Dina Boluarte gobernó en un triunvirato con Keiko Fujimori y César Acuña. Fue un cogobierno Ejecutivo-Congreso, con las políticas importantes definidas en la Mesa Directiva del congreso donde APP y Fuerza Popular son el eje que arrastra a los otros partidos de derecha. En base a un pacto de impunidad actúan en alianza con el cerronismo y con varios otros congresistas, sobre la base de hundir las denuncias en su contra y otorgarles diversas prebendas. En el Poder Ejecutivo, Acuña tenía al ministro de salud y al de transportes, Keiko al ministro de agricultura y al de economía, y todos defendiendo a Dina de la vacancia y a los primeros ministros, de interior y al resto de la censura, con algunas fintas para intentar diferenciarse de un gobierno desastroso.

Sus puntos clave de acuerdo son medidas económicas en favor de los grandes grupos de poder económico. Entre 2023 y 2025 hemos vivido una ofensiva de leyes económicas extractivistas, usando el concepto de los premios nobel Acemoglu y Robinson. Hace pocas semanas fue la ley que regala 20 mil millones de soles a los grandes agroexportadores en exoneraciones tributarias, obstruye que se pueda supervisar los abusos que cometen contra los trabajadores y abre las puertas a una privatización del agua a su favor. También es de su factura la ley pro-AFPs que desató la reciente ola de protestas autoconvocada por la Generación Z; ante el repudio popular han retrocedido en un par de temas y han entregado un retiro parcial, pero han mantenido el que las AFPs reciban un cuantioso fondo adicional del estado y han aprobado en otra ley que de todo nuestro dinero se puedan llevar hasta el 80% al exterior. Antes cambiaron SUNEDU para darles pase a las universidades “fachada” de baja calidad, sin importarles el daño al profesionalismo que es base del progreso tecnológico. En otros terrenos, la política ha sido más bien mantener el statu quo favorable a los grupos de poder económico. Las grandes mineras vienen obteniendo ganancias extraordinarias y se ha frenado cualquier intento de que se les cobre lo justo. Grandes monopolios como Backus en la cerveza, Gloria en la leche, Inkafarma y las redes de boticas en las medicinas, Alicorp en alimentos industrializados y el oligopolio bancario siguen abusando de los consumidores sin control.  Es por estas enormes ganancias que están pudiendo extraer gracias a este gobierno, que desde la Confiep mantuvieron en el poder a Dina, aguantaron a Santiváñez y no se pronuncian frente la crisis de inseguridad y corrupción que atravesamos ni cuando atentaron contra el concierto de AguaMarina. Engordar a corto plazo sus grandes billeteras predomina sobre el interés nacional, que no nos vengan con cuentos.

Este núcleo de poder económico ha mantenido una fuerte influencia en la política peruana por más de treinta años. La caída de Fujimori, a cuya dictadura estuvieron muy amarrados, no los afectó. Esa influencia se produce a ocultas, canjeando millones para las campañas electorales y seguramente coimas a diverso nivel, por leyes a su favor. El caso Odebrecht nos permitió ver los 3 millones 700 mil dólares entregados por Dionisio Romero en maletines llenos de billetes verdes a Keiko, luego de lo cual ella defendió con uñas y dientes a su monopolio de alimentos ultraprocesados Alicorp entre 2014-2017 y ahora el fujimorismo favoreció con esta nueva ley a su AFP Prima.  César Acuña y José Luna, dueños de universidades “fábrica de títulos”, invierten en campañas electorales para acrecentar su poder político, habiendo logrado controlar la SUNEDU y ponerla a su servicio. Mayormente, sin embargo, los grandes jefes de estos grupos monopólicos no participan directamente en la política, prefieren mantener relaciones ocultas al más alto nivel, armar aparatos de propaganda con diversas caretas, mandar a las entrevistas a sus gerentes y contratar lobbystas, estudios de abogados y consultoras económicas. Francisco Durand documentó todos esos mecanismos en varios de sus libros.  

El poder de este cogollo monopólico ha sido cuestionado varias veces las últimas décadas, porque la mayoría de nuestro pueblo rechaza esta situación de inequidad, abuso y corrupción. Pero son muy resistentes y maniobreros.  Lograron capturar a “cosito” Humala. Odiaron tanto a Vizcarra que lo vacaron, aunque no lograron que su escogido Merino se sostuviera. Finalmente consiguieron tirarse abajo la democracia imponiendo a la traidora Boluarte asesinando a cincuenta peruanos, entre ellos siete menores de edad. Hoy desarrollan nuevas formas de manipulación política a través de las redes sociales con videos que en pocos segundos apelan a sentimientos primarios, buscando que dejemos de lado nuestra capacidad de reflexión.

Vivimos estos años un gobierno oligárquico. No tenemos un gobierno del pueblo sino el de unos pocos. A ellos no les importan el sufrimiento de los transportistas extorsionados, la salud pública o la corrupción rampante. Sólo les importan sus enormes ganancias y seguir con sus abusos y explotación. Esta oligarquía quiere quedarse en el poder, capturando el Tribunal Constitucional, la JNJ, el Ministerio Público y ahora van por el Jurado Nacional de Elecciones. A estos grupos de poder económico, ese cogollo de mineros y agroexportadores, bancos, AFPs y grandes monopolios, les servirían muy bien Keiko, López-Aliaga o Carlos Álvarez. Como respaldo, para impedir cualquier cambio vienen armando un Senado bajo su control y una legalidad sometida vía el TC y la JNJ. Ya no ocultan su postura; el evento anual empresarial del CADE del próximo mes es de un desenfado oligárquico y autoritario nunca antes visto, con una consigna amenazante de aplicarnos su “fuerza” en vez de llamar al diálogo o la reflexión, con conferencistas de la ultraderecha conservadora internacional y Fernando Rospigliosi dirigiendo la primera parte.

La vacancia de Dina Boluarte no cambia este gobierno oligárquico, es solo un intento de las principales candidaturas y fuerzas de la derecha política de encarar de mejor manera las elecciones. José Jerí es su presidente, esa coalición lo eligió presidente del congreso y por eso Jerí se la jugó a favor de la ley de los 20 mil millones para los agroexportadores, poniéndola a votación y maniobrado su aprobación como parte de su pacto con el fujimorismo. La misma coalición que lo eligió, incluyendo al cerronismo, votó para impedir que fuera cambiado la noche del 9 de octubre y de esa manera la consagró presidente.

El pueblo mayoritariamente no sólo rechaza la inseguridad ciudadana, también le indigna la enorme desigualdad, los abusos de los monopolios y el extractivismo concentrado. Por eso, para mantenerse en el poder esta nueva oligarquía viene acabando con nuestra democracia. En ese intento, el reemplazo de Dina Boluarte por José Jerí, es solo un recodo en su estrategia. El poder del pueblo debe seguir manifestándose para frenarlos.

NOTA:  escribí para Hildebrandt en sus Trece una versión previa que he ajustado tras el cambio de Boluarte por Jerí, actualizándolo a la coyuntura – al 10 de octubre a las 12m.