¿Se recuerdan que el año pasado durante varios meses toda la prensa de derecha y los economistas neoliberales insistían en que Petroperú debía ser privatizada, que ya estaba quebrada y solo quedaba descuartizarla para venderla por pedazos? ¿No llama la atención el enorme silencio que hay alrededor de ese tema desde que Keiko se hizo del poder, cuando además hay una fuerte alza del petróleo y el diésel y en la selva y entre los transportistas ha habido fuertes protestas por ese problema desatendido?

Hoy que vivimos en un mundo dominado por conflictos geopolíticos, fuerte alza del precio del petróleo y el diésel y cortes en las cadenas de suministro de combustibles, es fundamental mantener seguridad energética. En el largo plazo la clave es la transición hacia energías como solar, eólica y de hidroeléctricas, limpias y establecidas en territorio nacional donde tenemos muchos recursos para lograrlo. En el corto y hasta mediano plazo, es clave mantener una empresa nacional de hidrocarburos. Para el Perú es particularmente importante porque Trump quiere apropiarse de los recursos estratégicos de Latinoamérica y en especial del petróleo, como se ha visto en Venezuela, con tratos corruptos en favor de sus billonarios allegados.  Encima, con el actual gobierno echadazo a Trump, los riesgos son mayores.

Hay otros elementos importantes en el tema petrolero. Uno es la refinación: entre enero y setiembre de este año la brecha o “crack spread” entre los precios internacionales del petróleo crudo y del diesel aumentó de US$28 a US$94 por barril debido la guerra contra Irán y a que varias refinerías en Rusia han sido atacadas por Ucrania. Además, en nuestro país tenemos un mercado concentrado en pocas empresas, por lo que una empresa estatal orientada al bien público debe también promover la competencia. Y debemos asegurar el abastecimiento de diésel y gasolina hasta zonas alejadas; más del 90% de los combustibles en la selva son provistos por Petroperú.

Tras un periodo muy crítico, durante el primer semestre de 2026 (antes de Keiko) Petroperú tuvo una recuperación económica pasando de una pérdida de US$278 millones a una ganancia de US$121 millones. Aunque estas cifras son alentadoras, la empresa sigue con una espada de Damocles sobre su cabeza, el Decreto 10-2025, orientado a la desmembración y privatización de Petroperú. Esta medida debilitaría su integración operativa, haciendo que pierda valor y reduciendo su capacidad para asegurar el abastecimiento de combustibles y responder a crisis internacionales, además de poner en riesgo el patrimonio público. A contrapelo, se necesita una estrategia que combine solvencia financiera, eficiencia empresarial, transparencia y una definición clara del papel que debe cumplir Petroperú en el desarrollo nacional. En estas líneas resumo muy brevemente las propuestas que presenté en respuesta a un pedido del Tribunal Constitucional, en cuya elaboración me ayudó mi colega y amigo Armando Mendoza, y que pueden leer completas en mi hoja web pedrofrancke.com.

El primer problema que debe resolverse es la ambigüedad política sobre el futuro de Petroperú. Durante años, los sucesivos gobiernos han alternado entre medidas de apoyo de emergencia, restricciones financieras y propuestas de reorganización. Esta incertidumbre ha dificultado la planificación, retrasado decisiones importantes y debilitado la gestión. Petroperú debe contar con un plan estratégico de largo plazo, que considere asuntos fundamentales como la integración vertical de Petroperú y la explotación de hidrocarburos. También es necesario discutir el papel de la participación privada; la asociación con operadores especializados puede aportar tecnología, experiencia y capacidad de gestión. Pero una asociación debe ser transparente y fortalecer a Petroperú, no vaciarla de capacidades, con obligaciones claras, distribución adecuada de los riesgos.

Una empresa de esta magnitud e importancia necesita autonomía técnica, administrativa y financiera, la que debe estar acompañada de objetivos definidos, supervisión independiente y responsabilidad por los resultados. Esto implica reformar la gobernanza corporativa. Petroperú necesita un directorio profesional, independiente y seleccionado mediante procedimientos meritocráticos, abiertos y transparentes. Sus integrantes deberían contar con mandatos definidos y su permanencia no estar en juego por decisiones políticas arbitrarias, usualmente relacionadas a interés particulares y lobbys corruptos. Al mismo tiempo, debe fortalecerse la rendición de cuentas; la estabilidad de los directivos tiene que ir acompañada de metas verificables, evaluaciones periódicas y mecanismos efectivos para establecer responsabilidades. También es indispensable desarrollar las capacidades de los equipos gerenciales y técnicos. La experiencia del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara mostró las dificultades que puede generar la insuficiencia de capacidades de gestión frente a proyectos de enorme complejidad y costo. Selección y carrera meritocrática, inversión en capacitación y fortalecimiento de los equipos debe ser parte de la recuperación empresarial.

Petroperú enfrenta problemas serios que no deben minimizarse. Pero hoy en día pensar que la fragmentación o la liquidación son la alternativa, es obtuso. El riesgo es grande dada la agresividad imperialista y corrupta de Trump, que ve el petróleo latinoamericano como un recurso crítico del que quiere apropiarse en favor de sus billonarios amigos. Cualquier día el alineamiento de Keiko a la ultraderecha trumpista nos puede pasar factura en este tema. Para no olvidar que Petroperú debe cumplir una función crucial en la seguridad energética nacional y en un mercado oligopólico de combustibles que afecta críticamente al conjunto de la economía. El alza de precios reciente del diésel y la gasolina, frente a los cuales no ha habido una respuesta adecuada, lo han mostrado con claridad.

La recuperación de Petroperú requiere definición de su papel estratégico, planificación de largo plazo, garantizar autonomía con responsabilidad, profesionalización de la dirección y sostenibilidad financiera. Quitarle la espada de Damocles que significa el inconstitucional DU 10-2025 no debiera seguir esperando. La verdadera prueba será que Petroperú pueda operar con transparencia, cumplir sus responsabilidades y metas e invertir responsablemente, para así contribuir a la seguridad energética del Perú.