Una reciente encuesta ha puesto a la Confiep y sus amigos neoliberales al borde un ataque de nervios: la población quiere que el estado domine una serie de actividades, y no la empresa privada como sucede hoy. En el caso de los fondos de pensiones, hoy capturados por las AFPs, 64 por ciento las quiere en manos del estado frente a solo 25 que sean empresas privadas. Los bancos, donde casi no hay actividad estatal en el Perú luego de que el fujimorismo acabó con la banca de fomento, 60 por ciento quiere al estado al mando frente a 30 por ciento que prefiere el predominio de empresas privadas.
La ciudadanía también quisiera que la minería y las farmacias sean mayormente estatales. En el caso de la minería, donde actualmente no hay ninguna presencia del estado, apenas 8 por ciento de la población quiere que sigan como hasta ahora en manos totalmente privadas, 16 por ciento quiere que haya presencia estatal minoritaria y 65 por ciento quisiera que fuera totalmente o mayoritariamente estatal. Luego de décadas en las que las grandes empresas mineras nos han repetido machaconamente que debemos darles facilidades para que saquen nuestros minerales sin importar que contaminen y paguen pocos impuestos, el pueblo peruano quiere algo distinto. Podríamos decir que quiere regresar a la política de Velasco, que nacionalizó buena parte de la minería, no toda ni cerca de eso, como Southern o la familia Benavides (la de Roque) bien pueden atestiguar. En una referencia más contemporánea, los peruanos parecen querer un Evo Morales.
EL MODELO Y LA CONSTITUCIÓN
La encuesta mencionada salió justo días después de que César Acuña declarara que el modelo económico no debe cambiarse. No es de extrañar, siendo precisamente uno de quienes más se ha beneficiado de la privatización de un servicio básico como es la educación, siendo dueño de varias universidades aunque plagió su tesis doctoral. También sobre este sector 73 por ciento cree que la educación debe ser total o principalmente del estado, frente a 21 por ciento que cree que, como sucede hoy con la educación universitaria, debe ser mayoritariamente privada. Acuña ha hecho plata como cancha, y encima no paga impuesto a la renta ni IGV como cualquier otro pequeño empresario o comerciante.
Acuña es el primero en haber salido a defender el modelo económico, pero ya sabemos que eso mismo plantean Keiko Fujimori y Julio Guzmán. No es solo cosa de palabras, por cierto; sus bancadas en el Congreso han votado a favor de mantener exoneraciones tributarias especiales a mineras, banco y agroexportadoras, por ejemplo, y se oponen tajantemente a que se revise el capítulo económico de la Constitución que, según ellos, es la causa del “gran éxito económico” de los últimos 30 años. Les tengo una noticia: la misma encuesta dice que el 56 por ciento está de acuerdo con una nueva Constitución, duplicando al 27 por ciento que se manifiesta en contra. Quienes se oponen en su gran mayoría lo hacen porque no creen que los congresistas puedan hacer algo mejor, apenas 2 por ciento lo hacen porque no quieren que el estado intervenga más en la economía y apenas un tercio de un 1 por ciento, en realidad tan poco que es insignificante, dice que es porque la actual Constitución está bien.
Aclaremos que la opinión pública no está por una estatización total, lo que me parece está muy bien, así como el neoliberalismo ha fracasado, pienso que Cuba y Venezuela han ido demasiado lejos en cuanto a estatizar empresas y restringir empresas privadas, afectando sus economías. 71 por ciento cree que la inversión privada se necesita para crear empleos pero solo el 47%, menos de la mitad, considera que la empresa privada es el motor del crecimiento económico, lo que explica que quieran que en el sector financiero y minero haya fuerte presencia estatal. La gente quiere empresas privadas pero sin abusos; cuando preguntan si las grandes empresas pagan todos los impuestos que deben, cobran precios justos o se preocupan por el medio ambiente, los críticos son el doble de quienes apoyan a los empresarios al respecto. Las pequeñas empresas son preferidas a las grandes, siendo las trasnacionales las que más recelo generan. El 77 por ciento de peruanos está de acuerdo con controles de precios y 79 por ciento quiere que el estado participe como empresario para que bajen los precios. Está clarísimo que ni el actual modelo económico ni el capítulo económico de la Constitución gozan del respaldo ciudadano.
¿Y COMO SE HACE?
Así como el neoliberalismo ha fracasado en resolver los problemas sociales y traernos un progreso económico sostenido y de ancha base, igualmente hay que reconocer que la actividad económica de nuestro estado ha tenido problemas muy serios. Una buena parte de ellos ha sido agravada por las mismas políticas neoliberales. Por ejemplo, en pensiones, la ONP presta muy mal servicio porque el MEF la orienta a negar pensiones, EsSalud tiene falta de presupuesto porque las últimas dos décadas los agroexportadores han tenido exoneraciones por dos terceras partes de la tasa de contribución, al Banco de la Nación y el Agrobanco la poderosa banca privada les ha hecho la guerra y el MEF neoliberal ha puesto innumerables trabas a los proyectos del Gasoducto del Sur y la masificación de gas natural que Bolivia sí ha implementado. Eso debe acabar.
Pero también es cierto que en las empresas y entidades públicas han abundado nombramientos de favor político o de collera empresarial, donde entraba profesionales incapaces o cuyo mayor interés era ver como favorecerse, en amarre con los empresarios corruptos. El 59 por ciento piensa que la gran empresa paga coimas para obtener lo que quiere, pero si ellos pagan es porque alguien recibe. Necesitamos una estructura de empresas y entidades públicas que tenga alta calidad técnica en su gerencia, estabilidad en sus directorios y mucha transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Los directores deben ser nombrados de manera transparente con sus currículos presentados previamente a la opinión pública para que los medios los escudriñen, y deben tener nombramientos fijos que se traslapen entre sí y no terminen todos con los periodos de gobierno, para que no sean pasto de demagogos y repartijas. Los gerentes deben ser nombrados tras un concurso público en base a sus capacidades, para lo cual debemos establecer un cuerpo especializado en ayudar a su selección, y deben ser evaluados bianualmente en función de sus resultados de gestión. En algunos casos, hacer alianzas estratégicas con entidades internacionales para mejorar la gestión puede ser efectivo, sobre todo cuando se trata de sectores altamente especializados.
Cada 5 años deben revisarse las orientaciones estratégicas en cada sector y empresa, ajustando indicadores y metas, y las universidades deben aportar a esto. Hay que tener una buena propuesta de la interacción entre estado, las empresas privadas y el mercado, algo que no es obvio en los tiempos actuales donde nuevas tecnologías revolucionan nuestras formas de hacer las cosas y amplían radicalmente la frontera de posibilidades. En muchos sectores el estado puede tener un rol regulador, y en algunos casos una participación directa le puede servir para tener más inteligencia sobre las condiciones económicas, tecnológicas y sociales, necesaria para sus planes y normativas. Tiene que haber una acumulación progresiva de capacidades estatales, sin sobreestimar lo que tenemos pero sin descuidar una mirada de futuro. A la base tiene que haber un buen sistema de información, algo que hoy la tecnología facilita.
POLITICA Y CORRUPCIÓN
Siendo necesario un esfuerzo importante de redefinir la acción pública y su relación con el mercado, el nudo gordiano es el de la corrupción y su nexo con la política. El neoliberalismo en el Perú ha traído monopolios y un “capitalismo de amigotes”, en el que abundan corruptos operando bajo el lema “no me des, ponme donde hay”. La corrupción es un mal muy arraigado en nuestra nación, y se presenta como una hidra de cien cabezas, capaz de mutar de forma y de movimiento.
La principal respuesta tiene que ser, necesariamente, política. Se necesita un liderazgo presidencial que enfrente con firmeza a todos los grupos de poder y mafias acostumbradas a aprovecharse del estado, llevarse nuestros recursos y abusar de los consumidores. El gran objetivo debe ser fortalecer el sistema anticorrupción. Hemos pasado dos años con grandes enfrentamientos buscando limpiar un Poder Judicial y Ministerio Público que estaban dominados por corruptos conectados al fujimorismo y su congreso. Pero hay pocas sentencias condenatorias. Además, cortarle algunas cabezas a la hidra de la corrupción no impide que surjan nuevas cabezas amenazantes. Sin un combate permanente, múltiple e inteligente a ese gran mal que es la corrupción, no hay forma de consolidar un estado-nación que es esencial para nuestro bienestar y desarrollo.
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