Los grandes grupos económicos, los monopolios y las trasnacionales, como conjunto, respaldaron al cogobierno de Dina Boluarte con el congreso y están muy a gusto con Jerí. Basta seguir sus pronunciamientos y sus silencios, para darse cuenta. Como les regalaron miles de millones en exoneraciones tributarias especiales, aunque así se haya sacrificado el equilibrio fiscal, fueron claros defensores de este cogobierno congresal que hoy tiene continuidad. No es nueva la poca consideración de esta cúpula oligárquica hacia la democracia, el bien común y los derechos humanos. El Perú necesita que cambien y piensen más en el futuro del país.

Hace unos años se acuñó la idea de “demócratas precarios” para referirse a los débiles compromisos de partidos y líderes políticos peruanos con la democracia. Pero los grandes empresarios no han llegado ni a ese nivel: la democracia no es lo suyo. Poderosos y destacados empresarios, como Dionisio Romero del Banco de Crédito y Alicorp, los hermanos Rodríguez Banda del grupo Gloria y Roque Benavides de Minas Buenaventura, mientras Fujimori maniobraba por su tercera reelección aplastando al Tribunal Constitucional de entonces y los estudiantes salían a las calles contra la dictadura, iban a la salita del SIN a pactar con Vladimiro Montesinos que se dieran leyes a su favor. Montesinos movió sus tentáculos en la Corte Suprema, que en ese entonces la tenía sometida, para que Roque Benavides junto a su socia Newmont se quedaran con las acciones de mina Yanacocha que pertenecían a su socio francés. José Chlimper, luego de la tercera, fraudulenta e inconstitucional reelección de Fujimori, fue su ministro y aprovechó para obtener la ley que exoneró impuestos a los agroexportadores como él, redujo sus contribuciones a la seguridad social y facilitó sus abusos contra los trabajadores.

A pesar de eso, tras la transición a la democracia en el año 2000, la política económica neoliberal continuó y los siguió favoreciendo. Recompusieron rápidamente buenas relaciones con gobiernos de corrupción recargada.  Toledo hizo un gran negociado de obras públicas con Odebrecht, con Pedro Pablo Kuczynski como su ministro cobrando millones por sus servicios. Jorge del Castillo y Alan García arreglaron con las grandes mineras para no cobrarles impuestos a sus sobreganancias mientras crecía la corrupción con el ´club de la construcción´, Odebrecht y Graña y Montero (GyM), entonces la mayor y más destacada constructora nacional. Que una rama de los Miróquesada fuera al mismo tiempo dueña de GyM y de “El Comercio” les daba una llegada muy especial al poder de turno. En las elecciones del 2016 los más poderosos empresarios “invertieron” millones de dólares en aportes para Keiko para asegurarse que el modelo económico siguiera incólume. A pesar de eso, tras ser elegido Ollanta Humala traicionó sus posiciones y pactó con quienes concentran la riqueza y el poder económico, mantuvo exoneraciones y beneficios tributarios y mantuvo congeladas las leyes para controlar la elusión de impuestos, las fusiones monopólicas y la comida chatarra. Al mismo tiempo, obtenía coimas de Odebrecht y del “club de la construcción”. Grandes empresarios respiraban aliviados con renovada confianza en que siempre podrían comprar el poder a su favor.

Entre 2016 y 2019 varios casos de corrupción salieron a luz tras el escándalo Odebrecht y eso pegó duro a la reputación de los grandes empresarios nacionales. Pero en los años anteriores ellos habían logrado una acumulación de riqueza y poder mucho mayor, y siguieron haciendo lobby mientras buscaban como recomponer su imagen. Vizcarra prolongó a los agroexportadores sus exoneraciones tributarias y no hizo ninguno de los cambios que se necesitaban frente a la minería y las AFPs. Sí sacó adelante la ley de alimentación saludable, el control previo de fusiones monopólicas y las medidas anti-elusivas, asuntos básicos de defensa del interés público y regulación de los mercados. Por eso cuando hubo un conflicto entre Vizcarra y el Congreso, que terminó con la disolución de este último, la Confiep se puso clara y tajantemente en favor del Congreso fujimorista.  Todos estos años la orientación de esta cúpula de gran poder económico fue anteponer sus intereses antes que el bien común; ni siquiera aceptan algunas reformas tibias, defienden agresivamente su explotación abusiva de los recursos naturales, consumidores y trabajadores peruanos.

La elección de Pedro Castillo mostró una vez más el talante antidemocrático de la cúpula de poder económico. Muchos de ellos colaboraron con el fujimorismo en negar el resultado electoral y luego se aliaron al Congreso para frenar la reforma tributaria. Cuando Dina subió al poder, el que asesinara a cincuenta compatriotas, no les importó. Además del interés de multiplicar sus riquezas, una buena dosis de racismo estaba presente. Hoy están felices con Jerí: saben que les mantendrá las exoneraciones y perdones tributarios que les dieron Dina y el congreso por miles de millones. Aun cuando los homicidios por sicarios se multiplican, estos se concentran en los barrios mientras los dueños de los grupos monopólicos viven en Estados Unidos o Europa. La democracia ha desaparecido: el congreso manda y ya no hay separación de poderes, la justicia vía JNJ y TC son instrumentos de la derecha en el poder. Han asesinado a Trvco, dejado varios otros heridos de gravedad y hasta a una niña de 9 años que acompañaba a su madre en la venta ambulante. Ahora nos quitan libertades aprovechando el pretexto del estado de emergencia sin que eso resuelva en nada la inseguridad en las calles. Pero no se oye ninguna voz empresarial reclamando que esta democracia ya no es democracia.

Necesitamos que cambien. Nuestro país requiere una ciudadanía más activa y los jóvenes de hoy nos dan esa esperanza. También es indispensable que quienes concentran el poder económico se den cuenta que, con ese racismo y clasismo negador de la democracia y el bien común, están empujando el Perú al abismo.