Nuevamente, el gobierno y el Congreso, en especial la mayoría leal a Keiko Fujimori, están discutiendo la forma para que la corrupta Odebrecht pueda llevarse la mayor parte de sus riquezas acumuladas en el Perú. Para este humilde articulista, el que un ladrón se quiera llevar parte de lo robado es algo totalmente inaceptable, pero he llegado a entender y me podría – a duras penas – aguantar las náuseas si a cambio de ello nos dieran todas las pruebas y elementos para meter a la cárcel a los otros grandes culpables de este robo, que todo indica son los ex – presidentes Toledo, García y Humala, PPK, Keiko Fujimori y sus secuaces. Pero esa no es la condición clave que el gobierno y el Congreso están estableciendo, bajo el pretexto de supuestos serios riesgos económicos si no se trata a las empresas rateras con mucha benevolencia.
REPASANDO LA HISTORIA RECIENTE
Doce meses atrás el gobierno PPK emitió el Decreto de Urgencia 003 con este mismo fin: regular la forma como Odebrecht podía vender sus empresas y llevarse su dinero. Al mismo tiempo, PPK quería evitar que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata hablen en su contra. Como ha reconocido la ministra Cooper en el Congreso este lunes, el DU 003 fue un fracaso para el gobierno de PPK al no lograr esos objetivos.
El DU 003 establece que, para que Odebrecht pueda vender sus empresas y llevarse ese dinero al exterior, tiene antes que depositar en un fideicomiso -un fondo intangible- un monto destinado al pago de la reparación civil por los perjuicios causados por sus corruptelas. Consistente con los intereses de personales de PPK, el DU 003 no exige nada respecto de la colaboración de Odebrecht con la justicia. La cantidad que Odebrecht debía entregar previamente a la venta como reparación civil debía ser determinada por el Procurador Público, un funcionario dependiente del Ministerio de Justicia. Como recordarán los lectores, este plan fracasó porque la procuradora Katherine Ampuero no se allanó al deseo de PPK de hacerle las cosas fáciles a Odebrecht, razón por la que la botaron (con b de bota). El escándalo político fue mayúsculo. Poco después PPK ya había decidido el indulto a Fujimori y para eso nombró a un nuevo ministro de justicia dispuesto a festinar los trámites respectivos, pero no podía quemar a su flamante ministro comprometiéndolo con un regalazo a Odebrecht antes que saliera el indulto.
Debido a estas circunstancias políticas, el plan pro-Odebrecht de PPK fracasó y no pudo vender ninguna de las empresas del grupo, a pesar de que al menos dos de las más grandes, la central hidroeléctrica Chaglla que vale unos 1,400 millones de dólares y el Olmos que vale unos 500 millones, ya tenían compradores anotados: en el mundo internacional de las finanzas nunca faltan buitres que no le hacen asco a comprar bienes robados. Este fracaso trajo a su vez otra consecuencia: cuando Marcelo Odebrecht hizo declaraciones a los fiscales peruanos en noviembre pasado, molesto por esta situación le puso la puntería a PPK, diciendo sin que se lo preguntaran que a él también lo habían favorecido en el pasado. Pero dijo que las pruebas las tiene Jorge Barata, por lo que ahora todo depende de que Barata suelte las pruebas o no. Sería tonto confiarse en que lo haga, no por gusto en portugués, su idioma natal, Barata quiere decir “cucaracha”.
LA NUEVA PROPUESTA
Como este es un gobierno “de lujo”con la enorme eficiencia de las grandes gerentes de empresas privadas, se demoraron 356 días en tener una nueva propuesta de como abordar el asunto. Como está claro en la presentación hecha por la ministra Claudia Cooper en el Congreso, los objetivos siguen siendo los mismos: evitar “la ruptura de la cadena de pagos” y mantener los proyectos funcionando; afirmar la lucha contra la corrupción y asegurar la colaboración eficaz de Odebrecht y Barata no es algo que esté entre sus intereses.
Para superar el problema político que significa que sea el gobierno PPK, mediante el Procurador del caso, quien fije las reparaciones estimadas, la propuesta del gobierno -que en este punto no ha sido criticada por los fujimoristas en el congreso – es que Odebrecht pueda vender sus negocios, pagar sus deudas y llevarse libre de polvo y paja la mitad del valor de sus patrimonios. De aprobarse esta propuesta, Odebrecht, aunque Barata no colabore, podrá llevarse el 50% de lo que tiene en el Perú, a lo que se suma todas la deudas, quizás incluyendo algunas ficticias. De los 1,400 millones de la central Chaglla, Odebrecht se podría llevar, con este esquema, más de mil millones de dólares ‼
Odebrecht también podrá seguir gestionando y administrando todos los proyectos de APPs (alianzas público-privadas) que mantiene sin que se cambie una coma de esos contratos que a todas luces han sido pactados en condiciones gravosas para el Perú gracias a todo el entramado de corrupción existente. Uno de esos es el proyecto Olmos, en el cual Odebrecht no ha reconocido coimas pero en el que claramente compró la participación de Kuczynski. En efecto, entre 2005 y 2006 a través de sus empresas de Miami PPK fue ”asesor financiero exclusivo” de la Olmos/Odebrecht, por lo que cobró mas de un millón 250 mil dólares, mientras al mismo tiempo como ministro firmaba un aval del estado peruano para Olmos. Quizás Marcelo Odebrecht no llame a eso coima, porque no salió de su “Caja 2, pero contratar a un ministro por más de un millón para que le saque medidas legales y económicas del estado a su favor, sí es delito en el Perú.
Para las consorciadas peruanas, como Grana y Montero, JJC (fundada por el x-ministro fujimorista Jorge Camet) y otras, la nueva propuesta de DU 003 les permite seguir contratando con el estado. Es decir, aunque un juez ha establecido que los grandes capitanes de esas empresas merecian hasta cárcel preventiva por las evidencias que los comprometen, pruebas que van aumentando con las delaciones del “club de los constructores”, el estado afirma que podrá seguir contratando con semejantes traferas, permitiéndoles quedarse con el 90% del valor de su total libre disposición.
LOS PRETEXTOS
El gobierno PPK ha dado como pretexto para esta norma que hay que proteger el crecimiento económico y la inversión pública, y que por eso hay que dar estos beneficios a Odebrecht y cía. Asienten y dan su respaldo a esta orientación los congresistas fujimoristas, con Úrsula Letona a la cabeza, cuyo esposo mientras trabajaba para el estado ya favoreció a Odebrecht en su contrato por el Gasoducto del Sur. Pero son pretextos, puros pretextos.
La ministra Cooper es incongruente al decir que esta situación hace que la inversión pública no crezca, mientras todo el 2017 reiteradamente dijo que la inversión pública se estaba acelerando. Si el DU 003 fuera la causa de nuestros problemas económicos, es obvio que debieron mencionado, insinuado o al menos timidamente sugerido antes. Pero no, no dijeron ni media palabra al respecto a lo largo de estos doce meses.
Por otro lado, caer en ese pretexto exige creer que no hay otras empresas constructoras nacionales, sobre todo medianas, que puedan asumir proyectos de inversión pública, en algunos casos asociándose con grandes constructoras de otros países americanos, europeos o asiáticos, que las hay por centenas. Es verdad que el 2017 la inversión pública no creció como anunció reiteradamente el gobierno, pero la inversión de las municipalidades, por ejemplo, creció más de 7 por ciento, mientras quien demostró ser un cangrejo caminando para atrás fue el gobierno central pepekausa, además acaparando para sí un presupuesto que se mostró incapaz de ejecutar en vez de descentralizar más las obras públicas.
Finalmente, está el pretexto de la “ruptura de la cadena de pagos”y los créditos que deben Odebrecht y las constructoras, así como de los empleos que dan. Lo primero que hay que decir es que ya las leyes peruanas establecen un mecanismo para aquellas empresas que no puedan pagar sus deudas, conocido con el nombre de “procedimiento concursal, mediante el cual los acredores toman control de la empresa y la mantienen en funcionamiento. No hay ninguna razón para que no se cumpla la ley y resulte que estos corruptazos encima tengan corona y reciban un tratamiento especialmente favorable por encima de las leyes vigentes. Por cierto, no se ha planteado que ninguno de los negocios de Odebrecht tenga que quebrar porque ha dejado de ser rentable. Lo que hay que ser es firmes y resolver el problema de una vez, quitándole el control a la corrupta Odebrecht.
Finalmente si hubiera algun costo económico menor, es claro que al país le conviene afrontar con todo, ahora, la corrupción que nos atenaza desde la fundación de la república. Es imposible pensar nuestro futuro con este estado carcomido por tanto gusano. Si, como decía Gonzales Prada, donde se pone el dedo salta la pus, pues saquemos afuera toda esta podredumbre de una buena vez y hagamos una limpieza a fondo antes que una gangrena generalizada acabe con nuestro país.
Como dije al comienzo, si ello demanda permitir que Odebrecht se lleve su plata, pues que cante todo lo que tiene que cantar, aguantemos el asco y que se larguen del país. Que nos nos vengan, sin embargo, con hacerles la vida fácil a esta mafia del crimen organizado sin que antes hayan confesado todas las trafas y entregado copia de todos los contratos, reuniones y comprobantes de pago.
Pero esta opción firme contra la corrupción significa enemitarse con Odebrecht, que aún tiene a PPK, Keiko, Alan y varios otros agarrados del cuello por lo que puede decir Barata y sus demás funcionarios (como Mamieri) ante los fiscales peruanos. No es por gusto que ni PPK ni Keiko quieren ponerse firmes en este caso: se mueren de miedo. En vísperas de las declaraciones de Barata, PPK y Keiko han optado por no aprobar ninguna ley al respecto hasta después, permitiéndose así ambos mantener negociaciones abiertas con el capo di capi Don Marcelo.
(PUBLICADO EN HILDEBRANDT EN SUS TRECE EL 16 DE FEBRERO DE 2018 BAJO EL TÍTULO “BARATA SIGNIFICA CUCARACHA”)
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