La situación del empleo en el Perú ha pasado de mala a pésima. Hace 4 años que la mala política económica ha paralizado la creación de empleos, y la cuesta abajo se ha agudizado los últimos meses con la masiva inmigración venezolana. Los peruanos tienen menos empleos formales y han perdido salarios e ingresos. ¿Qué hacer? Luego de repasar el diagnóstico, en este artículo presentamos una propuesta con cuatro medidas centrales.
LAS CIFRAS (Y COMO ENTENDERLAS)
Mientras se dice que el PBI ha crecido 5,4 por ciento el segundo trimestre de este año, el INEI encontró que en Lima había 47 mil personas menos trabajando en empresas y 84 mil trabajadores menos con seguro de Essalud.
Dos ideas resaltan de estas cifras. Una, que la realidad del empleo es durísima, ya que cada año 250 mil jóvenes se suman al mercado de trabajo y han entrado 400 mil venezolanos; es decir, hay menos empleos y mucho más gente. La segunda, que eso de que los venezolanos migrantes vienen con su empleo bajo el brazo no tiene ningún asidero en la realidad: los empleos son creados por las empresas cuando pueden vender más y/o invierten. No porque haya más gente buscando trabajo hay más empleos, como debiera ser obvio para cualquiera que haya analizado la realidad de Lima y las ciudades peruanas y su relación con la migración interna de las últimas seis décadas. Salvo que queramos considerar cualquier actividad de sobrevivencia como empleo.
LAS POLÍTICAS CENTRALES
Para enfrentar esta situación, propongo cuatro políticas centrales: 1. Cambiar la política económica para promover un alto crecimiento económico, en especial en la industria, agro, servicios y turismo, sectores donde se crean más empleos. 2. Establecer un programa especial de empleo temporal que contrate 200 mil personas orientadas al mantenimiento de caminos rurales, pistas, colegios y agua y saneamiento, financiado con un impuesto a las grandes fortunas y eliminando exoneraciones tributarias injustas. 3. Promover un acuerdo hemisférico para que la respuesta a la crisis venezolana sea compartida de manera equitativa, asumiendo la mayor parte de la carga los EE.UU. cuyo PBI y riqueza son mucho mayores que los nuestros. 4. Establecer un control migratorio que ordene el ingreso masivo de extranjeros a nuestro territorio, estableciendo un límite de 500 mil a los inmigrantes venezolanos que puedan permanecer en el Perú, para lo cual el requerir el pasaporte es un primer paso.
Vamos por partes.
Lo primero es cambiar de política económica y poner el acelerador en la reactivación de la economía con inversión pública y promoción de nuevas actividades y negocios creadores de empleos. La actual política económica prioriza mantener la injusticia tributaria y reducir el déficit fiscal con el objetivo de “sacar buena nota” de los financistas internacionales. Vizcarra se ha creído el cuento de un MEF dirigido por la misma tecnocracia de siempre (Oliva fue viceministro de Luis Miguel Castilla con Humala) que confía en una reactivación primario-exportadora, cuando los vientos internacionales ya están nuevamente en contra nuestro: el cobre cayó de precio 15 por ciento en mes y medio. Esa política hace que la inversión y el impulso fiscal lleguen a cuentagotas, provocando la caída de empleo e ingresos populares.
Eso no puede seguir así. La prioridad tiene que ser la generación de empleos y eso demanda dar un empujón a la inversión pública para aumentar la demanda interna. Hay que poner en marcha nuevos motores de la economía para lograr un crecimiento del 6 por ciento anual, con el que en el pasado hemos llegado a crear unos 300 mil empleos anuales pero que centrado en sectores intensivos en mano de obra podría lograr aún mejores resultados.
Eso no basta pero al mismo tiempo es difícil que con crecimiento se logre más, considerando nuestro registro histórico y la situación de la economía mundial. No basta porque han llegado a Perú 400 mil venezolanos que se suman al cerca de medio millón de jóvenes que no han encontrado trabajo los tres años anteriores Una mayor justicia tributaria podría financiar un programa de empleo temporal, ampliándolo a 200 mil personas a un costo de 6 mil millones de soles (frente a exoneraciones tributarias de 16 mil millones). Ese tipo de programas existen en muchos países del mundo y en el Perú tenemos experiencia con ellos desde hace 17 años, aunque en los últimos años en magnitudes muy pequeñas. Una creación masiva de empleos, tanto permanentes como temporales, permitiría reducir la presión a la baja de los salarios por la mayor oferta y evitar también la brutal disminución de ingresos de los informales debido a que deben repartirse las mismas ventas entre muchos más comerciantes o prestadores de servicios. Al mismo tiempo, habrá que reforzar la fiscalización laboral para contener los abusos de empresarios explotadores.
En tercer lugar, viendo el escenario internacional, es totalmente injusto que Perú cargue con más inmigrantes venezolanos que EE.UU, país que tiene un PBI cuarenta y cuatro veces mayor que el nuestro y una riqueza total 185 veces mayor. La diferencia es abismal, pero ellos mantienen sus puertas cerradas a los venezolanos a pesar de su crisis económica. Está claro que dado que en EEUU un trabajador puede obtener mayores ingresos, los migrantes venezolanos preferirían irse para allá, pero no sólo no los dejan entrar sino que, como sabemos, bloquean todo el camino de acceso vía Centroamérica habiendo presionado a varios de esos países a requerir visas con requisitos dificilísimos de cumplir (intente Usted amigo lector ir nomás a Honduras para que vea). Esto se mantiene a pesar de la crisis en Venezuela, y la razón de la sinrazón es que Trump es un matón insensible. Un acuerdo hemisférico americano para atender los efectos de la migración venezolana es urgente.
Finalmente, hay que poner un orden y un límite al ingreso de inmigrantes. Todo país controla quienes entran en su territorio, hasta para tener información básica y poder gestionar el orden interno. Debemos hacer un esfuerzo por ayudar a quienes necesitan pero nadie debe cargar sobre sus hombros un peso que rompa su espinazo, y está claro que ya estamos llegando a ese límite. La razón de ser de los estados es defender a sus ciudadanos, y el derecho al trabajo de los peruanos no puede ser olvidado ni menospreciado. ¿Podríamos acaso aceptar 2, 3 o 5 millones de inmigrantes venezolanos? La idea de que cada uno de ellos crea su propio empleo y viene con su pan bajo el brazo no es cierta, como lo saben los miles de peruanos pobres que sufren por haber perdido empleos o poder vender menos de sus productos o servicios informales.
HAY SOBRADAS RAZONES
Ayudar en una emergencia económica tiene que ser compatible con gestionar ordenadamente nuestro presente y seguir construyendo nuestro futuro. A los países como a las personas no se les debe pedir ser solidarios más allá de sus posibilidades ni fuera de criterios de justicia y democracia.
Por si acaso, estoy muy pero muy lejos de la xenofobia. Soy hijo de inmigrantes; mi madre salió huyendo de España tras la derrota de la República. Imagino, lennonistamente, un mundo sin países ni fronteras donde todos seamos hermanos. Soy militante desde mi adolescencia de la causa de los derechos humanos. Pero sé que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y que hoy en día no existen las condiciones para una democracia mundial; los estados son nacionales y fortalecer la democracia exige gobiernos que respondan a sus ciudadanos y defiendan su derecho al trabajo.
Las tensiones sociales y políticas que está causando en nuestra patria la suma de falta de empleos e inmigración incontrolada son enormes y pueden llevarse al traste nuestra frágil y precaria democracia. No juguemos con fuego en un bosque seco. Miren a Trump, a Italia, a UKIP, a Le Pen, al avance de la ultraderecha xenófoba en Alemania y Holanda, a Jair Bolsonaro en Brasil. Si les asusta Belmont piensen en la pesadilla de que en Perú podamos tener a un Edwin Donayre o un Daniel Urresti dirigiéndonos. Actuemos con inteligencia porque no es repitiendo “xenofobia” miles de veces que este asunto se resuelve; es con políticas que fortalezcan la gobernabilidad democrática poniendo los derechos básicos de sus ciudadanos por delante.
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