Buscando soluciones más de fondo, esta vacancia golpista deja en claro las graves falencias de la actual Constitución. Desde la izquierda hemos criticado hace años la Constitución impuesta por Fujimori en 1993 porque blinda el modelo neoliberal en la economía, privatiza la educación y permite el remate de nuestros recursos naturales y nuestro ambiente. Los últimos años han revelado que esa Constitución ha favorecido la captura del estado por la Confiep y los grandes intereses económicos, mediante su infiltración corrupta en el sistema político, los partidos, candidatos presidenciales y congresistas. En la pandemia, se ha sumado la convicción de los problemas que trae un sistema de salud y seguridad social debilísimo, a cuya base está una Constitución negadora de derechos sociales y su régimen tributario. También las fórmulas de la descentralización necesitan ser revisada a la luz del Covid-19. La vacancia muestra además que el sistema de poderes, con un semi-presidencialismo que adolece fallas estructurales y un Tribunal Constitucional capturado en su mayoría por conservadores y mercantilistas, necesita reforma. Añade al problema este esquema de partidos sin alma ideológica ni programática que dan origen a congresos fragmentados y dominados por intereses particulares.

En suma, todo el esquema político de gobierno de la Constitución de Fujimori ha mostrado ser desastroso. Atender esto ya no se puede postergar más; bajo la figura de la vacancia por “incapacidad moral” el país es ingobernable: cualquier presidente puede ser vacado en cualquier momento por el congreso, que se impondrá sin contar con las reglas que requiere un régimen parlamentario ni el sistema de partidos que le debe dar sustento. Por eso el próximo gobierno debe convocar a una Asamblea Constituyente y viabilizar el proceso de aprobación por referéndum de una nueva Constitución.

(esto escribí la semana pasada, en medio del golpe, como parte de mi artículo que salió en Hildebrandt en sus Trece el pasado viernes 13 de noviembre)