden la oligarquía financiera de las AFPs ni se toman el trabajo de actualizarse en las discusiones al respecto.   

En lo medular, en la reforma de pensiones se juega un tema de visión del país, un interés económico de las AFPs y una cuestión política de fondo. Hay en primer lugar una polémica abierta con quienes pensando nuestro futuro en este Bicentenario menosprecian la solidaridad y prefieren el individualismo extremo con una ´ídeología Trump´ que en estos tiempos de epidemia resulta totalmente fuera de lugar. Más allá de la pérdida de vigencia de esos puntos de vista, las AFPs quieren agarrarnos de tontos con ese cuento de la propiedad privada de los fondos de pensiones, para seguir quitándonos nuestro dinero y forzarnos en contra de nuestra voluntad a pagarles comisiones abusivas. Eso ya no puede seguir.

Hoy que el tema de una nueva Constitución se ha puesto sobre el tapete tras el ejemplo chileno, la base política de las AFPs no puede ser olvidada. En Chile, fue Pinochet quien impuso las AFPs y la Constitución que las sostiene. En Perú, Fujimori hizo exactamente lo mismo. Su ministro de economía de entonces, Carlos Boloña, aprobó la ley de AFPs y de partida se convirtió él mismo en accionista de una de ellas. En el año 2000 Boloña sería premiado regresando como ministro de Fujimori, promoviendo que le dieran un maletín con 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos. La asociación del fujimorismo con las AFPs no terminó, sin embargo, en los años 90. Entre las AFPs destaca una que es parte del grupo Romero. ¿Se han preguntado por qué el sistema de AFPs, que hace años sabemos es un verdadero robo, sigue en pie? Bueno, recuerden que Dionisio Romero, presidente del grupo Romero, entregó 3 millones 650 mil dólares, equivalentes a más de 10 millones de soles, a Keiko Fujimori. Se los dio en sus propias manos en maletines llenos de dinero, de la misma forma como recibió Vladimiro Montesinos esos 15 millones el año 2000.

Ponerle fin a las AFPs y restablecer la seguridad social para la vejez es, así, una necesidad social, una cuestión de romper grandes intereses económicos y también una medida de higiene política.