YA NO MÁS “CHOLO BARATO”
Uno de los cambios necesarios en el Perú es la reinstauración de derechos laborales y de una política destinada a mejorar el empleo y los salarios, ambos ausentes desde que el fujimorismo destruyó los sindicatos y se trajo abajo los sueldos reales. Para los defensores de este sistema, que se ha mantenido por tres décadas, cualquier cambio de la política del “cholo barato” espantaría inversiones. Eso no es cierto y lo hemos visto muy recientemente: cuando a inicios del año pasado se modificó la ley de agroexportación aumentando en este sector el salario mínimo y reestableciendo algunos derechos, los empresarios del sector y sus allegados dijeron que se perderían 200 mil empleos y todas las inversiones se irían a países vecinos. La realidad es que el año pasado las agroexportaciones aumentaron en 1,335 millones de dólares y se crearon 100 mil empleos, todo lo contrario a la catástrofe anunciada.
Aún así, han habido intentos de dar marcha atrás: la presidenta del Congreso Maricarmen Alva presentó proyectos de ley para que los trabajadores dejen de recibir gratificaciones en julio y diciembre y para ampliar los contratos temporales que impiden que los trabajadores defiendan colectivamente sus derechos. De haberse aprobado estas leyes, tres empresas vinculadas a su esposo Eduardo Farah iban a ser beneficiadas: Agrícola Huarmey, Desarrollo Agrícola y Frusan Agro.
LA URGENCIA DEL EMPLEO
El gran reto en nuestro país es la generación de empleo digno. La gran informalidad que tenemos se debe en buena parte a la escasez de puestos de trabajo, ante la cual la gente para subsistir tiene que ingeniárselas con el autoempleo, que eufemísticamente las estadísticas llaman “microempresas”.
En agosto pasado, aún en la segunda ola del Covid y en recesión, promover la generación de empleos requería vacunar a la población, ir reduciendo con cuidado los controles y toques de queda e impulsar con fuerza la demanda. Era necesario darles sostén económico a las familias, golpeadas por la pandemia, el desempleo y la inflación, y con eso al mismo tiempo generar demanda que permitiera que la economía se reactive. Para eso el bono Yanapay de 350 soles a 13 y medio millones de peruanos, 200 mil empleos temporales a un costo de 700 millones de soles, apoyo a pequeños agricultores con 426 millones y una bonificación de 350 soles a los pensionistas. Esta política ha sido esencial para reactivar la economía, creciendo 13 por ciento y creándose 400 mil empleos formales al fin del 2021 que significan ya la recuperación de los niveles pre-pandemia. Los salarios reales en el sector privado el 2021 han aumentado 3 puntos por encima de la inflación. Estos logros se obtuvieron a pesar que hoteles, restaurantes y otros servicios estaban todavía afectados por la pandemia; el fin de la tercera ola y el paulatino regreso del turismo a nivel mundial nos ayudarán este año en esos sectores.
La falta de empleos es, sin embargo, un asunto estructural. Lograda la reactivación de corto plazo, hay que mantener esa dinámica y ampliar el crecimiento hacia nuevos motores productivos que generen puestos de trabajo. La agroexportación debe seguir, con irrigaciones como Majes Siguas pero sobre todo incorporando a millones de pequeños agricultores a nuevas tecnologías y productos de mayor valor, como ha venido sucediendo con la palta, el café, el cacao y otros productos. Nuevos sectores, como la forestería sostenible y la acuicultura, tienen un gran potencial y por eso otorgamos incentivos a su desarrollo y pusimos especial atención a resolver las trabas que los frenan. La industria de proveedores mineros también muestra oportunidades, por lo que instalamos una Mesa Ejecutiva de relacionamento con las empresas mineras para que los insumos que ellas necesitan se produzcan en el Perú; personalmente visité una planta de máquinas perforadoras tuneleras, ubicada en Huachipa, que hoy vende en todo el mundo. Hay mucho todavía por hacer en la diversificación productiva para la generación de empleos.
SALARIOS Y DERECHOS LABORALES EN ESTA COYUNTURA
Recordemos que la pandemia nos golpeó justo cuando el mercado laboral peruano estaba especialmente saturado por la sobreoferta que trajo la inmigración venezolana. Los migrantes salieron a las calles a disputar las ventas con los informales peruanos y, lamentablemente, también fueron explotados por empresarios inescrupulosos que los han hecho trabajar largas jornadas por salarios bajos. Si a eso añadimos la debilidad del Estado y sus políticas laborales, hemos tenido varios años en los cuales las condiciones han favorecido un mayor abuso sobre los trabajadores. Ahora que salimos de la pandemia y la recesión, es el momento para recuperar los derechos y salarios perdidos.
Hacia agosto pasado, todavía la economía no se había recuperado y muchas empresas estaban sobre terreno financiero frágil, había que esperar un poco antes de priorizar medidas que significaran aumentar sus costos. Pero los salarios habían caído en términos reales y debíamos seguir impulsando la demanda, y por eso se otorgó un bono de 210 soles, pensado como 70 soles durante tres meses que llevaran el ingreso mínimo de los trabajadores a mil soles. Hoy, la reactivación económica ha permitido que las empresas salgan adelante; sabemos que apenas 1,3 por ciento de los créditos Reactiva se encuentran morosos, gracias a que una economía que crece 13 por ciento es también una en la que las empresas tienen buenas ventas y se recuperan. Estamos ya en otro momento económico.
Ahora es un buen momento para elevar la Remuneración Mínima Vital. Hay espacio para aumentar el salario mínimo, lo que ayudaría a los hogares peruanos a enfrentar los aumentos que se vienen en los combustibles, el pan y el pollo afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como a mantener una demanda interna dinámica. Sectores como el del turismo, particularmente afectados por la pandemia, podrían recibir a cambio un apoyo en el pago de sus contribuciones a la seguridad social. Este reajuste ya no debe demorar más; se beneficiarían un millón de trabajadores, los de menores ingresos y con menor capacidad de reclamo colectivo.
Entre 2011 y 2012 cuando era ministro de economía Luis Miguel Castilla el sueldo mínimo subió 175 soles. En abril de 2016 cuando, en ese mismo gobierno de Ollanta Humala, era ministro de economía Alonso Segura, subió 100 soles más. En marzo 2018 bajo el premierato de Meche Araoz y la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski subió 80 soles.
Desde la última alza, los 930 soles del sueldo mínimo ya han perdido 11 por ciento de capacidad de compra. Solo por inflación, la RMV debiera aumentarse en 120 soles para acercarnos al nivel que nos dejó PPK, a lo que debe añadirse la mejora de la productividad: el PBI del cuarto trimestre del año pasado es 8,5 por ciento superior al de cuatro años antes. Si se tomara como referencia la inflación total y el aumento de la productividad media del trabajo, partiendo de los 930 soles de PPK, el sueldo mínimo debería ser de 1,090 soles.
DERECHOS LABORALES, EFICIENCIA Y TERCERIZACIÓN
En estas décadas varias empresas han impedido derechos laborales recurriendo al truco de subcontratar a otra empresa, “de servicios”, a nombre de la cual se contrata a trabajadores, de tal manera que éstos no pueden ser parte del sindicato, la negociación colectiva y la igualdad salarial de la empresa principal ni reciben parte de sus utilidades. “Malditas services” las llamó un candidato demagogo años atrás. Es verdad que en algunos casos la eficiencia del funcionamiento empresarial hace que sea conveniente subcontratar a una empresa especializada en determinado rubro, pero una empresa no puede ser apenas un cascarón de media docena de gerentes y tampoco la explotación de una mina, que es el núcleo del negocio, se debe poder hacer con subcontratistas. Un nuevo decreto pone coto a estos abusos, como sucede en la mayor parte de países latinoamericanos y europeos.
Esta es una medida que, junto a la fiscalización laboral, promovería relaciones laborales más justas. Todo buen empresario debiera saber que tener trabajadores motivados y comprometidos con el progreso de largo plazo de una empresa es clave para aumentar la productividad y avanzar tecnológicamente, como hacen las corporaciones y países más exitosos. El “cholo súper-explotado” no es la solución.
EN EL SECTOR PÚBLICO
Al interior del Estado peruano, la política de anteriores gobiernos ha violado sistemáticamente un derecho esencial de los trabajadores consagrado en múltiples convenios internacionales: el derecho a la negociación colectiva, es decir, a presentar sus demandas y sentarse a una mesa donde sean escuchados y puedan dialogar en búsqueda de mejores condiciones de trabajo. En nuestra gestión en el MEF nos sentamos con las principales centrales de trabajadores estatales y en base a ese diálogo, facilitado por la congresista y dirigente sindical Isabel Cortez, en la ley de presupuesto 2022 se incluyó un artículo que abrió las puertas a este derecho laboral. Posteriormente aprobamos un reglamento con los mecanismos para esta negociación, incluyendo criterios presupuestales que aseguran que este proceso se dé dentro de un marco de responsabilidad fiscal. Esperemos no se frustre la reinstauración de este derecho fundamental injustamente negado.
Ha habido otras violaciones serias de derechos laborales; a los maestros por ejemplo desde el fujimorato se les negó un pago – aprobado legalmente- por preparación de clases. Se ha acumulado por este concepto una deuda grande, que a fines del año pasado avanzamos pagando 1,000 millones de soles a decenas de miles de profesores activos y jubilados. Otro caso son las grandes desigualdades en el pago del Cafae, que buscamos paliar con un aumento base de 200 soles.
Siguen pendientes sin embargo reformas de fondo en el trabajo de servicio público. Hay un gran desorden en los niveles de sueldos y conceptos remunerativos en el sector público, junto a una multiplicidad de regímenes, que suman los llamados del DL 276, del DL 728, CAS que subsisten, contratos por servicios que enmascaran relaciones laborales, regímenes especiales, etc. Es un verdadero caos en el cual el autoritarismo y la corrupción encuentran terreno fértil. La última reforma de fondo intentada, la del régimen del servicio civil, apenas alcanza a menos del 1 por ciento de empleados públicos habiendo pasado ya casi una década desde que se aprobó. Reordenar el empleo público, con el objetivo de mejorar la eficiencia y calidad en el servicio a los ciudadanos, resguardando la justicia y la democracia en las relaciones laborales, es uno de los temas que el gobierno y el MEF deben mantener en su agenda.
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