Nueva Constitución

La podredumbre de todo el sistema judicial, incluyendo al Consejo Nacional de la Magistratura, la Fiscalía – Ministerio Público y el propio Poder Judicial, es terrible. Junto a ello, tenemos un congreso que el fujimorismo maneja como si fuera su chacra, repartiendo favores, contratando fujitrolls, otorgándose viajecitos y privilegios a escondidas, defendiendo a la industria de comida chatarra. Habiendo logrado Keiko reafirmar su control de Congreso, ahora blindan a un Fiscal de la Nación que es un mentiroso reiterado con relaciones estrechas con un grupo mafioso del poder judicial dirigido por Cesar Hinostroza y los “cuellos blancos del Callao”. La situación es tan mala que parece quedarse chico el escándalo LavaJato y las decenas de millones de coimas pagadas por Odebrecht, Graña y Montero y demás socias peruanas. Si no fuera por el torpe intento de fuga de PPK, ya casi nos habríamos olvidado de quien hasta principios de este año aún era nuestro presidente.

Vizcarra ha hecho muy bien por eso en recurrir a la ciudadanía, y ojalá no deje de buscar el respaldo ciudadano para enfrentar la corrupción defendida por el congreso keikista. Pero hay que insistir en la necesidad de un movimiento de cambio más integral y profundo mediante una Nueva Constitución. Para eso, se requeriría elegir una Asamblea Constituyente, que podría ser el paso lógico tras la disolución del Congreso actual, para lo cual Vizcarra debe “pechar” a Keiko y plantear una cuestión de confianza en temas centrales de lucha contra la corrupción y reforma del propio Congreso.

Republicanismo vs Hortelanismo

El cambio constitucional tiene como asunto central el que Alberto Vergara resumió recientemente como el dilema entre republicanismo vs hortelanismo. Lo que Vergara ha llamado de manera simpática Hortelanismo es la orientación política-económica que llega a su más pura expresión con la llamada teoría del “perro del hortelano” de Alan García, quien en su segundo gobierno actuaba contra los campesinos e indígenas para facilitar la explotación minera y petrolera causando el baguazo. Es lo que muchos llamamos neoliberalismo, quien pone por delante las ganancias de las grandes empresas como el motor del crecimiento económico y propagandiza que por esa vía lograr el bienestar, dejando de lado la democracia como un asunto sin importancia.

Así, según el hortelanismo /neoliberalismo el capital atraído por las altas rentabilidades ofrecidas con bajos salarios y permisividad de contaminar, generará progreso económico para todos y jalará mejor salud, educación, ampliación de las clases medias y fortalecimiento de la democracia. Quizás una de sus expresiones más claras hoy de este punto de vista sea Pedro Olaechea, el congresista ex – pepecausa hoy fujimorista, pésimo ministro de Produce, que se ha pasado al fujimorismo diciendo que otros dan importancia a la agenda social que a él le parece irrelevante. Olaechea, empresario, heredero de Tacama, se ha puesto del lado de las grandes industrias contra las advertencias contra la comida chatarra y ahora destaca por ser quien traba la ley que busca limitar el uso del plástico para cuidar el medio ambiente.

Esa es, precisamente, la orientación establecida en la Constitución de 1993, nacida no por casualidad del autogolpe de Fujimori e impuesta en un referéndum fraudulento. La Constitución de 1993 no establece un derecho integral a la salud, introdujo la privatización de la educación y las universidades-negocio, eliminó derechos laborales fundamentales, desconoció la plurinacionalidad e interculturalidad que nos caracterizan y negó derechos ambientales y de la naturaleza. Es también una Constitución que otorga derechos especiales a las empresas trasnacionales, impidiendo promover el capital nacional y al mismo tiempo estableciendo los “contratos – ley” para garantizarles beneficios tributarios y negando la posibilidad de que el estado, por ejemplo ante un descubrimiento importante como el yacimiento de litio, actúe como Bolivia priorizando su industrialización y transformación en el territorio (lo hemos vivido igual con el gas de Camisea, cuyo uso en la petroquímica sigue frenado).

Para la derecha neoliberal, por cierto, esto no guarda relación con la corrupción existente. Creen que la vida social puede entenderse, como en algún momento se plantearon las relaciones con Chile, como de cuerdas separadas: una cosa es la economía y otra la política. Pero está clarísimo que no es así, y no solo porque las crisis políticas puedan afectar las inversiones y la macroeconomía. Según una encuesta de Ipsos apenas uno de cada cinco dueños y gerentes de empresas considera que un elemento fundamental para valorar una empresa es “ser honesto/pagar impuestos”. Los empresarios consideran mucho más importante que la empresa sea rentable y tenga solidez financiera; el que sea honesta y pague los tributos poco importa.

No es tan solo una opinión en respuesta a una encuesta. Recordemos el caso LavaJato con decenas de millones de dólares repartidas a presidentes y ministros por las empresas constructoras incluyendo tanto las brasileñas como sus socias peruanas de Graña y Monero, JJC – Camet y varias otras. Está a la vista también la bolsa de 2 millones de dólares armada por la Confiep con aporte de Odebrecht para apoyar a la “señora K” en las elecciones, y el “club de la construcción” para repartirse obras con coimas y asegurarse que los arbitrajes les permitieran robar varios millones más.

¿Es que acaso las mafias judiciales ahora reveladas por los audios son ajenas a destacados grupos empresariales? Hemos oído al congresista Becerril coordinando con el mafioso juez supremo Hinostroza, pero no debemos olvidar que Becerril ha intervenido mediante cartas escritas para defender al grupo Oviedo en los juicios que tienen, logrando que un fallo firmado por Hinostroza impida una acusación fiscal contra Oviedo (nada menos que por asesinato de trabajadores azucareros que se oponen a su control mafioso de Tumán y Pomalca). El grupo Oviedo tiene una “arruga” con el Estado que supera los 500 millones de soles sin pagar nada, siendo uno de sus gerentes Antonio Becerril, hermano del congresista y también candidato al gobierno regional de Lambayeque el 2014 y nuevamente ahora el 2018. ¿Era el “cholo” Oviedo ajeno a la blanca capa dirigente de la Confiep? Miren nomás quienes componían su consejo consultivo de la FPF para que vean como tenía muy buenas relaciones con la neo-oligarquía criolla.

NEOLIBERALISMO Y CORRUPCIÓN

Es necesario recordar lo que decían los neoliberales defensores de la constitución fujimorista de 1993 sobre la corrupción: que al reducir el estado al mínimo, todo lo privatizado ya no sería objeto de corrupción, por lo que esta se reduciría al mínimo. En otras palabras, para ellos mientras menos estado, menos corrupción.,

Está claro que no fue así. Por un lado, porque el estado necesariamente sigue operando, construyendo carreteras y aeropuertos, directamente o vía concesiones y APPs. En segundo lugar, porque el mismo hecho de “achicar el estado” generó una gran corrupción como se ve en las exoneraciones tributarias otorgadas a los amigos del régimen, como la que consiguió José Chlimper para la agroexportación cuando fue ministro de Fujimori. En tercer lugar, porque es indispensable tener regulaciones sociales y ambientales, frente a las cuales surgen los lobbies que hoy vemos defendiendo la comida chatarra y el plástico, o más cercanamente mafias como la de la municipalidad de La Victoria recientemente capturada. En cuarto lugar, porque el mensaje del predominio del “libre mercado” a nuestros neoliberales criollos se les acaba cuando se trata de grandes intereses financieros como el de las AFPs, oligopolio que funciona solo porque el estado nos obliga a contribuir expropiándonos de esa libertad del consumidor en la que se basa su utópico libre mercado. En quinto lugar, porque en una economía primario-exportadora como la peruana, la principal fuente de los grandes negocios son las riquezas naturales que constitucionalmente pertenecen a la nación con quien deben compartir la renta extractiva, generándose necesariamente un espacio de relación con el estado que lamentablemente ha estado atravesada por la corrupción.

En síntesis: la corrupción tiene su basa en un estado capturado por las ratas pero también por una economía funcional y partícipe de esa corrupción. Hay que atacarla por los dos frentes a la vez y no sólo por uno. Ese es el gran reto del cambio que necesitamos.

¿SE PODRÁ?

La gran duda sobre la capacidad de que una Nueva Constitución nacida de una Asamblea Constituyente signifique un salto hacia adelante en resolver este nudo gordiano de la corrupción es el viejo tema de quien le pone el cascabel al gato. Para decirlo de otra manera, ¿no serían los mismos políticos corruptos de siempre quiénes redactarían esa nueva constitución?

Las elecciones para ese foro debieran darse resolviendo algunos de los problemas que tienen el sistema electoral actual, destacando lo puesto sobre la mesa por el presidente Vizcarra: frenar el financiamiento privado de los partidos políticos, con grandes fortunas y monopolios poniendo un billetón en favor de quienes defienden sus intereses. Luego, esa nueva constitución requeriría una consulta social muy amplia, incluyendo el referéndum.

A estas alturas de mi vida y de la historia, no dejo de tener mis dudas sobre si existe algún camino que permita enfrentar en serio los problemas del Perú. Seguramente, incluso si se lograra esta nueva constitución, no estaremos exentos de corrupción. Pero no podemos dejar de intentarlo. Como decía mi querida madrecita “No hay peor lucha que la que no se hace”.