Estos últimos años parecía que mientras con la inseguridad ciudadana, la corrupción y el declive democrático íbamos de mal en peor, la economía se sostenía.  Desde el 2024 hemos tenido un crecimiento lento, con pobreza y desigualdad elevadas, pero sin inflación ni recesión. Ahora la situación puede empeorar con rapidez. El brutal ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán han provocado el cierre el estrecho de Ormuz por donde circula una quinta parte del petróleo mundial. Trump ha tenido que reconocer que no puede reabrir el estrecho, y aunque en estos momentos la “niebla de la guerra” nos genera mucha incertidumbre sobre cómo evolucionará este conflicto, parece probable que este choque petrolero dure varios meses.  El abastecimiento de gas también se ha visto afectado por la guerra, en especial a Europa. Aunque Trump y otros países están liberando sus reservas estratégicas y Arabia Saudita está ampliando su oferta por otra vía, eso no es suficiente. El precio del petróleo ha subido de 60 a 100 dólares el barril y podría subir más, dependiendo de cuanto se restaure la circulación de buques petroleros del estrecho de Ormuz.  De forma asociada la urea, que es un insumo importante en la agricultura producido usando mucha energía, ha subido de 400 a 600 dólares.

El efecto económico a nivel mundial es fuerte. La inflación aumenta en todas partes, afectando el consumo y reduciendo la probabilidad de que los grandes bancos centrales – el Fed gringo, el BCE Europeo y otros – giren hacia políticas monetarias más restrictivas. El crecimiento económico sufre un golpe, en especial en Europa, Japón y Corea del Sur que tienen alta dependencia del petróleo. Los países que más han girado hacia fuentes alternativas de energía sostenible, como España y China, que además tiene una gran reserva y mayor abastecimiento de Rusia, pueden defenderse mejor. En el Perú acabamos de salir de una crisis por el cierre del gasoducto, responsabilidad de una empresa que ha hecho 2 mil millones de dólares de ganancias los últimos diez años sin haberse preparado para esta contingencia y que ha recurrido a apoyo del estado para la reparación. Pero luego de este despelote del gasoducto cerrado durante unas semanas, nos enfrentamos a esta crisis mundial del petróleo que amenaza con ser un problema mucho más largo y profundo.

Nuestro país ya pasó por una situación similar con el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania el 2022, con alzas de precios internacionales de petróleo, gas y úrea incluso mayores que las de estas últimas semanas. Afectada nuestra economía por este golpe externo y sin una respuesta de política económica nacional que la contrapesara, el resultado fue un alza de la inflación el 2022 y una recesión desde fines de ese año hasta el 2023, lo que generó un aumento de la pobreza. Otros países latinoamericanos tuvieron políticas más acertadas y evitaron la recesión.

La principal medida de política económica que se puede tomar de manera rápida es usar el fondo de estabilización de precios de los combustibles (FEPC) para subsidiar temporalmente la gasolina, el diésel y el gas de cocina y así evitar que suban excesivamente de precio. Esa es la función del FEPC y se ha usado muchas veces así, lo crítico es hacerlo pronto y de manera decidida. Otra medida complementaria puede ser reducir el impuesto a los combustibles de manera temporal. Al mismo tiempo es necesario tomar medidas para controlar a los comercializadores de gas y de gasolina, que mantienen oligopolios que abusan de los consumidores y provechan en particular estas situaciones. Aunque el FEPC debiera autofinanciarse guardando fondos cuando los precios internacionales del petróleo bajan, en estos momentos requiere presupuesto fiscal. Se trata de cantidades grandes, pero en estos momentos hay una salida a la mano: dado que las mineras de cobre y oro, así como las empresas petroleras y la explotadora de gas de Camisea ahora tienen ganancias extraordinarias, de ahí se puede financiar el FEPC con una contribución especial. Porque una de las características de esta crisis internacional es que los precios del cobre y el oro se mantienen en niveles muy elevados. Si hacemos un balance de los precios de lo que del Perú se exporta en relación a lo que se importa, relación que llamamos “términos de intercambio”, aun con el alza del petróleo estamos en condiciones extremadamente favorables en comparación a años y décadas anteriores. El problema es que los altos precios del cobre y oro generan beneficios concentrados en unas pocas corporaciones, mayormente trasnacionales, que extraen nuestros recursos, mientras que el petróleo más caro lo paga todo el pueblo y las clases medias. La solución está a la mano: re-equilibrar esa situación haciendo que los recursos del subsuelo que pertenecen a toda la nación efectivamente nos ayuden a todos. También hay que actuar frente a la úrea, algo que requiere mayor estrategia y un buen diseño de políticas, ya que no hay mecanismos establecidos ni experiencia como la acumulada con el FEPC.

Hay que pensar además en soluciones de mediano y largo plazo: necesitamos soberanía y seguridad en el abastecimiento. Carecemos de una política energética estratégica, la mitad de nuestro gas se exporta y nuestro enorme potencial de energías sostenibles – solar, eólica, geotérmica – no se ha desarrollado. Hay alternativas. Lo que no hemos tenido son gobiernos sensatos, técnicos y nacionalistas que sirvan al pueblo.

Se acercan elecciones en un contexto antidemocrático bajo el dominio de este congreso mafioso.  Tendremos un nuevo gobierno en condiciones institucionales bastante difíciles, con un senado omnímodo, una presidencia débil y un sistema de justicia en crisis. En esas condiciones el gobierno deberá enfrentar, además de las crisis de inseguridad y corrupción, una situación económica bastante complicada. Agárrate Catalina.