Uno de los principales problemas del Perú es la baja inversión social en educación, salud, protección social e infraestructura descentralizada. La causa primordial de esta deficiencia crítica son los escasos ingresos fiscales provenientes de impuestos.  Pero el congreso derechista, bajo la batuta de Malcricarmen Alva y la fujimorista Patricia Juárez, a fines del año pasado nos negó la posibilidad de una reforma tributaria: defendieron con uñas y dientes los privilegios de las grandes empresas y multimillonarios, no permitieron ni las medidas para reducir la evasión en el impuesto a los yates de lujo.

El tema, sin embargo, se ha estado moviendo en nuestros países vecinos, que también tienen una baja presión tributaria. La reforma tributaria ya se ha implementado o está en agenda en Colombia, Ecuador y Chile. Gobiernos de derecha, como el de Iván Duque en Colombia y el de Guillermo Lasso en Ecuador, ya las aprobaron. Reformas más avanzadas han sido anunciadas por los gobiernos progresistas de Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia como una de sus prioridades. En este artículo analizo lo que han hecho al respecto las derechas y la próxima semana comento las propuestas de los nuevos gobiernos progresistas vecinos.

IVÁN DUQUE EN COLOMBIA

En el resumen hecho por el FMI, la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque “apunta a elevar la presión tributaria en 1¼ por ciento del PBI de las empresas, elevando el impuesto a las ganancias empresariales de 31 a 35 por ciento, complementado con medidas de combate a la evasión”. Resaltemos de entrada que, aún tratándose un gobierno derechista, el enfoque es redistributivo, cobrando impuestos a las grandes empresas Duque impulsó esta reforma aun cuando sus ingresos fiscales el año 2019 fueron de 29 por ciento del PBI, comparado con 20 por ciento en Perú.

La nueva reforma tributaria colombiana establece que a partir del año 2022, la tarifa general por impuesto sobre la renta (es decir, utilidades) para empresas nacionales o extranjeras será del 35 por ciento. Para los bancos e instituciones financieras se les puso una tasa especial del 38 por ciento hasta el año 2025, porque tienen altas ganancias y habían tenido un apoyo especial del estado en pandemia. Son medidas con la misma orientación que las que propusimos para el Perú, gravando más a que quienes concentran la riqueza e ingresos aporten. Hay sí una diferencia clave, lógica porque en Colombia la minería no es importante, y lo que si es muy significativo es el petróleo, del que extraen una buena base de la renta gracias a la participación directa de su empresa pública Ecopetrol como socia en los contratos de explotación. Por otro lado, el impuesto a las ganancias de capital, es decir a lo que ganan quienes pueden vender acciones de sus empresas a un precio mucho mayor al que invirtieron inicialmente, ya es en Colombia de 10 por ciento, que era el nivel al que propusimos elevarlo dado que en el Perú es de solo 5 por ciento, y que además está exonerado para transacciones en la Bolsa de Valores (exoneración que vence a fines de este año y que ojalá a este congreso no se le ocurra renovar, aunque estoy seguro que hacia diciembre los lobbies se moverán fuerte en ese sentido).

Esta reforma tributaria colombiana tiene su historia. Duque ha sido un gobierno caramente derechista, elegido bajo la sombra de Álvaro Uribe, gobernante muy afín a Fujimori. Una primera reforma reducía los impuestos a las ganancias empresariales, eliminaba el impuesto al patrimonio y afectaba a las clases medias y populares, lo que prendió el fuego de una tremenda ola de protesta. Duque tuvo que retroceder ante el embate popular, cambiar a su ministro de economía y dar un fuerte giro para finalmente elevar el impuesto a las ganancias empresariales. A pesar de ello, la reforma es tibia y se eliminó el impuesto al patrimonio, es decir a la riqueza, razón por la cual el próximo presidente Gustavo Petro (que empieza gobierno este 7 de agosto) ha propuesta una nueva reforma tributaria progresista.

GUILLERMO LASSO EN ECUADOR

Guillermo Lasso, banquero y derechista, ganó el año pasado las elecciones en Ecuador, aunque en la primera vuelta no alcanzó ni el 20 por ciento de los votos. En sus primeros meses de gobierno, de manera similar a como propusimos nosotros en Perú, planteó bajo un mecanismo especial al congreso varias medidas económicas, incluyendo una reforma tributaria. Aunque Lasso no tiene mayoría en el congreso, la oposición izquierdista (los herederos de Rafael Correa) se abstuvieron en la votación, permitiendo así que fuera adelante su propuesta, con cambios que se aplican para este año 2022. Permitir las iniciativas de un nuevo gobierno es lo que corresponde hacer a una oposición que no quiere ser obstruccionista como la de la ultraderecha peruana (aunque cuando se inició el gobierno de PPK, al que el fujimorismo saboteó, si le delegaron facultades tributarias para que las grandes mineras tuvieran devoluciones de impuestos a velocidad del rayo).

La reforma ecuatoriana establece para las 1,900 más grandes empresas, con patrimonio superior a 5 millones de dólares y que el 2020 (en plena pandemia) aumentaron sus ganancias, una contribución adicional durante dos años de 0,8% sobre su patrimonio, es decir, sobre el valor de sus inmuebles y equipos, descontando deudas. Para las personas de mayores ingresos, la reforma de Lasso aumenta el impuesto a la renta; quienes ganan más de 61 mil dólares al año pagarán 35 por ciento y quienes ganan más de 100 mil dólares al año (8,250 mensuales) pagarán 37 por ciento. Comparativamente, en Perú la tasa más alta en la actualidad es de 30 por ciento así se tratase de una persona que gane millones de soles; la posibilidad de elevar esta tasa fue una de nuestras propuestas negada en el Perú por la ultraderecha obstruccionista del congreso de Malcricarmen.  Al igual que Duque en Colombia, es notorio como desde la derecha se cobra a quienes concentran la riqueza. Las medidas de Lasso sin embargo también afectan a la clase media, al eliminar las deducciones de gastos personales y la posibilidad de reducir hasta 14 mil dólares del valor sobre el que se calcula el porcentaje a pagar por consumos en salud, educación y otros rubros que estén debidamente sustentados con facturas.

Adicionalmente, el gobierno de Lasso ha establecido un impuesto temporal a las grandes riquezas, similar al que en la campaña pasada propusimos con Verónica Mendoza y que se aplica en otros países de la región. La medida establece una contribución especial, por un año, para las personas que tengan una riqueza superior a un millón de dólares. Se estima unos 5 mil ecuatorianos muy ricos deberán pagar este impuesto, con una tasa de 1 por ciento sobre el primer millón de dólares y de 1,5 por ciento por encima de 1 millón 200 mil dólares. Boric en Chile está proponiendo algo muy similar.

Lasso también sacó un régimen simplificado para las pequeñas empresas, la misma idea que propusimos en el Perú para hacerles la vida más fácil a los emprendedores, otro tema que el fujimorismo y la derecha del congreso actual impidieron, sin que hayan planteado alternativa alguna hasta la fecha.

En resumen incluso gobiernos derechistas en países vecinos como Ecuador y Colombia han hecho reformas tributarias para que quienes tienen grandes ingresos y riquezas, aporten más al fisco y el gasto social. En Perú, la ultraderecha que domina el congreso defiende con uñas y dientes a las grandes empresas y millonarios. ¿Será por ideologías o por intereses como el de López-Aliaga y su monopolio abusivo de Peru Rail?.