Frente al nuevo gobierno de Martín Vizcarra los opinólogos pro-Confiep levantan nuevamente su sambenito de los últimos años: la “reforma laboral”. Aclaremos primero que cuando este grupo de economistas neoliberales, asesores empresariales, ex -ministros de economía y directores del BCR habla de “reforma laboral”, en realidad lo que quieren pero no se atreven a hablarlo con franqueza es el recorte de derechos laborales.
¿Cómo quieren hacerlo? De tres maneras: dejando que el salario mínimo sea erosionado por la inflación, facilitando los despidos de trabajadores y en especial dirigentes sindicales y reduciendo la seguridad social en salud y las gratificaciones. Su objetivo es obvio: quieren cholo lo más barato y sometido posible porque, en su mirada cortoplacista, a menores costos más ganancias empresariales.
SUELDO MÍNIMO
La primera reacción de esta derecha, contra el aumento del sueldo mínimo, ha sido bastante rabiosa porque el aumento lo decretó PPK, el más suyo de los presidentes, como una de sus jugadas de último minuto tratando de evitar la vacancia. Jaime de Althaus en un tuit sustentó que “dos cadenas de cafeterías” iban a despedir gente y reemplazarlas por informales, siendo respondido masivamente en esta red social por gente que le indicó que el costo adicional para cada trabajador no pasada de 400 dólares anuales e incluso por una dueña de cafetería que le dijo que no despediría a nadie. Atrás de la “noticia”, De Althaus terminaba promoviendo la ilegalidad, razón por la que guarda en secreto el nombre de quienes piensan violar derechos de los trabajadores.
Pero quien – usando jerga futbolística – levantó más la pata fue el directorio del Banco Central de Reserva. Ese en el que cobran buenas dietas el secretario general de Fuerza Popular José Chlimper, el fujimorista defensor de la re-re-relección Rafael Rey y el vocero económico de Keiko en la campaña pasada Elmer Cuba. Según ellos, el aumento del salario mínimo eliminaría 118 mil puestos de trabajo, afirmación que no tiene un sustento sólido. Hay que recordarle al directorio fujistón del BCR que ellos son corresponsables de que el año pasado se perdieran, sin que hubiera ningún aumento de la RMV, 160 mil empleos, despidos debidos a la recesión de la industria y la construcción que causó una pésima política económica en la cual la renuencia del BCR a reducir la tasa de interés con rapidez tuvo un rol destacado.
CORTAR CONTRIBUCIONES
La segunda gran propuesta de la derecha pro-Confiep en esta “reforma laboral” es reducir lo que ellos llaman “sobrecostos laborales”, nuevamente un eufemismo para un recorte de gratificaciones, vacaciones, CTS y contribuciones a la seguridad social que son parte del ingreso real y social de los trabajadores.
El término “sobrecostos laborales” no se usa ni en organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial o la OIT ni en los artículos académicos de la ciencia económica. En todas partes del mundo, el trabajo formal incluye contribuciones a la seguridad social, vacaciones y gratificaciones como parte del costo del trabajo. Una vez más hay que señalar que lo que se paga a un trabajador en nuestro país no es demasiado alto. En el Perú – según un estudio de la OCDE – las empresas formales pagan menos por el trabajo que en Argentina, Brasil, Chile, México o Panamá, para no compararnos con los países desarrollados. No por gusto los trabajadores peruanos reciben apenas 20 por ciento del PBI, 10 puntos menos que antes de Fujimori, mientras que en el muy desigual Estados Unidos es causa de preocupación que la participación del trabajo en el PBI ha caído de 66 por ciento a 60 por ciento.
Frente a este tema, la estrategia de la derecha neoliberal pro-Confiep ha sido apuntar a los jóvenes. Su primer intento fue con la Ley Pulpín de Humala-Segura, que quitaba a la juventud las gratificaciones, CTS y la mitad de las vacaciones. El segundo intento fue la Ley Pulpín 2, promovida por PPK y sus amigos, que ofrecía que esos costos los asumiera el estado, promesa poco creíble cuando las deudas de entidades públicas a EsSalud suman 2 mil millones de soles.
CHOLO MÁS BARATO NO TRAE MÁS EMPLEO
La argumentación neoliberal siempre ha sido que “a trabajo más barato, más empleos”. Nuevamente, tal hipótesis no tiene bases históricas ni internacionales. No se cumple que los países donde el salario es más bajo el empleo formal es más alto, sino al revés. Tampoco ha sucedido en nuestra historia nacional. Lo dominante es, por el contrario, una mejora simultáneamente de los salarios y el empleo.
Es que el trabajador no es sólo un costo para el empleador. Es una persona que bien tratada le pondrá ganas a producir más y, sobre todo, en estos tiempos donde la calidad es tan importante, mejor. La suma de los salarios a su vez sostiene la demanda interna, y por eso a salarios reprimidos como sucede hoy en el Perú corresponde una industria subdesarrollada y estancada debido a la falta de mercado donde vender sus productos. Tampoco hay que olvidar que la política del “cholo barato” es opuesta a lo que hoy domina el mundo: el avance tecnológico. Está claramente demostrado ya que si la revolución industrial comenzó en Inglaterra, eso fue porque ahí los salarios eran más altos y los empresarios necesitaban nuevas tecnologías para aumentar la productividad del trabajo. Promover el cholo barato en vez de buscar el avance tecnológico no es una buena receta para la economía nacional, aunque en el corto plazo pueda aumentar las ganancias empresariales.
FACILIDADES PARA DESPEDIR
El tercer proyecto clave de la “reforma laboral” de la derecha pro-Confiep es facilitar el despido de los trabajadores. Les caen particularmente mal los “cholos respondones” que reclaman sus derechos. Para disciplinarlos, nada más efectivo que el despido: el que quiere hacer un sindicato, presenta un reclamo o denuncia al periodismo alguna trafa empresarial, de patitas a la calle. Eso les ayuda, además, a mantener los salarios bajos.
Dicen ellos que despedir en el Perú es muy difícil. Ocultan que por cada trabajador de empresas privadas formales con contrato indefinido, hay de 4 a 6 contratados a plazo fijo a los cuales ni siquiera tienen que “despedirlos”, simplemente se termina su contrato y chau, están fuera sin indemnización ni trámite alguno. Hasta en las megaempresas mineras de exportaciones billonarias, hay cuatro veces más trabajadores por “contrata”, es decir en “services”, que en planilla. Por eso hoy en el Perú hacer un sindicato es enormemente sacrificado y hay centenas de trabajadores que intentaron organizarse que fueron despedidos.
Tampoco es cierto que sea muy costoso despedir a un trabajador de esa pequeña minoría que tiene contrato indefinido: la ley establece una veintena de causales, por razones individuales o de la empresa para despedir justificadamente, y las empresas solo deben pagar una indemnización cuando se trata de un despido injustificado. Pero aún en este caso, para reclamar que se trata de un despido injustificado los trabajadores deben ir a un poder judicial que se demora 4 o 6 años en dar una sentencia firme, razón por la cual muy pocos lo hacen.
REFORMA LABORAL
Con su idea de “reforma laboral”, la derecha pro-Confiep propone radicalizar el neoliberalismo económico que sufrimos desde hace 26 años, desde ese 5 de abril de 1992 que recordaremos nuevamente esta semana. Pero ya tuvimos, con PPK, el gobierno más cercano a la Confiep posible, incluyendo a la vicepresidenta de Confiep Cayetana Aljovín en tres ministerios. Es hora de un cambio en serio.
Claro que se necesita un cambio en la legislación laboral. Pero uno que restituya derechos a los trabajadores, no que los recorte aún más. Que al menos cumpla lo prometido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Que permita a los trabajadores organizarse y presentar sus reclamos sin miedo. Que abra el camino a una mejor distribución de los ingresos y de esa manera, con salarios más justos, ampliar el mercado interno y promover la industria, generar avance tecnológico y tener trabajadores más comprometidos. Y de paso, que en un Perú un poquitín más justo, podamos empezar a recomponer nuestra confianza en la democracia.
Pero quizás más urgente sea reactivar el empleo: se perdieron 160 mil empleos el año pasado, pero si a eso sumamos la cantidad de jóvenes que entran a buscar trabajo entre el 2017 y el 2018, los empleos necesarios pasan el medio millón. De esa magnitud es el reto. Para eso hay que reanimar la industria y la construcción con un gran impulso de la inversión pública y con menores tasas de interés, relanzar un plan integral de diversificación productiva, facilitar el crédito y la tecnología a nuevos productores, apoyar el agro, el turismo y los servicios. Crear masivamente empleos es el principal reto económico de Vizcarra y en el que éste no puede fallar.
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