
Hay varias razones para señalar a estas elecciones como muy poco democráticas. Una importante es que vivimos bajo una oligarquía, es decir, un gobierno dominado por un reducido número de empresas y personas coaligadas. Desde que este Congreso mafioso tomó el poder en diciembre del 2022, ha actuado al servicio de los monopolios y grandes corporaciones enriqueciendo aún más a sus dueños. Además ha cambiado las reglas para asegurar que tras estas elecciones ese bloque económico siga controlando las leyes en su favor.
Recordemos algunos de las principales medidas económicas de este congreso mafioso. Regalaron 20 mil millones de soles a las grandes agroexportadoras con una exoneración de impuestos y han frenado las acciones de fiscalización laboral indispensables en favor de derechos básicos de los trabajadores. Aprobaron exoneraciones tributarias regalonas para grandes empresas en diversos sectores. Bloquearon nuestra propuesta para cobrar impuestos justos a las trasnacionales mineras, que ahora tienen sobreganancias realmente gigantescas gracias a que el precio del cobre está por los cielos. Impidieron que el Banco de la Nación pudiera hacer competencia a los grandes bancos y así pusiera presión sobre las tasas de interés excesivas que cobran a las pymes. Aprobaron una reforma de pensiones en beneficio de las AFPs, y aunque la protesta juvenil logró que retrocedieran en su ley que obligaba a los independientes a darles su dinero, han mantenido a los trabajadores encadenados a este sistema abusivo que saca cientos de millones anuales en comisiones.
Este congreso gobernante viene dominado por Fuerza Popular de Fujimori, Alianza para el Progreso de Acuña, Renovación Medieval de López-Aliaga, Perú Libre de Cerrón y Somos Perú de Jerí. Ese pacto mafioso aprobó un paquete de medidas pro-crimen que dificulta perseguir y encarcelar a las bandas extorsionadoras, al extremo que una de esas leyes impide considerar a esos partidos como las organizaciones criminales que son. Estos partidos junto a otras bancadas congresales, al mismo tiempo que regalaban miles de millones a los grandes monopolios y grupos corporativos, daban leyes permitiendo reabrir las estafas de las universidades-bamba, repartían dinero del presupuesto público a los congresistas y sus allegados y permitían la corrupción expresada en los Rólex de Dina y el Chifagate de Jerí. De esta manera el bloque económico que concentra poder y riquezas dominado por grandes mineras, agroexportadoras y bancos, se ha asociado estrechamente con el entramado de congresistas mafiosos que hoy controlan el poder político.
¿Está el camino parejo para que mediante elecciones libres y justas nos deshagamos de estos delincuentes de cuello y corbata? No. La coalición mafiosa se ha dado a su favor todas las leyes necesarias para que este arreglo oligárquico permanezca en el poder. Una de ellas muy importante es que esos partidos pueden recibir 660 mil soles de cualquier empresa o persona, y si una persona es dueña de veinte empresas puede darles legalmente 13 millones de soles. Así que si antes Dionisio Romero le entregó 3 millones 700 mil dólares en diecisiete maletines a Keiko Fujimori, ahora puede hacerle transferencias bancarias por una suma aún mayor sin ningún problema.
Desde luego también es posible y muy probable que algunos oligarcas, usando empresas offshore, por fuera de la ley paguen millones a Facebook, Twitter o TikTok para que nos metan sus propagandas y mentiras hasta las orejas. Rafael López-Aliaga, por ejemplo, es dueño de dos empresas off-shore llamadas Latin Security Corporation, tanto en Panamá como en Islas Virgenes Británicas, dos paraísos fiscales donde no dan ninguna información a nadie del Perú que quiera fiscalizar. Esas empresas fueron creadas precisamente para permanecer ocultas y mantener el nombre de su dueño López-Aliaga en la sombra. Sabemos que esas empresas existen sólo porque hace unos años se filtró al mundo una lista de las empresas bamba creadas por el estudio Monsack-Fonseca en Panamá que se dedicaba exclusivamente a facilitar estos mecanismos de corrupción, y en esa lista estaban estas dos empresas de Lopez-Aliaga que valían cuarenta millones de dólares. Aunque era su obligación legal, Porky no declaró estas offshore en sus hojas de vida ni ante la Contraloría. En estas semanas algunos medios y comentaristas han enfatizado el riesgo de que las economías ilegales intervengan en estas elecciones, pero este tipo de esquemas orientados a evadir impuestos y dinero corrupto raramente se mencionan: la oligarquía oculta sus trafas.
Hay desde luego otras razones importantes que hacen que estas elecciones no sean realmente democráticas. Varios candidatos con significativo arrastre electoral han sido impedidos de participar; Guillermo Bermejo que se preparaba para postular por Venceremos fue condenado sin pruebas en un caso claro de terruqueo. Nos están forzando a elegir un Senado que más del 90 por ciento de peruanos rechazamos en las urnas. Tras la votación del 2021 esta oligarquía presionó con gran poder mediático y mucho dinero inventando un fraude inexistente, y cuando no pudieron revertir el resultado electoral boicotearon al presidente electo hasta que se adueñaron del poder desde el congreso. Modificaron la Constitución a su conveniencia luego de haber gritado a voz en cuello en contra de cualquier cambio. Han consolidado el control de los medios masivos de comunicación, con el canal 5 convertido en espacio de desinformación y el “grupo el Comercio” como propagandista sectario en favor de mantener este régimen oligárquico.
Aún así, insisto en este elemento fundamental en estas elecciones: los aportes ocultos de las grandes empresas y dueños del Perú a las campañas de la derecha extrema, millones con los cuales usando Inteligencia Artificial inventarán videos falsos que pondrán masivamente en las pantallas de nuestros celulares. Sólo aportando el uno por mil de sus exportaciones de un año los mineros alcanzarían 60 millones de dólares, una suma enorme. Quizás puedan hacer que gracias a las leyes de la coalición mafiosa eso sea “legal”, pero definitivamente nunca será democrático.
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