Ahora que los fiscales están recabando testimonios y pruebas en Brasil, hay un caso del que no hay que olvidarse: el de la constructora JJC, socia de Odebrecht, fundada por Jorge Camet.
La constructora JJC es socia de Odebrecht en los consorcios conformados para la carretera Interoceánica Sur / tramos 2 y 3, en los que sabemos hubo cuantiosas coimas, obras contratadas con Alejandro Toledo y reafirmadas y continuadas con Alan García con grandes adendas que significaron cientos de millones en sobrecostos. Otra socia en ese proyecto es GYM – Graña y Montero, y una tercera era ICCGSA.
Estas empresas compartían las coimas con Odebrecht. Como ha delatado Marcelo Odebrecht : “Si hubo algún proyecto nuestro en el que hubo un pago de coima, y Graña u otra empresa eran socias, con certeza lo sabían. Nadie iba a aceptar nada relativo a un proyecto y asumir un costo por los socios. Eso no existe”. Esto es obvio, cada socio capitalista quiere su parte de las ganancias de acuerdo al capital aportado y nadie aceptará que un “costo” sea asumido por él y no por los demás. Así funcionan las sociedades de lucro. Tampoco existe que uno de los socios le regale plata al otro, pero estas empresas le dieron millones de soles a Odebrecht, y la única explicación plausible es que esto era su parte de las coimas. El gran jefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata confirmó que compartieron las coimas con sus socias peruanas: “El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de las empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados (…) ellos sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que le correspondería”.
No es el único caso que compromete a la constructora JJC. Con las revelaciones de la mafia del “club de la construcción”, ha salido a luz el caso de la carretera Huaura – Sayán, encargado a la sociedad conformada por Andrade Gutiérrez y la peruana JJC contratada 40 millones por encima del valor referencial. Pagaron 809 mil dólares en coimas.
LA HISTORIA DE CAMET
JJC tiene su historia. La constructora JJC se llamaba antes J. y J. Camet, empresa de Jorge Camet, ex –ministro de economía de Fujimori. Ya en este milenio Jorge Camet fue encarcelado por corrupción. Camet fue nada menos que presidente de la Confiep, el gremio que agrupa a todos los grandes empresarios del Perú incluyendo trasnacionales que operan acá. La misma organización que hoy preside Roque Benavides, el minero de Yanacocha y amigazo de Alan. La Confiep fue también quien convocó a la “crema de la crema”empresarial para reunir 2 millones de dólares para hacer campaña pro-Keiko, incluyendo a Odebrecht en este grupo, algo de lo que solo pudimos saber cuando Jorge Barata lo confesó.
J. y J. Camet era una empresa mediana hasta mediados de los años 90, pero cuando Jorge Camet llegó al ministerio de economía y finanzas sus contratos con el estado pasaron rápidamente de 40 millones a 866 millones de soles al año. Evidentemente, una empresa cuyo propietario era ministro de economía durante la dictadura de Fujimori tenia mucho poder para pdoer conseguir contratos y enriquecerse rápidamente. Su asesor principal en el ministerio de economía y finanzas durante el fujimorismo fue Roberto Abusada, el director de GYM que desde las páginas de “El Comercio” insiste en que se quiten derechos a los trabajadores “gestionando” los fallos del Tribunal Constitucional.
Tiempo después, cuando salieron a luz estos hechos y otros por los que Jorge Camet fue acusado de corrupción, le cambió el nombre de su empresa a JJC, buscando ocultar la referencia a su apellido.
A pesar de las pruebas acumuladas, los directivos de JJC no reconocen ninguna falta y están libres a pesar del evidente riesgo de que estén dedicados a borrar las pruebas. Mientras tanto siguen ganando millones del Estado gracias a la ley 30737 aprobada por la alianza PPK-Fujimorismo (incluyendo la hoy “bancada liberal”). Esta ley les permite que, aunque no colaboren con la fiscalía ni acepten pagar reparación civil alguna, sigan contratando y recibiendo pagos del estado y cobrando peajes gracias a los contratos de Alianzas Público-Privadas (APPs) que se mantienen inalteradas a pesar de su origen corrupto.
Esperamos que los fiscales en Brasil logren acumular pruebas para una acusación rápida. Pero el gobierno de Vizcarra debiera colaborar ajustándoles las riendas, cortándoles sus contratos corruptos y haciendo que la SUNAT cobre los impuestos que han dejado de pagar pretextando que las coimas eran costos empresariales legítimos.
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