Hay dos miradas distintas del presente y futuro próximo de la economía peruana y el empleo, y dos recetas para enfrentarla. La primera mirada, que ha dominado la acción del MEF y el BCR en los últimos meses, considera que la economía se ha recuperado rápidamente, evolucionando en forma de V. El BCR, por ejemplo, resalta que el consumo de electricidad ya está casi al mismo nivel de hace un año e igual el nivel de PBI. Como además su diagnóstico de salud pública era que sin duda alguna había inmunidad de rebaño y por lo tanto no había ningún riesgo de rebrote ni mucho menos de segunda ola, solo necesitaban reabrir casinos y gimnasios y dar a las tiendas y restaurantes aforos mayores, para completar la recuperación económica. En esta visión se asume que no hay ni habrá problema alguno con la demanda, que la gente está comprando y seguirá gastando bastante con lo que el mercado logrará solito un próspero equilibrio de crecimiento continuo. Su receta, por lo tanto, es este año ajustar el gasto fiscal para reducir el déficit.
Esta visión tiene tres errores. El primer error es creer que las cifras macroeconómicas del PBI son iguales a las del empleo y economía popular. El segundo es creer que la demanda no importa o que está puede sostener un crecimiento en nivel alto sin importar que se corte el gasto social y los bonos. El tercer error, hoy el más obvio, ha sido considerar que no había riesgo alguno con el coronavirus.
Un diagnóstico mejor es éste. Solo en Lima hay más de un millón de personas que estaban adecuadamente empleadas al 2019 y ya no lo están: 134 mil son subempleados porque no consiguen empleo de más de 30 horas a la semana aunque lo desean, 236 mil son personas que aunque trabajan a todo trapo no consiguen un ingreso mínimo, y 660 mil se han quedado totalmente sin chamba.
Este 1 millón 29 mil personas que han perdido sus empleos son casi un tercio (31%) de los 3.3 millones de trabajadores limeños que tenían empleos adecuados a fines del 2019. La ocupación adecuada de los trabajadores independientes (ambulantes, etc) cayó un 41%, siendo el grupo más golpeado, pero los empleos asalariados adecuados también cayeron 29% en las empresas grandes. Por rama de actividad económica, la ocupación adecuada cayó 30% en la manufactura, 25 % en la construcción, 29% en el comercio y 33% en los servicios. Por nivel de educación, la ocupación adecuada cayó 46% entre los trabajadores con primaria, 34% entre los trabajadores con secundaria, 29% entre los trabajadores con superior no universitaria y 25% entre los que tienen educación superior universitaria; es decir, los trabajadores menos calificados, que son los de menos ingresos, son los que más han sufrido con esta crisis.
A fines de 2020, los desocupados reales eran casi un millón de personas en Lima Metropolitana, es decir, un 19% de una PEA de 5.2 millones de personas. Y los subempleados eran otros 2 millones de personas.
No hay datos nacionales actualizados pero a ojo de buen cubero se han perdido unos 3 millones de empleos adecuados en todo el país. Es una cifra brutal. Estamos lejos de haber regresado al nivel de empleo, ingresos y pobreza del 2019, más allá de que la producción minera se haya recuperado. La cuestión es cuáles son los indicadores claves que debemos mirar, y para este pechito son el empleo y los ingresos de la gente.
Es verdad, sí, que estábamos peor, en términos de empleo, en abril-junio cuando había cuarentena y fue el peor momento de la crisis. Hay una recuperación, tan notoria como insuficiente, buena parte de la cual se ha debido a los escasos bonos y ayudas alimentarias, como al reparto de fondos de AFPs y CTS, que han soportado un poco la demanda, y con ello dando espacio a empresas y microcomerciantes a vender y tener ingresos. Pero sin eso, ¿todo seguiría igual?. La situación ahora se complica, además, porque ya estamos en una segunda ola del Covid-19, que está claramente al alza, y que va a detener restaurantes, aguantar más el turismo y afectar el consumo. Se perderán empleos y eso a su vez deprime la demanda.
AJUSTE FISCAL
Si, como dice el presupuesto 2020, no hay más bonos de ayuda a la gente ni ampliación fuerte de programas sociales y de empleo temporal, la demanda se vendría abajo, porque es gracias a ese dinerito que muchas familias han podido salir al mercado a comprarse carne luego de varios meses o a conseguirse un pantalón para reemplazar el raído que llevan. Pero para el candidato Urresti “los peruanos no están satisfechos con recibir el bono…porque no se trata de hacer un hueco para llenarlo con otro” (tuiter 11 de enero). Totalmente equivocado, es justamente al revés: el dinero del bono va a tapar el hueco que tiene en su economía el que lo recibe y va a tapar otro hueco, el de la demanda que les falta a quienes están en la calle buscando vender alguito. Pero discutir eso es ocioso, el verdadero plan económico de Urresti es defender Telesup, el negocio-estafa de su jefe mafioso Pepe Luna, quien postula a congresista con ese objetivo esencial.
Pero más grave aún es lo manifestado por el jefe de plan de gobierno de Forsythe, y candidato su vicepresidente, Jorge Chávez Álvarez. Chávez ha dicho refiriéndose a “la entrega de bonos en dinero, alimentos y préstamos de disponibilidad inmediata” que “no puede ser que (..) se persista en ese tipo de medidas sin mayor impacto” (Otra Mirada, 22.09.2020). Dice que “el Presupuesto Público 2021 lanza a la estratósfera el gasto”, cuando la realidad es totalmente opuesta: según las estimaciones del BCR el gasto público se reduciría este año en 3 por ciento del PBI, es decir unos 20,000 millones de soles. Chávez concluye que “Si no se pone coto a este presupuesto inflado, las consecuencias a mediano plazo serán nefastas”. Deja así clarísimo qué haría Forsythe de llegar al gobierno: una política de ajuste fiscal negando bonos y cortando programas sociales, similar a la que aplicó PPK al llegar al gobierno y se trajo abajo el escaso crecimiento que teníamos.
Para Chávez-Forsythe, “gastar más significa …ausencia de enfoque integral sostenible”, como si no estuviéramos en emergencia por la pandemia y el empobrecimiento masivo y como si no necesitáramos mejorar la salud pública, la educación y el transporte. Los “ajustadores fiscales” que quieren reducir el gasto público son más papistas que el papa; hasta la directora del FMI, Kristalina Goergieva, ha dicho que “algunos países todavía pueden hacer más: pienso, sobre todo, en México, Chile, Perú o Colombia, donde aún hay margen de acción fiscal. Y, en general, los países tienen que plantearse si sus sistemas fiscales son lo suficientemente progresivos.”
Al igual que en casi todos los países de Europa y muchos otros, en Estados Unidos Joe Biden prepara un plan de estímulo fiscal. Es enorme, sumando de 1,9 trillones de dólares; su ministra de economía Janet Yellen, centrista de enorme reputación, ya había señalado con anterioridad que en pandemia urge “apoyo fiscal extraordinario”. Medidas fiscales de apoyo a la gente cruzan el espectro político; el congreso norteamericano aprobó en diciembre darle a la gente 600 dólares mensuales, pero Trump quería dar a la gente 2,000 dólares mensuales, medida apoyada por el demócrata socialista Bernie Sanders. En esa misma línea, en el Perú, es necesario aprobar un tercer bono familiar desde ahora, antes que la crisis se agudice, para que la gente pueda cuidarse mejor, aislarse si se contagia y no exponerse por necesidad económica.
¿EL FISCO NO TIENE PLATA?
Frente a la necesidad de entregar más bonos de ayuda a la gente necesitada y de fortalecer los diversos programas sociales para la infancia, las madres, los comedores y dar empleo temporal, se repite como sonsonete que no hay fondos públicos para hacerlo. Es fácil de comprobar que eso es falso, basta entrar a la hoja web del BCR, buscar en las estadísticas económicas los cuadros de la nota semanal, y en el cuadro 8 se verifica que el estado peruano tiene depositado en los bancos nacionales la suma de 71,966 millones de soles. La entrega de un bono familiar no cuesta no la décima parte de esa suma. Hay ahorros fiscales y con ellos se puede fácilmente aplicar una política de gasto social que, además de ayudar a la gente necesitada, levante la demanda y apoye la reactivación, manteniendo el principio de que el tesoro público no recibe financiamiento del banco central. A eso se refiere Georgieva del FMI cuando dice que podemos hacer más porque tenemos margen de acción fiscal; pero el actual gobierno y algunos aspirantes al siguiente no quieren usarlas para derrotar al COVID-19.
El destino de nuestro país en el próximo decenio se está jugando, en buena parte, en este 2021, año del bicentenario y de cambio de gobierno. Quien entre a gobernar el 28 de julio recibirá una situación que, con alta probabilidad, seguirá siendo crítica en la salud y en la economía. Reaccionar acertadamente, con fuerza y rapidez, en esos dos ámbitos es extremadamente importante; será la diferencia para muchos entre la vida y la muerte, la pobreza y el progreso económico. Si vamos por el camino de la austeridad fiscal, de seguir retaceándole presupuesto a la salud, los programas y ayudas sociales y la educación, el futuro es sombrío. Necesitamos un fuerte empuje reactivador apuntalando economías populares, atención de salud y alimentación, con bonos y programas sociales. El tiempo es ahora y eso debiera estar en el centro del debate electoral.
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