Keiko Fujimori anunció en su discurso de toma de mando que el salario mínimo subiría a 1,300 soles, pero tuvieron que pasar más de dos meses y solo lo aumentó en cien soles. Del aumento ofrecido de 170 soles, le mochó el 40%. Ese aumento no significa un crecimiento real de la remuneración mínima vital (RMV), ni siquiera alcanza la capacidad de compra del salario mínimo que dejó el derechista, financista y asesor de grandes empresas Pedro Pablo Kuczynski casi una década atrás.

Para encubrir la falsía de la señora K, el decreto que aumenta la RMV indica que hacia junio del próximo año saldría una nueva norma con el aumento a 1,300 soles pero no establece la fecha en que empezaría a regir ese nuevo salario mínimo. Esto hace perfectamente posible que se postergue el aumento al 2028 e incluso que se establezca un monto menor, a diferencia de lo que hiciera Ollanta Humala quien decretó un alza de la RMV en dos tramos estableciendo con antelación la fecha precisa en que entraría en vigor el segundo aumento. Ahora bien, aún si el aumento pendiente saliera para el 2027, al ritmo con que va subiendo el costo de la canasta básica, acelerado porque los combustibles se han disparado sin una respuesta gubernamental adecuada, esos 70 soles adicionales no serían una mejora real para los trabajadores. El anunciado crecimiento económico, favorecido por la buena suerte del cobre y el oro a precios extraordinarios, no se piensa distribuir hacia los trabajadores. No debiéramos sorprendernos por eso. Después de todo, fue la misma Keiko quien durante la campaña electoral en mayo dijo que “Un aumento de la remuneración mínima vital lo puede lanzar cualquiera. El aplauso fácil no va a ser una medida que vamos a utilizar”.  Como la consecuencia no es su fuerte, el 28 de julio quiso ganarse esos aplausos fáciles, pero los grandes empresarios y poderes económicos que la han financiado y la sostienen han decidido otra cosa.

Fernando Cuadros, economista especializado en temas laborales, ha calculado cuanto debiera ser la RMV si solamente se reajustará por inflación y aumento de la productividad, que es lo más básico. Lo primero es simplemente para que el trabajador no pierda por los aumentos de precios, que elevan los ingresos de las empresas y reducen la capacidad de compra de las familias. A esto debe añadirse el aumento de la productividad; si un trabajador produce más por cada día u hora de trabajo, al menos debiera recibir una proporción de esa mayor producción en su pago. Estos dos criterios ya han sido establecidos hace varios años por el Consejo Nacional del Trabajo, espacio de concertación de gobierno, trabajadores y empleadores, como la base para reajustar la RMV. Bajo este cálculo, el salario mínimo debió alcanzar los 1,328 soles hace dos años, el 2024. Pero ese año, cuando era ministro de economía José Arista, hoy senador fujimorista, no dieron ni un sol de aumento de la RMV a los trabajadores. Tampoco el siguiente. Para este año 2026 se estima que, bajo la misma lógica de reajuste, el salario mínimo debiera estar encima de 1,450 soles. La propuesta que hicimos en campaña de subirlo a 1,500 añadía una respuesta a la inflación creciente y como un primer y limitado empuje redistributivo. Sigue siendo una propuesta válida. 

La razón es que se necesita re-equilibrar la balanza entre los grandes grupos empresariales y las familias trabajadoras. De acuerdo a las cifras oficiales del INEI, el 2019 los salarios eran el 31,6 por ciento del PBI y las ganancias empresariales el 37,2 por ciento (el resto son ingresos de independientes, microempresas y algunos impuestos). Como se ve, ya los trabajadores recibíamos menos que las empresas. Sucedió que tras la pandemia y el golpe derechista que impuso a Dina Boluarte y la dictadura de la mafia congresal, los trabajadores perdimos más de 3 puntos del PBI en la distribución del ingreso, lo que significa menores ingresos por 41 mil millones de soles ¡cada año!. Los independientes y microempresas han perdido otros 21 mil millones anuales. En ese mismo periodo, las ganancias empresariales (“excedente de explotación bruto”) ha subido a 43,7 por ciento del PBI, lo que significa que se llevan 78 mil millones de soles más cada año, contando con la ventaja adicional de las exoneraciones tributarias. Esta enorme redistribución regresiva es una razón fundamental por la cual en el Perú hay 1 millón 800 mil empobrecidos a pesar de que el PBI per cápita, es decir lo que produce en promedio cada peruano, aumentó entre 2019 y 2025 en 4 por ciento.

Esta desigualdad y empobrecimiento son los que generan la desesperación de los jóvenes y configuran el caldo de cultivo para la delincuencia y el sicariato. Aún así, Keiko quiere darle más poder a los grandes empresarios de explotar a sus trabajadores.  En el pedido de facultades, quiere poder recortar feriados, quitar derechos y beneficios a los jóvenes y quienes ganan menos, facilitar los despidos y con el subterfugio de “bonos no remunerativos” recortar las gratificaciones y la CTS.  Todo esto a pesar que el costo laboral por hora en la manufactura peruana es la mitad que en Brasil, la sexta parte que en España y la décima parte que en Estados Unidos.

Nos quieren vender la idea de que la competitividad se gana a punta de “cholo barato”. No es así. Los países no avanzan económicamente en base a sobreexplotación laboral sino con industrialización y progreso tecnológico.  Necesitamos hacer un gran esfuerzo para innovar hacia productos de mayor complejidad. Una de los cambios requeridos para ir en esa dirección es promover nuevas relaciones laborales con mejor clima laboral, más justicia y plenos derechos para los trabajadores.