Ilustrativo que esta semana un barrio competo de San Juan de Lurigancho haya estado hasta el cuello hundido en aguas servidas cuyo origen es precisamente un contrato corrupto. Porque aunque el alcalde de San Juan de Lurigancho y varios de los opinadores neoliberales se apresuraron en echarle la culpa a la empresa pública Sedapal llegando incluso a pedir su privatización, lo cierto es que quien hizo la obra colapsada fue el consorcio Odebrecht – Graña y Montero como parte del contrato por el tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. La obra tiene apenas 5 años de construida y debió durar unos 80 años, según ha dicho el sindicato de trabajadores de Sedapal. Lo que empezó siendo una mierda terminó enmierdándonos.

Está clara la responsabilidad de esas grandes empresas privadas, debiendo añadirse que Graña y Montero es todavía hoy quien controla la operación coridiana del Metro de Lima mediante su filial GyM-Ferrovías recibiendo, además de los pasajes que cobra al público, 140 millones de soles anuales del presupuesto público.

El contrato por la obra lo firmó el gobierno de Alan García el 8 de julio del 2011, a 20 días de terminar su gobierno, evitando que esa decisión la tomara el gobierno entrante. Según ha declarado Jorge Barata, hubo coimas en el Metro de Lima tanto en el tramo 1 Estación Grau – Villa El Salvador) como en el tramo 2 (que va a San Juan de Lurigancho), ambos contratados en el gobierno de Alan García. La obra costó 302 millones de dólares más que lo originalmente presupuestado, pasando de 583 a 885 millones de dólares: una cantidad enorme. Por esta obra Odebrecht ha reconocido coimas por 8 millones 100 mil dólares en un banco privado de Andorra, donde actuaba como “facilitador” el hermano del ex – presidente uruguayo José María Sanguinetti, casualmente el país al que Alan García solicitó asilo.

La Contraloría auditó esta obra encontrando que el consorcio de Odebrecht y Graña y Montero resultó “favorecido [pese a que] incumplió con lo estipulado en las bases […], no presentó análisis de gastos generales […], transgredió el derecho de vías”. Tampoco “no cumplió con las exploraciones a la profundidad mínima exigible”, algo que podría estar asociado al desastre actual en San Juan de Lurigancho. El funcionario directamente responsable es Oswaldo Plasencia, quien en esos años fue director de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) pero antes había sido asesor del despacho presidencial de García y del despacho del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo. El latrocinio fue posible porque antes, en mayo del 2010, el proyecto del metro de Lima fue exceptuado de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por un Decreto Supremo (el D.S.081-2010-EF) firmado por Alan García, Mercedes Araoz (entonces ministra de economía) y Enrique Cornejo (ministro de transportes).

OPERACIÓN LIMPIEZA

La operación limpieza de este desastre ambiental, por lo tanto, va bastante más allá de San juan de Lurigancho. En el país hemos ganado una primera gran batalla contra la corrupción con la salida de Pedro Chávarry y la descomposición de la mayoría aprofujimorista en el congreso, pero queda todavía mucho pan por rebanar en esta guerra contra la mugre. Quedan pendientes muchos ex – presidentes, ministros, alcaldes y alcaldesas, congresistas y gobernadores regionales corruptos. Pero no hay que olvidar que la otra cara de la medalla son los empresarios corruptos, porque si hay alguien que recibe la coima es porque hay alguien que la paga. No hay de otra.

 

En estos días hay quienes, sin duda muy asustados por las declaraciones que harán Jorge Barata y demás funcionarios de Odebrecht en pocas semanas, atacan el acuerdo que la fiscalía ha hecho con la corrupta constructora brasileña. Odebrecht pagará una reparación de 610 millones de soles que es algo nunca visto en nuestro país, bastando recordar que hay reparaciones civiles mandadas por la justicia por 1,400 millones, entre las que resalta la deuda de Alberto Fujimori por 51 millones de la que no paga un céntimo mientras permanece más de cien días en una muy costosa unidad de cuidados intensivos de una clínica privada para evadir la cárcel. Aún así el acuerdo con Odebrecht es un sapo difícil de tragar, pero está claro que sin esa información varios de los corruptos mayores, empezando por Alan García, seguirán bien librados, y enfrentar esa mafia es lo más importante hoy para la salud y el futuro de la nación.

Pero no fue solo Odebrecht. Están también las otras constructoras brasileñas, en especial OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, a quienes es necesario ajustar y que, al no estar colaborando con la justicia peruana, el estado debiera de inmediato cortar los contratos, suspender todo pago e impedir que vendan sus activos.

Varias grandes constructoras nacionales también estuvieron metidas hasta el cuello; Marcelo Odebrecht mismo declaró el 9 de noviembre de 2017 al fiscal José Domingo Pérez Gómez como compartía el pago de las coimas con sus socias en las grandes megaobras de la corrupción. La lógica del gran jefe de Odebrecht es clarísma: “Si hubo algún proyecto nuestro en el que hubo un pago de coima, y Graña u otra empresa eran socias, con certeza lo sabían. Nadie iba a aceptar nada relativo a un proyecto y asumir un costo por los socios. Eso no existe”. Marcelo Odebrecht añadió que “si era un proyecto de Perú, probablemente la relación política del proyecto era liderada por los socios peruanos”. Jorge Barata confirmó que compartieron las coimas con sus socias peruanas: “El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de las empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que si es cierto es que se distribuyó entre los consorciados. No recuerdo la fórmula exacta, esto lo verificaré. Esto fue más o menos así, ellos sabían que habíamos pagado, y sabían que tenían que asumir lo que le correspondería”, dijo Jorge Barata.

Graña y Montero le dio a Odebrecht una “compensación” nunca explicada y que todo indica era precisamente la forma de pagar su parte de las coimas. La auditoría interna de GyM mostró que la empresa peruana cedió a Odebrecht más de 45 millones de soles en dividendos diferenciados, 28 millones de ellos por el Metro – Línea 1. Como bien sabemos ninguna empresa privada regala sus ganancias; como diría Marcelo Odebrecht: “eso no existe”. La única explicación razonable es que le estaban devolviendo su parte de la coima.

Como se sabe, dentro de las investigaciones peruanas del caso Lava Jato han sido incluidas, por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, los representantes de las empresas Graña y Montero, IICCSA y JJC (antes llamada J y J. Camet por ser de propiedad del ex ministro de Fujimori y ex – presidente de la Confiep Jorge Camet). Si bien GyM sola fue socia de Odebrecht en el Metro de Lima, las tres empresas fueron asociadas de Odebrecht en la construcción de la Carretera Interoceánica durante los gobiernos de Toledo y García donde también se pagaron coimas millonarias.

Lamentablemente, aunque fueron detenidos preventivamente los directivos de estas empresas, eso apenas duró pocas semanas y ellos ya están libres y esas empresas siguen contratando con el estado. ¿Cómo así? Pues porque a fines del gobierno PPK en marzo pasado, bajo campaña de los medios pro-Confiep y con los votos aprofujimoristas en el congreso, sacaron una ley para permitirles que pudieran seguir contratando con el estado aun cuando se resisten a la justicia.  Porque hay que insistir en que sí hay una gran diferencia entre Odebrecht y las otras empresas, brasileñas y peruanas: Odebrecht “canta” y aporta pruebas, y eso no es poca cosa.

Esos empresarios corruptos siguen cobrando como si nada hubiera pasado los peajes, tarifas y pagos del estado por las concesiones que consiguieron con trafa y las grandes mineras (como AngloAmerican para Quellaveco) las contratan felices. Peor aún, sigue en pie el mismo esquema de Alianzas Públicos- Privadas que pueden salir sin evaluaciones a fondo, con adendas sucesivas, con arbitrajes preferenciales y sin competencia real. Por su parte, la AFIN – Asociación de Fomento de la Infraestructura de la cual Jorge Barata de Odebrecht era directivo sale a hacer campaña en favor de más APPs sin garantía de limpieza y justicia.

Los gremios empresariales como la Confiep conviven felices con las empresas corruptas y defienden que los 2 millones de dólares que juntaron a favor de Keiko el 2022 no tiene nada de malo, aunque después la bancada fujimorista defendiera a los aportantes mineros, petroleros y agroexportadores con paquetazos anti-ambientales y exoneraciones tributarias especiales, incluyendo los 300 millones de soles que dejan de pagar a EsSalud generándole un déficit de atención enorme. Encima, con toda frescura insisten en sus medios preferidos que el costo laboral es muy alto y que les deben dejar despedir a los sindicalistas cuando les de la gana. Vamos, que todavía queda mucho más por limpiar que las toneladas de porquería que esta semana se empozaron en San Juan de Lurigancho.