Iniciamos un gobierno de transición hacia las elecciones 2021, que esperemos nos dé tranquilidad tras una semana de golpe. La zozobra fue desatada por una ultraderecha aliada a mafias desalmadas, congresistas angurrientos y seudoizquierdistas que perdieron la razón. No debemos olvidar que el golpe de Merino estaba bien amarrado con los grandes empresarios: la gerente de Confiep juró como ministra de la mujer, quien presidía el Comité de Pesca de la SIN fue ministro de producción, una gerente de grupo Romero fungió de ministra de comercio exterior. La plana completa de economistas neoliberales encabezados por Roberto Abusada, director de la corrupta Graña y Montero, y Diego Macera gerente de su IPE, hacían llamados a la “estabilidad” y deban consejos al golpista Merino mientras jóvenes y otros no tanto protestábamos en las calles. Felizmente economistas jóvenes rescataron la dignidad de la profesión con un pronunciamiento contra el golpe que juntó miles de firmas en horas. Hay cosas de estos siete días que no debemos olvidar.
La agenda esencial del gobierno de transición es conducirnos a unas elecciones democráticas. Al mismo tiempo, los venenos que esta crisis ha dejado en el cuerpo social deben ser conjurados: los desaparecidos deben regresar y los heridos ser curados, los responsables de la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado deben ser enjuiciados y la lucha contra la corrupción debe continuar.
Además de estas tareas básicas de restauración democrática, hay otros dos grandes ámbitos de la vida nacional que demandan atención urgente: la economía popular y la salud pública.
POLITICA ECONOMICA
Aclaremos algo de entrada: este no es el momento para una política económica izquierdista, así Rocío Silva Santisteban hubiese sido presidenta. El Perú necesita enfrentar la gran inequidad económica y social, el atraso tecnológico y productivo y el extractivismo depredador, y por eso desde la izquierda proponemos cambios profundos en la economía: impedir que los evasores se amparen en paraísos fiscales y cobrar impuestos a las grandes fortunas, ampliar sustantivamente el gasto en educación y salud, reformar la seguridad social con un sentido público, frenar los abusos de los monopolios, transformar el sistema bancario para que haya más acceso a un crédito sin intereses abusivos, promover la industria y el agro incentivando la diversificación productiva, invertir masivamente en obras públicas revisando las “alianzas público-privadas” con las que nos han esquilmado todos esos años. Esos grandes cambios sólo se pueden acometer, sin embargo, con un gran respaldo ciudadano refrendado en un triunfo abrumador en las urnas. Cada momento político tiene su posibilidad y su sentido; el del periodo actual es la transición democrática en lucha contra la corrupción, que ya es una enorme tarea, y a eso hay que abocarse.
Siendo así, ¿no se puede hacer nada en política económica estos seis meses? Claro que sí, es indispensable, porque la economía popular está por los suelos. El desempleo real ha aumentado en 3 millones de personas y se puede reducir esa desgracia social con tres medidas de emergencia que no implican un cambio de modelo económico, ni mucho menos. La primera es ampliar la entrega de los llamados “Bonos” de ayuda de emergencia; el Perú está entregando recién un segundo bono cuando países vecinos como Chile y Colombia ya entregaron 5 bonos. Es urgente que esta ayuda llegue ampliamente a las familias empobrecidas por la crisis. Una medida así, además, serviría para impulsar la demanda y ampliar el mercado a los millones de microempresarios y comerciantes que luchan por sobrevivir. Esta ayuda social puede complementarse con un programa de empleo temporal, como el que ya está en marcha pero con más fondos, para que cientos de miles trabajen mejorando pistas y parques en todo el país. Finalmente, el programa ReactivaPerú ha funcionado para las empresas pero se necesita aliviar también la carga financiera de las familias y dar crédito a los agricultores para quienes el FAE-Agro no ha funcionado, algo indispensable ahora que cientos de miles de compatriotas se han ido a sus pueblos de origen buscando cómo sobrevivir.
Esta es por cierto la mejor forma de ayudar a la gente, no las medidas demagógicas de Pepe Luna y los mafiosos de Podemos con su candidato Urresti. Estos dueños de la universidad-engaño Telesup fueron los grandes armadores del golpe de estado para beneficio personal. Pusieron a Ántero Flores-Araoz fue Premier porque su estudio de abogados los asesoraba, al toque nomás el viejolesbiano anunció que reabriría universidades no licenciadas y Telesup mandó una carta amenazante a la Sunedu para que reabrieran su estafa con fachada de universidad. Fue Pepe Luna quien aceptó apoyar la primera elección de nueva mesa directiva del congreso para luego renegar su promesa y fue Podemos quien hizo una lista paralela con su congresista María Teresa Cabrera de candidata a presidenta de la república, la misma señora que había dicho que todos los protestantes “querían seguir viviendo de una mamadera”. Recordemos también que Pepe Luna está acusado y recibió mandato de detención porque inscribió a su partido coimeando en la ONPE. ¿Van a venir estos sinvergüenzas mafiosos a insistir en destruir el sistema público de pensiones con la demagogia de la “devolución de aportes” imposible? Fuera de acá.
SALUD PÚBLICA Y PANDEMIA
La salud pública es otro tema impostergable. En este momento la pandemia está casi inactiva: los niveles de mortalidad ya han regresado a su nivel pre-pandemia, hay más de 10 mil camas hospitalarias disponibles y 500 UCIs libres y la positividad de las pruebas moleculares es menor al 5 por ciento. No hay ninguna señal aún de una segunda ola, y entre el verano y la inmunidad de manada adquirida al costo de 85 mil muertos, lo más probable es que no venga por varios meses. Pero, ojo, lo más probable no quiere decir que sea algo seguro y la inmunidad que adquirimos los humanos con el Covid se va perdiendo con el tiempo. Una segunda ola podría ser peor que la primera, y ya la primera fue devastadora en términos de vidas, educación y economía. No podemos correr ese riesgo.
Hay buenas noticias internacionales sobre las vacunas, ahora que una segunda empresa, Moderna, ha tenido buenos resultados en las pruebas clínicas. Ayuda además que esta vacuna necesita menos refrigeración y dura más a temperatura ambiente que la que hemos comprado, la de Pfizer, que necesita estar a menos 80 grados en equipos especiales. Dentro de poco terminarán las pruebas de otras vacunas, como la inglesa de Oxford/AstraZeneca y la china de Sinopharm. Pero, y este es una enorme dificultad, la producción de vacunas irá primero a cubrir a Estados Unidos, Europa y China; para que podamos vacunarnos todos los peruanos va a demorar hasta el 2022. Así que el estado peruano, desde ahora y con continuidad hasta el siguiente gobierno, debe trabajar por tres grandes objetivos: conseguir vacunas para proteger al personal de salud y grupos vulnerables, establecer un sistema eficaz de pruebas-seguimiento de contactos-aislamiento, y reforzar el sistema público de salud y la salud comunitaria. La lucha contra la pandemia debiera ser un tema en el cual el gobierno de transición concerte un gran acuerdo nacional, con los principales candidatos presidenciales, los gobiernos regionales y municipalidades y las organizaciones cívicas, sociales y empresariales, para que tengamos una política sostenida desde ahora hasta todo el 2021.
LO URGENTE Y LO DE FONDO
Pocos recordamos que el gobierno de transición de Valentín Paniagua abordó el tema de la reforma constitucional nombrando una comisión especial de estudio del tema. El problema fue que lo hizo muy tardíamente, cuando ya estaba de salida, y tuvo muy poco impacto. Esta crisis política ha mostrado el fracaso del esquema político de la constitución fujimorista, que se suma a lo sesgado de su régimen económico neoliberal y a su tono privatizador que niega derechos sociales. Verónika Mendoza ha propuesto que la ciudadanía decida en referéndum, junto a las elecciones presidenciales, si se convoca a una asamblea constituyente. Es una buena fórmula, de profundo talante democrático, que pone la responsabilidad de la decisión en la ciudadanía y no en el gobierno.
Mientras tanto, lo que podría ir haciendo el gobierno de transición es abrir el debate, sentando las bases para un posterior proceso constituyente. Replantear la Constitución no es cosa de juego, de apuros o sectarismos, es más bien asunto de reflexión profunda y discusión alturada, que no por ello debe hacerse entre cuatro paredes y cerrada a “expertos”, sino que debe convocar a esos jóvenes que masivamente han demostrado la fuerza de su convicción ciudadana. Organizar y promover debates abiertos sobre una nueva Constitución del Bicentenario sería una bonita iniciativa de parte del gobierno que ahora inicia sus funciones.
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