La llamada “protección de inversiones” otorga a las trasnacionales un privilegio especial permitiéndoles reclamar frente a tribunales internacionales compensaciones millonarias por decisiones del estado peruano. Esta política ha afectado y sigue aceptando negativamente a nuestro país en su economía y su soberanía. El TPP inicialmente negociado incluyendo a Estados Unidos iba a ampliar este privilegio que tienen hoy norteamericanos, chinos y europeos a una docena más de países. Pero al retirarse Estados Unidos, que ha sido el gran defensor de intereses de las trasnacionales, y gracias a Nueva Zelanda que resistió esta política, el nuevo TPP que se firmaría establece que esta protección de inversiones será ya no obligatoria sino optativa para los países. Ya nos estamos ganando alguito con las estupideces de Trump.
Las cláusulas de “protección de inversiones” han servido, en Perú, para que trasnacionales contaminadoras y tramposas como Doe Run en La Oroya nos enjuicien y reclamen compensaciones millonarias (¡800 millones de dólares en ese caso!). El reciente escándalo del aeropuerto de Chinchero seguirá muy posiblemente este camino, aunque Bruno Giuffra diga lo contrario. Estos sinvergüenzas de Kuntur Wasi, que se presentaron a un concurso con una oferta tramposamente baja a sabiendas que luego renegociarían a escondidas, no han querido llegar a un acuerdo con el gobierno. Pretenden una compensación de al menos 65 millones de dólares, a pesar de que no han hecho nada, no han movido ni una piedrita, y más bien han fregado al país y en especial al sur, con la complicidad de algunas muy cercanas amigas de PPK. A pesar de estas y otras malas experiencias, sin embargo, la política de la “protección de inversiones” especial para trasnacionales extranjeras sigue en pie.
Quien nos ha defendido ahora en esta nueva versión del TPP es Nueva Zelanda, país pequeño pero económicamente más avanzado que nosotros y que empezamos a conocer con la clasificación al mundial. Gracias a ellos, el nuevo TPP tiene una cláusula que establece que los países pueden dejar de aplicar la “protección de inversiones”. Además, según la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern, “quien tenga un contrato con el gobierno ya no podrá demandar mediante el arbitraje de protección de inversiones, y está obligado a recurrir a los procesos nacionales”. Eso es lo que debiera aplicarse en Perú en casos como La Oroya – Doe Run y Chinchero-Kuntur Wasi. Pero mientras sigamos con el gato de despensero, lo más probable es que, a diferencia del fútbol, nos quedemos envidiando a Nueva Zelanda.
Agregue un comentario