El gobierno insiste nuevamente una vez más en la flexibilización laboral, repitiendo el mantra neoliberal de facilitar los despidos. Los voceros de los grandes empresarios dicen que hay rigidez laboral y los trabajadores tienen demasiados derechos. Un reciente informe latinoamericano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Hacer que los mercados laborales funcionen” nos muestra lo que pasa en el Perú en comparación con otros países de la región.

Un elemento esencial del análisis es cuántos trabajadores tienen un contrato permanente (también llamado a plazo indefinido) y cuántos tienen contrato a plazo fijo. Porque si una empresa agroexportadora, minera o de comercio tiene un trabajador contratado a plazo fijo de tres meses, si un trabajador plantea un reclamo cualquiera, quizás porque sus condiciones de trabajo ponen en riesgo su vida o su salud, la empresa lo único que tiene que hacer es simplemente no renovarle el contrato y punto, el trabajador ya no tiene derecho a nada. El estudio del BID nos informa que en el Perú hay dos veces y media más trabajadores con contrato temporal que permanentes con contratos a tiempo indefinido, es decir, prevalecen los contratos temporales, mientras que en Colombia hay tres veces más contratados permanentes que a plazo fijo, en México son cuatro veces más, en Argentina ocho veces más. En promedio en Latinoamérica hay dos veces y media más contratos permanentes que a plazo fijo, mientras acá es al revés: la mayoría de trabajadores asalariados carecen prácticamente de derechos.

El uso abusivo de los contratos temporales se facilita por ley. El Perú permite una cantidad infinita de renovaciones de contratos temporales y un plazo máximo de hasta 5 años; los demás países analizados por el BID – Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Paraguay – no permiten tanta renovación de contratos y por un plazo tan largo. Los empresarios peruanos han aprovechado esta legislación establecida desde la reforma neoliberal de Fujimori. En 1990 en el Perú tenían un contrato permanente el 81 por ciento de los asalariados y los que tenían contrato temporal a plazo fijo era 19 por ciento; ahora más del 70 por ciento son temporales a quienes se niega de facto sus derechos En esas condiciones es absurdo plantear que hay rigidez en el mercado laboral, considerando además la enorme cantidad de gente que sobrevive en un trabajo independiente informal y que apenas haya alguna opción de empleo, incluso bajo condiciones de explotación y maltrato, muchos la tomarían buscando así salir de la pobreza. Recordemos que en Lima, la capital del país, una de cada cuatro personas vive en pobreza. Los grandes empresarios saben que pueden despedir impunemente y tener al día siguiente una larga cola apenas pongan un letrero de “se busca personal”.

El BID también ha establecido un “índice de rigidez de la protección del empleo”. El índice va de 0 a 6 y mientras mayor este índice el despido será más difícil para los empleadores. Resulta que del 0 al 6 el Perú está en 1.8, es decir debajo de un tercio; el promedio de la OCDE es 26 por ciento superior al Perú, en Colombia, Chile, Brasil, Argentina, México y Paraguay la protección de los trabajadores y las dificultades de despido es mayor que en nuestro país.

La cuestión de fondo es que el neoliberalismo, en forma muy conveniente a los intereses de los grandes empresarios, defiende la idea de que en el mercado laboral debe regir la ley de libre demanda. donde todo depende de que el comprador – en este caso el empresario – quiera comprar la fuerza de trabajo. Supuestamente los trabajadores tienen el derecho de no vender su fuerza de trabajo y a través de esa libertad en la oferta se haría equilibrio en el mercado. El problema con esa teoría es que si un trabajador no chambea su familia no come y en ese modelo está a merced de los empresarios.  No hay equilibrio de fuerzas. Este modelo trata a los trabajadores como si fuéramos cosas, cuando lo que corresponde es que prevalezcan relaciones laborales con justicia entre empleadores y trabajadores.

Este poder de los empresarios se viene analizando, aun desde la perspectiva del mercado, considerando que el mercado laboral no es de competencia sino uno donde los empresarios son lo que técnicamente los economistas llamamos un monopsonio, es decir, compradores con poder en el mercado. El mismo informe del Banco Interamericano del Desarrollo indica que “el poder de monopsonio en Latinoamérica es mayor que en las economías avanzadas. En promedio, los trabajadores de América Latina y el Caribe captan solo alrededor del 50% del valor que producen, frente al 81% en las economías avanzadas”. En nuestro país, podemos añadir, los trabajadores solo reciben el 28 por ciento del PBI, cifra que es ahora 3 por ciento menos que antes de la pandemia. Ese 3 por ciento son 36,000´000,000 de soles menos que ganan los trabajadores. Los empresarios aprovecharon la inmigración venezolana y la emergencia sanitaria para hacer de las suyas, aumentando su participación en el PBI en 6 puntos, a costa de los trabajadores y el estado.

La reforma laboral pendiente en el Perú es una que devuelva derechos a los trabajadores e impida el uso injustificado de los contratos a plazo fijo. Avanzar hacia la justicia social es un reclamo justo e histórico del pueblo peruano. No puede ser que a un trabajador que reclama y desea organizar a sus compañeros para tener una voz colectiva, se le impida ese derecho. Como ha dicho este lunes en Buenos Aires el Papa León XIV: «El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y se resiste a la mercantilización de la fuerza laboral”.

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