La semana pasada el ministro de economía Carlos Oliva presentó en el Congreso el presupuesto 2019 con cifras pésimamente sustentadas. Las proyecciones estaban calculadas en base a que el precio del cobre sería de 3.10 dólares la libra, cuando el metal rojo está debajo de 2.70 la libra hace más de un mes y los mercados apuestan a que a fin de año esté en apenas 2.62. Algo parecido sucede con el oro, que según la presentación de Oliva estaría en 1,300 dólares la onza, cuando está en 1,200 y el mercado no espera que suba de ese precio. Discrepo de sus políticas, pero esto va más allá, es simplemente torpeza, ineficiencia y mala gestión.
No es una cuestión menor. Menos de una semana después de esta absurda presentación, el propio Oliva salió a decir que “el país no puede seguir dependiendo de la minería”, que “el precio del cobre es un riesgo para la economía” y que por cada 0.15 de caída en el precio el crecimiento del PBI cae también 0.15 y los ingresos del fisco se reducen en 750 millones. Para barajarla “El Comercio”, el diario preferido del MEF-Confiep, resaltaba que “el precio promedio del cobre en el año era 3.03”, ocultando tras la figura del promedio que ese precio en la primera mitad del año era mucho mayor de lo que ha venido siendo a partir de julio.
¿Por qué el cambio en pocos días? Parece que finalmente, ante la inminencia de nuevos reportes del INEI y del BCR, Oliva ya no puede evadir la realidad. Muy tarde en verdad, ya que este escenario externo desfavorable para el Perú se veía venir desde hace meses con la guerra comercial entre Trump y China y la elevación de las tasas de interés por la Reserva Federal, organismo que opera como el banco central estadounidense. Esta caída de precios de los metales que en la primera mitad del año se veía como un riesgo, ya es realidad desde hace dos meses y medio (ver los artículos que publicamos en las ediciones de este semanario del 22 de junio y 6 de julio).
El problema mayor con Oliva, sin embargo, no son las cifras: es la política económica. Porque aunque Oliva ahora diga que “el país no puede seguir dependiendo de la minería”, el MEF ha venido promoviendo precisamente ese modelo primario-exportador (lamentablemente con el apoyo de Vizcarra). Para muestra un botón: ahí está el proyecto de ley “de hidrocarburos”, orientado a reducir impuestos al petróleo y gas, relajar normas ambientales y renovarles las concesiones a las trasnacionales petroleras por veinte años más sin licitación alguna. Este proyecto, presentado por PPK y respaldado por el gobierno, viene siendo apadrinado por Keiko Fujimori, quien en sus recientes entrevistas pidió “mayor colaboración al Ejecutivo en la difusión de normas relevantes como la Ley de Hidrocarburos” (diario Gestión 27.08).
Dado el reconocimiento tardío de Oliva, una primera pregunta fundamental que debiera responder es qué hará para que el país no siga dependiendo de los sectores primario-exportadores como la minería, el petróleo y gas. Hasta ahora, no se conoce ningún plan al respecto y la diversificación productiva, abandonada desde PPK, sigue sin retomarse en serio (algo que a los congresistas fujimoristas les importa un rábano).
EL TEMA CRÍTICO DEL PRESUPUESTO
Siendo dudoso que podamos pedirle peras al olmo primario-exportador, lo más preocupante de la presentación de Oliva es el tremendo ajustón fiscal contenido en su propuesta del Presupuesto 2019.
Empecemos recordando la situación y estableciendo lo que debiera ser la política económica del gobierno. La economía peruana viene de varios años de parálisis y, tras haber sacado un poquito la cabeza en el segundo trimestre de este año, ahora está nuevamente cuesta abajo. El propio Oliva ha debido reconocer (los datos del INEI están por salir) que en el tercer trimestre el crecimiento del PBI se reducirá sustancialmente. Mientras tanto, para las familias peruanas la mejora relativa en los indicadores macroeconómicos no llegó a significar un alivio, dado que el empleo siguió cayendo. Como era de esperarse los ingresos de los trabajadores también disminuyeron, no solo por la menor demanda sino ajochados además por el maxi-aumento de la oferta producido por la inmigración venezolana.
Hace unos meses cabía tener una esperanza en la recuperación del crecimiento, ya que aunque la política económica no ayudaba, los precios internacionales de los metales habían subido y representaban un viento empujando las velas de la economía peruana. Pero ahora ese viento se ha vuelto en nuestra contra, ya que los precios del cobre, el oro y demás metales han caído. Además, los capitales están nuevamente saliendo de la periferia del capitalismo mundial (los “países emergentes” como nosotros), siendo atraídos a Estados Unidos por el alza de tasa de interés allá, lo que en el Perú genera presiones al alza del dólar y el recorte del crédito. Es decir, enfrentamos nuevamente un shock recesivo, que deprime nuestra economía.
Frente a eso, la política económica recomendable es una que empuje la demanda interna, de tal manera que levante la industria, la mediana agricultura y los servicios. La inversión pública tiene que acelerarse, creando empleos en la construcción y llevando ingresos a esos trabajadores, que luego mediante sus compras dinamizarán otros mercados. Más inversión pública servirá también para jalar la industria del cemento, el fierro y demás materiales de construcción. Un necesario complemento de esa política sería facilitar el crédito y rebajar las tasas de interés, de tal manera que las pequeñas y medianas empresas puedan invertir más.
Por eso lo más terrible de la presentación del ministro Oliva es que en vez de dar un impulso fiscal decide aplicar un ajustón. Debía pisar el acelerador y pisa el freno. En efecto, el presupuesto 2019 propuesto por el ministerio de economía y finanzas considera un ajuste del déficit fiscal de 0.3 % del PBI, es decir de 2 mil millones de soles. Recordemos que, al establecerse una meta de déficit fiscal, lo que se está fijando es un tope del gasto público, tope que es equivalente a la suma de los ingresos fiscales más el déficit. Si se reduce el déficit y los ingresos por recaudación no varían, el gasto tiene que reducirse. Pero para el próximo año lo que se viene es aún peor, ya que (a diferencia de lo proyectado por el MEF en base a esas infladísimas proyecciones de precios internacionales) la recaudación será menor que este año. La razón es que como ha dicho el propio Oliva cada 15 centavos menos en el precio del cobre le quitan 750 millones de soles al fisco, pero lo que Oliva no mencionó es que ese precio ya cayó 50 centavos, con lo que según sus propias estimaciones, la recaudación caerá 2,500 millones. Si los ingresos caen 2,500 millones y el déficit se reduce en otros 2,000 millones, el gasto tiene que reducirse en 4,500 millones. Este es un cálculo grueso e imperfecto porque hay otros factores en juego, pero es un cálculo que ilustra lo esencial: con la política anunciada por Oliva tendremos un ajuste fiscal enorme.
Se trata de la misma política de Alfredo Thorne en los comienzos del gobierno PPK, cuyas consecuencias ya las vimos: la industria y la construcción se desploman y con ellas el empleo urbano. Lo que no hemos visto es qué sucede cuando, además, tenemos medio millón o un millón más de personas buscando trabajo debido a la inmigración venezolana. Pero es fácil imaginarlo: una catástrofe social con consecuencias políticas impredecibles, en especial en la situación política actual.
¿Cómo defiende el MEF una política tan absurda? La llama “consolidación fiscal” y dice que permitiría la “sostenibilidad de la deuda pública”, lo que a su vez, según sus defensores, permite que los bonos peruanos en el exterior logren colocarse a tasas de interés un poco más bajas. Pero ocultan que ninguna empresa mediana ni pequeña, e incluso la mayoría de las que consideramos grandes, pueden colocar bonos en el exterior; solo puedan hacerlo unas pocas de las más grandes empresas (como Yanacocha o Graña y Montero) y los grandes bancos (no los pequeños ni las cajas). Esos son los sectores beneficiados de esta política, que es adonde nuestros ministros de economía suelen regresar como ha sido el caso de David Tuesta, mientras quienes pierden son los trabajadores, y junto con ellos la industria, la construcción y el agro que podrán vender menos.
Repito lo que dije la semana pasada: Vizcarra se juega su presidencia no solo con el Referéndum sino también en el empleo y los ingresos del pueblo trabajador. Recordemos que PPK fue repudiado por el pueblo, además de por su lobbismo corrupto, por haber provocado a una caída del PBI y del empleo. Tanto un ajustón fiscal como el que aplicaría Oliva, como la alternativa de impulso fiscal y crediticio que resulta necesario para reactivar la economía urbana y el empleo, toman algunos meses en hacer sentir sus efectos. No es inmediato. Pero no hay plazo que no se cumpla, como aprendió tarde y a golpes Pedro Pablo Kuczynski.
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