La coyuntura ha sido rica en revelar conexiones ocultas e ilegales entre los grandes poderes económicos, Keiko y PPK. Ha salido a luz mientras hoy Keiko y PPK tienen una gran confrontación política, por la cuerda de los grandes intereses económicos han estado y siguen marchando estrechamente unidos: manejan sus relaciones por cuerdas separadas.
Empecemos por los hechos. La Confiep juntó 2 millones de dólares para hacer una campaña a favor de la candidatura de Keiko y en contra de la de Humala el 2011. Esa campaña y ese aporte fueron enfáticamente negados por Roque Benavides y la Confiep en el pasado, pero han tenido que reconocerlos luego de que Jorge Barata revelara que Odebrecht dio 200 mil dólares y mostrara el recibo respectivo. Roque Benavides tuvo que reconocerlo y los dos ex – presidentes de la Confiep comprometidos en el asunto, Ricardo Briceño de los mineros y Humberto Speziani del grupo Brescia Cafferata (una de las mayores fortunas del Perú con intereses en pesca, minería, banca, seguros y turismo) se dedicaban a hacer las de Poncio Pilatos, sin ningún éxito: todos están embarradazos. Hasta donde sabemos Briceño convocó a la reunión donde se pidió juntar los 2 millones para esa campaña pro-Keiko aunque ya en ese mes quien había sido elegido como presidente de Confiep era Speziani.
Ya entonces Jaime Yoshiyama era un empresario con muchos vínculos con la Confiep, siendo en ese momento candidato a vicepresidente y secretario general del partido de Keiko del 2010 al 2014. Yoshiyama había sido ministro, primer ministro y candidato a la alcaldía de Lima de Alberto Fujimori durante su dictadura de los años 90, incluso cuando ya había dado el autogolpe y lanzado a la re-re-reelección. En esas elecciones del 2011 también tuvo un lugar destacado José Chlimper, el hoy secretario general de la Fuerza Popular y director del BCR, también ex – ministro de Alberto Fujimori quien entonces era vocero del plan económico de Keiko. Chlimper había sido presidente de Comex, uno de los gremios de Confiep y era en ese momento director de una de las principales empresas constructoras asociadas a Odebrecht, Graña y Montero (mantuvo ese cargo del 2006 al 2015). Por su parte, Ricardo Briceño era director de JJC, una de las empresas constructoras asociadas a Odebrecht, fundada por Jorge Camet quien fuera ministro de economía de Alberto Fujimori durante 5 años logrando en ese periodo multiplicar por cien los contratos de su empresa con el estado mientras defendía el ”libre mercado”. Su asesor era Roberto Abusada. Cuando Jorge Camet fue condenado por corrupción, la empresa se cambió de nombre de “J y J Camet ingenieros” a solo “JJC”, obviamente para disimular. Como se ve, los lazos entre la Confiep, Keiko Fujimori y Odebrecht eran varios.
Briceño dice hoy que no hay ningún problema en que Odebrecht y otra media docena de grandes empresas hayan aportado a la campaña pro-Keiko porque ella era la candidata que más se aceracaba a sus ideas. ¿Y por qué entonces lo tuvieron en secreto y lo negaron hasta el final? Hay que recordar que la campaña con los 2 millones de dólares de la Confiep se da en la segunda vuelta del 2011, cuando ya Ollanta Humala había jurado defender la democracia junto a Vargas Llosa afirmando que “Nuestro gobierno garantizará las inversiones y la explotación de recursos naturales”. No era pues el rechazo a un Humala anti-sistema el que movía a la Confiep sino su gran simpatía por Fujimori y sus intereses.
Como se sabe, del 2011 al 2016 el fujimorismo tuvo una importante bancada en el congreso, incluyendo a Kenji. En todos esos años, no presentó iniciativa alguna para enfrentar la corrupción en las obras públicas o para eliminar las exoneraciones tributarias a las empresas mineras, bancos y agroexportadoras como la de Chlimper. Los grandes monopolios del poder económico que dominan la Confiep estuvieron bien defendidas por la bancada fujimorista.
Hay otro elemento a destacar en los dos millones que las grandes empresas pusieron para la campaña pro-Keiko y es que buena parte de esos aportes los terminamos pagamos todos los peruanos y los trabajadores. Todos los peruanos porque, si el pago es de las empresas como en el caso de Odebrecht, ellos lo cargan como costos y así reducen sus ganancias y luego recuperan el 30 por ciento de lo aportado mediante menores pagos de impuesto a la renta. En otras palabras por los 2 millones pro-Keiko de Confiep estas grandes empresas probablemente dejaron de pagar al fisco 600 mil dólares. También pagamos una parte los trabajadores, ya que varias de estas grandes empresas tienen accionariado difundido que cotiza en bolsa, acciones que son compradas por las AFPs con nuestras contribuciones. En ese contexto, los gastos de la campaña pro-Keiko terminan significando menores ganancias y menores dividendos para todos los accionistas, incluyendo los trabajadores y los accionistas minoritarios en general. Hay que recordar que en el capitalismo moderno las mayores empresas no son propiedad de unas pocas personas y de familias, sino de muchos accionistas y sus directores deben responder a todos los accionistas, no solo a los mayoritarios que las controlan. Esto es regulado y supervisado en el Perú por la SMV, la Superintendencia del Mercado de Valores, pero lamentablemente -como gran parte del estado- ahí siempre están a favor de los poderosos y nunca de los pequeños.
LA CONFIEP CON PPK Y KEIKO POR SUS INTERESES
Quien convocó a la reunión para esa “chancha” de 2 millones de dólares para Keiko, Ricardo Briceño, ha dicho que él aportaba a la campaña de PPK. Recuérdese que esto pasó el 2011 (no el 2016) y que cuando se hizo la reunión para juntar los dos “palos verdes” ya estábamos en la segunda vuelta con PPK fuera de juego llamando a votar por Keiko. Quien en ese momento era gerenta general de la Confiep bajo la gestión de Briceño, y por lo tanto quien supervisaba los aportes y la emisión de los recibos y dirigía la elaboración publicitaria y la contratación de espacios para la campaña pro-Keiko era Jimena Zavala. Ella es la hermana de Fernando Zavala que durante 2016-2017 estuvo como gerenta de relaciones de Kuntur Wasi, la empresa trafera del aeropuerto de Chinchero que luego de querer estafarnos ahora se prepara a enjuiciarnos internacionalmente. Ella había sido antes directora en Pro-Inversión mientras PPK era ministro de economía de Toledo (Pro-Inversión depende del MEF). Como se ve, los lazos entre la Confiep, PPK y Keiko son múltiples.
Dos de las grandes empresas aportantes a los 2 millones de dólares pro-Keiko del 2011 son el grupo Romero y el grupo Gloria. Ambas empresas tienen fuertes intereses en el rubro alimenticio, el grupo Romero es dueño de Alicorp que es la principal comercializadora de alimentos industriales en el Perú, varios de ellos altos en azúcar, grasas y sodio (“sal”). Ahora han logrado que en el Congreso una alianza del fujimorismo con la bancada de PPK reviertan la ley de alimentación saludable que obliga a que las empresas pongan advertencias claras de los riesgos de grasas, azucares y sodio en sus productos, advertencias que son apoyadas por la Organización Mundial de la Salud, Unicef, la FAO, el ministerio de salud, los colegios profesionales de médicos y nutricionistas y las sociedades de las especialidades de la ciencia médica. Por su parte, el grupo Gloria es la principal empresa en la industria láctea y en lo que ya no puede llamarse leche como la llamada “Pura Vida”. En favor de ellos PPK impidió un proyecto para que no se pueda vender como leche lo que no es leche sino insumos recombinados, mientras por su parte el fujimorismo ha aguantado los proyectos en debate en el congreso para favorecer a los ganaderos y poner freno al abuso del poder de compra monopsónico de Gloria.
Una alianza del fujimorismo y PPK también ha aprobado una nueva ley que permite a Odebrecht y las demás empresas constructoras corruptas tener un trato especial de la SUNAT, que ya no las podrá embargar y con eso ellas podrán mantenerse por muchos años sin pagar impuestos, incluyendo a Graña y Montero y a JJC. También les permite seguir recibiendo fondos del estado y seguir cobrándonos los peajes aunque no colaboren con la fiscalía y nieguen y encubran la corrupción. Tremendo regalo a favor de los corruptos. Parece que el millón 200 mil dólares aportados por Odebrecht el 2011 tuvieron su efecto. No es, por cierto, la primera vez que el fujimorismo favorece a Odebrecht. Ya antes el fujimorismo con el voto de Keiko había votado en el Congreso a favor de una ley especial para la obra mayor de la corrupción de Odebrecht, la Interoceánica Sur, ley que había sido promovida por Alejandro Toledo y Fernando Zavala (entonces ministro de economía) y que disponía que hubiera una Comisión de Alto Nivel para que velara por el cumplimiento de la ejecución de las obras presidida por el entonces premier Pedro Pablo Kuczynski.
Las relaciones del grupo PPK con la corrupción de la construcción no se han detenido. Esta semana Pedro Olaechea, congresista y ex – ministro de PPK, ha salido en defensa de Graña y Montero y las constructoras corruptas escribiendo que “eran forzados a coludirse, era eso o no sobrevivir”, como si se tratara de un padre de familia que no puede darle de comer a sus hijos como en la inolvidable película “Ladrón de bicicletas” del realismo italiano de la posguerra. Pobre José Graña, si casi se nos salen las lágrimas por la posibilidad de que “no pudiera sobrevivir” si no pactaba las coimas con Odebrecht. No solo eso, para Olaechea frente a la crisis de corrupción actual debemos regresar a lo que para él es la mejor experiencia de proyectos: las privatizaciones corruptas de Alberto Fujimori y los Comités especiales de privatización. Estos CEPRIs tuvieron una decena de trafas que fueron investigadas por una comisión multipartidaria presidida por Javier Diez Canseco. Además de defender constructoras corruptas y a Alberto Fujimori, el PPKausa Olaechea ha sido también directivo de la Confiep y ahora insiste en que el salario mínimo debería rebajarse en las regiones del interior del país.
(publicado en Hildebrandt en sus Trece el 16 de marzo de 2018)
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