Hace pocas semanas la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, respondía de manera autocrática a la alcaldesa de Ocoña diciendo: “me baja el tono” porque “esta es mi casa”. Poco se ha difundido, sin embargo, que el tema en discusión eran dos decretos de urgencia otorgando presupuestos a la inversión descentralizada para el 2021 y 2022 que la ultraderecha congresal quiere derogar.

¿Qué defendía la alcaldesa Marilú Gonzales en esa ocasión? En el caso de Ocoña, se trata de la construcción de bocatomas y canalización en la zona de Pueblo Viejo, obra de apoyo a la agricultura que cuesta 6 millones 100 mil soles, de los cuales 2 millones 400 mil soles se transfirieron el 2021 y el resto debe transferirse este año. Como ese proyecto, los decretos de urgencia 086 y 100 financian 484 inversiones que suman 2,217 millones de soles entre 2021 y 2022, de los cuales más del 90 por ciento corresponden a gobiernos regionales y municipalidades. Son inversiones en transporte, salud, educación, agua y saneamiento, agricultura y prevención de riesgos de desastres. De darse la derogatoria de esos decretos de urgencia, dictamen que aún está en la agenda del congreso, se impediría que esas obras puedan continuar, ya que para el 2022 se necesitan 1,535 millones de soles. Peor aún, como ya se han suscrito los contratos para esas obras, de derogarse esos decretos de urgencia se generarían penalidades por incumplimiento de contratos. Lo que, junto a centenas de municipalidades y a todos los gobiernos regionales, estaba luchando la alcaldesa de Ocoña, era que le permitan culminar la obra iniciada.

EL TEMA DE FONDO

Uno de los grandes temas que nuestro país debe reforzar es la inversión pública en las regiones. El déficit de infraestructura económica de largo plazo supera los 360 mil millones de soles, en carreteras, caminos vecinales, puertos y aeropuertos, en acceso a electricidad e internet, así como en obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Una de esas desigualdades lacerantes es que en miles de pueblos del interior del Perú no hay servicios básicos, o donde los caminos en esta época que es temporada de lluvias en la sierra y selva se vuelven intransitables, si hay electricidad sólo es unas horas al día o la conexión de internet es lenta y muy irregular, si no es que hay que trepar a la cima de un cerro para lograr alguna comunicación.

Al déficit de 360 mil millones estimado en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, debe añadirse otros 100 mil millones que se necesitan para colegios, institutos y universidades, y además la construcción de 1791 centros y puestos de salud y 156 hospitales.

Si esta es un problema estructural que debemos atender, había también una razón macroeconómica para impulsar la inversión pública descentralizada el año pasado: en una economía recesada y con mucho desempleo, esta es la política fiscal que tiene el mayor impacto sobre la actividad económica, el PBI y el empleo. Sucede que, además de generar empleo directo en las obras, los insumos que se utilizan – cemento, fierro, ladrillos – son producidos por la industria nacional. Hacer un programa grande de obras públicas no es, por cierto, chavismo o comunismo: el primero en aplicar exitosamente un programa de este tipo fue Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos logrando sacar a su economía de la recesión de 1930, lo mismo está haciendo Joe Biden ahora y se está aprobando en China en estos momentos.

MANOS A LA OBRA

Desde luego, la inversión pública tiene un proceso, desde tener el proyecto hasta contratar y supervisar la obra. El carro de la inversión, sin embargo, necesita un combustible: presupuesto.  Cuando se le quita ese combustible, la inversión pública se frena, como pasó entre el 2013 y el 2019, cuando el gasto de capital del gobierno cayó de 5,5 por ciento del PBI a solo 4,0 por ciento.

Cuando comenzó el gobierno el año pasado, además, estábamos en una situación en la cual el estado peruano en todos sus niveles, central, regional y nacional, tenía S/170 mil millones en proyectos en ejecución y sólo S/.40 mil millones disponibles en el presupuesto. No faltan proyectos: falta presupuesto y buen gobierno. Sufrimos el mal de los recortes presupuestales y de las autoridades que prefieren parar la obra del anterior para iniciar la propia. Sabíamos además que, como ha sucedido en todos los casos anteriores, un cambio de autoridades trae consigo un bajón en la ejecución de las inversiones, y eso podría ser muy negativo para el crecimiento económico. Con esos elementos, la receta era directa: pisar el acelerador ampliando presupuesto a obras en ejecución o paralizadas por falta de fondos y a proyectos descentralizados de ciclo corto, para lograr un avance más rápido y efectivo.

Con el viceministro de hacienda Gustavo Guerra-García, que en estos meses cumplió un rol invaluable, coincidimos en esta política cuya ejecución él lideró con una capacidad y un empeño extraordinarios. Porque no se trató de repartir presupuesto de cualquier manera, se identificó aquellos proyectos que realmente tenían posibilidades de ejecución rápida y que resolvieran brechas, en base a un análisis específico mancomunado con los sectores, sin bajar vallas técnicas y priorizando áreas críticas como el VRAEM o las zonas de conflicto social. Es esta política la que se viabiliza con los decretos de urgencia 086 y 100. El resultado: la inversión pública el 2021 ha superado los 40 mil millones de soles, nivel al que no se había llegado nunca antes, excediendo nuestras expectativas. Este nivel de inversión ha sido fundamental para haber logrado el crecimiento de 13,3 por ciento y la generación de 400 mil empleos en los primeros meses de gobierno. Además, en la Ley de Presupuesto 2022, la inversión pública regional se optimizará con el aumento del Foncor de 1% a 1.5% del IGV, que permitirá aumentar inversiones en 2,200 millones adicionales, un acuerdo muy importante concertado entre el MEF y todas las bancadas del Congreso.

LA DISCUSIÓN DE LOS DECRETOS DE URGENCIA

Los decretos de urgencia 086 y 100 también dieron presupuesto para la compra de vacunas, otros gastos de la emergencia sanitaria cm pruebas y personal, bonificación a los pensionistas, el pago de mil millones de deuda a los maestros y los aportes al fondo de estabilización que ayuda a contener el precio de los combustibles, políticas todas ellas dirigidas a reactivar el consumo y la producción.

Dada la enorme necesidad de estas obras y medidas ¿Cómo es posible que haya quienes en el Congreso quieran derogar los decretos que las sustentan y paralizar las obras? Su primer argumento: que no era un asunto de urgencia, porque ya se sabía hacía meses que estábamos en pandemia. Realmente absurdo. ¿Alguien puede pensar, seriamente, que no era urgente destinar presupuesto a comprar vacunas, o que en agosto del año pasado, cuando recién salíamos de la segunda ola y la economía y el empleo estaban fuerte deprimidos, no era indispensable actuar con extrema rapidez para lograr la reactivación? El otro argumento esgrimido es que no puede haber decretos de urgencia en materia presupuestal, como si el presupuesto no fuera precisamente “materia económica y financiera”, que es lo que regula el artículo 118 inciso 19 de la Constitución Política. Por cierto, en las casi tres décadas de vigencia de la actual Constitución, se han promulgado cientos de decretos de urgencia referidos a ampliaciones presupuestales y transferencias y nunca se había puesto en discusión que ello no fuera posible.

¿Quiénes insisten aún en buscar la sinrazón para traerse abajo medidas indispensables? Patricia Juárez, fujimorista destacada, vocera de la teoría del fraude electoral, antes mano derecha de Luis Castañeda. Junto con ella ha liderado la ofensiva en este tema la congresista Adriana Tudela, quien insistió en la teoría del fraude electoral y ha pedido la vacancia presidencial desde el mismo 28 de julio. Ella es hija de quien fuera vicepresidente de Alberto Fujimori en su re-re-reelección del año 2000, Francisco Tudela. Se trata, pues, de lo más rancio de la ultraderecha golpista. Anotemos que el “me baja el tono” porque “esta es mi casa” lo dijo la señora Alva precisamente defendiendo a Patricia Juárez y sus dictámenes para derogar decretos de urgencia. No es por casualidad que entre quienes impulsan esta derogatoria no hay nadie que represente los intereses de las regiones. Por cierto, son los mismos sectores que, defendiendo a la gran minería y los ultra-ricos, recortaron la reforma tributaria que hubiera permitido contar con S/. 12,000 millones anuales para cerrar brechas, de los cuales S/.8,000 millones se hubieran asignado a los gobiernos subnacionales.

Queda claro que se trata de una movida más de esta ultraderecha golpista para serrucharle el piso al gobierno, sin importarles el enorme costo de su medida sobre el desarrollo descentralizado. Las consecuencias no son sólo de corto plazo. Porque la derogatoria de los decretos de urgencia pretende establecer que el ministerio de economía no puede asignar presupuestos de urgencia en ninguna circunstancia, atando de manos al gobierno en materia de inversión y gasto público. Felizmente, voces como las de la alcaldesa de Ocoña han alertado las graves consecuencias que tendría esta derogatoria.

LOS RETOS DE MEDIANO PLAZO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En el corto plazo, era y sigue siendo indispensable pisar el acelerador y ponerle más gasolina presupuestal a la inversión pública. En el mediano plazo, sin embargo, también necesitamos un mejor sistema de inversión pública, es decir, un carro que sea más eficiente y no se malogre tanto.

Siendo necesario elevar la inversión pública del 4,6 por ciento del PBI actual en al menos 1 a 1,5 puntos más de manera sostenible por varias décadas, el financiamiento debe provenir de una reforma tributaria que capture para el estado la alta renta de la minería, los grandes monopolios y la riqueza concentrada. Hemos insistido y seguiremos insistiendo con ello.

El Plan Nacional de Infraestructura requiere de una actualización y mejora. Particular atención requiere el tema de la necesaria transición hacia energías limpias e incluir políticas de desarrollo urbano sostenible. Sobre este tema, están en marcha proyectos de apoyo de cooperación con el BID y el Reino Unido.

El propio sistema de inversión pública, hoy llamado invierte.pe, ha mostrado sus falencias, permitiendo que se aprueben proyectos sin estudios suficientemente sustentados, lo que luego da lugar a dificultades y demoras en la aprobación de expedientes, los que luego terminan requiriendo montos muy superiores a lo previsto y alargando los plazos de ejecución. Para mejorar ese sistema, para reformar el sistema de licitaciones y contrataciones de obras aprovechando nuevos métodos como los PMO y combatiendo la corrupción, y para enfrentar el serio problema de obras paralizadas por diversos motivos – arbitrajes, abandonos, juicios, – el año pasado solicitamos al Congreso nos permita modificar las leyes respectivas. Lo denegaron.

Estas mejoras solo pueden ser efectivas en el marco de un buen gobierno, con una firme lucha contra la corrupción y una concertación nacional que no sea una repartija de puestos sino que tenga un rumbo claro de desarrollo y una gestión pública de gran capacidad para lograr esos objetivos. Corresponde insistir en la necesidad de dar soluciones a las necesidades de nuestro pueblo y no agravar nuestros problemas.