Paro indefinido en Hualgayoc y Bambamarca contra la contaminación minera, demandando la reparación de los “pasivos ambientales” y que no haya nuevas minas hasta que no se resuelva esto. Paro de 48 horas de los campesinos del Cusco, defendiendo el agua y reclamando apoyo del estado a la agricultura familiar. Enorme rechazo popular a unas AFPs que el 2018 cobraron 1,400 millones de soles de comisiones aunque perdieron cerca de 9,000 millones en los fondos de los afiliados.
Estas tres noticias importantes de la semana han remarcado la necesidad de un cambio del modelo neoliberal, asunto que requiere modificar la Constitución de 1993. El paro de Hualgayoc pone en cuestión un modelo extractivista que malogra el ambiente, impacta negativamente sobre poblaciones locales vulnerables, concentra la riqueza y no resuelve la falta de empleos. Por su parte, el paro campesino del Cusco pone la puntería en otra característica del neoliberalismo peruano: el abandono de la agricultura familiar, dejada sin crédito y sin apoyo técnico por falta de presupuesto y de una visión de desarrollo inclusivo. El problema de las AFPs, el tercero mencionado, resalta los problemas de un modelo donde el capital financiero tiene prioridad e incluso el manejo de políticas sociales como las pensiones resulta “financiarizado”, con reglas especiales que protegen un oligopolio cerrado. Se trata de un gran ejemplo de como el neoliberalismo no trata de promover el emprendurismo con libre competencia sino de privilegiar a las grandes corporaciones.
Estos hechos dan la razón a una izquierda peruana que está empoderada tras el encuentro de Huancayo y del respaldo en las encuestas a su candidata, y que reclama cambios a la Constitución que eterniza ese modelo. Por su parte, la derecha pro-Confiep ha salido a defender este modelo neoliberal, como siempre usando el espacio de las páginas de opinión de “El Comercio”. El discurso es el de siempre, insistiendo en que la economía debe dejarse en manos de las empresas privadas y con un mercado libre de intervencionismo estatal.
CHINA Y EL NEOLIBERALISMO
En algún caso usan argumentos francamente risibles como cuando Alfredo Torres afirma que China no hubiese acelerado su desarrollo en las últimas décadas sino fuera gracias al neoliberalismo, cuando es conocido que en ese país hay un amplio control estatal del crédito, siguen con planes nacionales quinquenales y de largo plazo, mantienen un control del movimiento de capitales con el exterior y las empresas públicas tienen un peso enorme. Éstas no están muy lejos: empresas públicas chinas controlan todo nuestro hierro en Marcona, las mayores minas de cobre en Las Bambas y Toromocho y 3,9 trillones de pies cúbicos de nuestro gas en el lote 58 en la selva. Pero no sólo eso; en estos momentos los Estados Unidos y otros países acusan a Huawei de estar íntimamente ligada con el estado chino y en base a eso están bloqueando su entrada a diversos mercados. Las diferencias son tan claras entre China y el modelo neoliberal que analistas internacionales como Martin Wolf discuten en estos días el conflicto EEUU-China remarcando que están en disputa dos sistemas y no tan solo dos países.
Tampoco es, sin embargo, que el “libre mercado” reine en Estados Unidos o Europa, como ha demostrado Mariana Mazzucatto, una economista italiana actualmente en UCL en Londres, con su libro sobre ”el estado empresarial”. En ese libro Mazzucatto muestra como prácticamente todos los componentes de un iPhone han sido desarrollados por programas estatales de Estados Unidos, entre otros el internet, el microprocesador, el micro disco duro y el Siri por DARPA (programa especial de avance tecnológico en defensa), el GPS por la armada, la batería de litio por el departamento de energía y la pantalla de cristal líquido por el departamento de defensa. Lo mismo sucede con los avances farmacéuticos donde el NIH – Instituto Nacional de Salud gasta más de 30 billones de dólares anuales y con ese dinero genera el 75% de las nuevas medicinas prioritarias, mientras la gran industria se concentra en ganar con patentes basadas en ligeros cambios a lo ya existente. No es el único país capitalista en esa línea de intervencionismo estatal; en Alemania el banco de desarrollo KfW financia entre 8 y 10 billones de euros anuales en energías renovables. En todo el mundo los mayores financiadores mundiales en nuevas tecnologías energéticas son bancos de desarrollo y no privados. Como sostiene Mazzucatto, el problema con al capitalismo actual es que la mayor parte de esa inversión pública en tecnología es apropiada vía patentes por grandes corporaciones privadas que priorizan ganancias inmediatas de corto plazo para sus accionistas.
Necesario recordar también donde quedó el ‘libre comercio’ mundial. Nunca lo hubo, por cierto, porque los Tratados de Libre Comercio – TLCs nunca fueron de ‘libre comercio’ al incluir más protección a los monopolios farmacéuticos y sus patentes mientras el ingreso de nuestros alimentos a sus mercados seguía limitado. Pero ahora está clarísimo que los tratados de libre comercio firmados han quedado en el tacho de basura de la Casa Blanca y de 10 Downing Street, puestos ahí por Donald Trump y Theresa May como respuesta al voto de los obreros de baja calificación de esos países.
Pero para Alfredo Torres el gran problema de la izquierda y Verónika Mendoza es “oponerse al rol del mercado en la asignación de recursos”. Usa el mismo discurso neoliberal de hace tres décadas que sostiene que el estado no debe intervenir en la economía para nada porque el ‘mercado libre’ supuestamente es eficiente. Un poquito desfasado, por decir lo menos; ya hace más de una década que hasta organismos como el BID o el Banco Mundial reconocen la necesidad de políticas industriales, que significan precisamente el apoyo del estado a determinadas actividades innovadoras. No conoce lo que pasa en Estados Unidos, Alemania y China, por recordar los tres casos mencionados donde claramente el estado juega un rol muy importante en la “asignación de recursos”. Hoy en el mundo todos los días se crean nuevos mercados antes inexistentes en buena parte gracias al apoyo de los estados, y en el que debemos enfrentar los problemas de la acumulación y manipulación de datos que hacen los gigantes de las nuevas tecnologías como Facebook y Google.
Al mismo tiempo, Torres insiste en la falsedad de que la izquierda se opone a todas las empresas. Desde la izquierda siempre hemos defendido el apoyo preferencial al agro, mypes y medianas empresas dentro de un plan que tenga como objetivo central generar empleo e ingresos a las familias peruanas. A lo que nos oponemos es a que los bancos impongan sobrecostos de 10 mil millones de soles en sus créditos y a que las AFPs se lleven casi 70 mil millones de soles al exterior en vez de que sean invertidos en el Perú, porque esos abusos ahogan las posibilidades de muchos emprendedores al cobrarles tasas de interés del 40 por ciento.
Para que nuevas y mejores empresas puedan desarrollarse es que queremos que el estado tenga una estrategia de diversificación, industrialización e innovación, algo fundamental para tener crecimiento sostenido como insistió hace poco Piero Ghezzi. Esto implica no dejar solo al mercado como “asignador de recursos” pero tampoco anularlo ni mucho menos, porque las concepciones modernas de desarrollo económico (a diferencia de las neoliberales) no consideran al estado y al mercado como dos esferas contrapuestas y enfrentadas sino como necesariamente colaborativas y coordinadas. En otras palabras, no es cierto que a menos estado hay más mercado; lo correcto es procurar un mejor estado para mejores mercados.
Lo que defiende nuestra derecha no es ningún liberalismo sino las ganancias de los grandes empresarios de la Confiep. El caso de las AFPs es bastante claro, siendo evidente que nos han encadenado a los trabajadores a un oligopolio que abusa cobrando comisiones elevadísimas. Esta derecha neoliberal tampoco se caracteriza por firmes posturas éticas; la semana pasada detallamos cómo destacados lideres de la Confiep forman parte del corrupto “club de la construcción”. El que la Confiep haya formado una bolsa secreta de dos millones de dólares pro-Keiko bajo el pretexto de “defensa de la libre empresa” es también reveladora.
Para tener una imagen completa del modelo neoliberal de la Confiep se debe ver los reclamos populares del norte y del sur y de trabajadores y profesionales, incluir los nuevos conocimientos mundiales sobre el desarrollo económico, y sumar las serias faltas éticas y legales de nuestros “capitanes de empresa”. Con estos tres ingredientes, la necesidad de un cambio de modelo y del capítulo económico de la Constitución queda fuera de toda duda.
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