¿SEGUIMOS CON APPS CORRUPTAS?
En recuerdo de Roberto Machado de quien proceden muchas de las ideas acá vertidas
Un par de semanas atrás, el ministro de economía y finanzas organizó un gran evento de auto-bombo en torno a su Plan de Competitividad. El presidente Vizcarra fue pero inteligentemente evadió la ‘papa caliente’ de ese plan que plantea quitarnos las gratificaciones de julio y diciembre bajo el engaño del ‘prorrateo’. Prefirió dedicarse a hablar del “Plan Nacional de Infraestructura”, resaltando el monto de inversiones que propone y el listado de obras. En esa presentación, Vizcarra ocultó que en la lista de 52 obras por casi 100 mil millones de soles no hay un solo colegio ni un solo hospital.
La segunda notoria omisión de Vizcarra fue la prioridad dada a que las carreteras, puertos y represas sean privatizadas mediante las llamadas ‘Alianza Público-Privadas’ (APPs) pagadas por el estado, igual como se han hecho las Interoceánicas Sur y Norte y Olmos con enormes sobrecostos tras millonarias coimas pagadas por Odebrecht, Graña y Montero y asociadas.
APPS PARA LA CORRUPCIÓN
Increíblemente, el Plan nacional aprobado pretende que dos terceras partes de la infraestructura se haga mediante estas APPs a pesar del alto nivel de corrupción generado en ellas.
Cómo no recordar que el aeropuerto de Chinchero fue contratado como APP con la empresa Kuntur Wasi, que luego quiso levantarse varios cientos de millones de dólares elevando los costos financieros absurdamente, y que tras la indignación ciudadana PPK en persona insistió para que el estado les ponga más del 80 por ciento del capital necesario. No era la primera vez que PPK hacía trafa de esta manera; como ministro de Toledo aprobó los contratos de APPs de Odebrecht para la Interoceánica y para Olmos, haciendo que luego de firmado el contrato el estado cubriera buena parte de los riesgos y costos financieros con bonos garantizados y pagos adelantados de la obra mediante un mecanismo llamado los CRPAOs, por cuyo “diseño” el mismo PPK cobró (vía su empresa Westfield Capital).
La lista de escándalos en APPs es larga. Empezó con la llamada “Vía Expresa del Callao” de Alex Kouri, quien hoy está en prisión por ese robo (15 años atrás cuando aún era alcalde Kouri me enjuició por difamación por denunciar tal latrocinio). El robo en los peajes urbanos no acabó ahí, repitiéndose con Odebrecht y OAS en Lima, donde aún continúan. A estas obras el ministerio de economía y finanzas las llama “APPs autofinanciadas”, como si no fuéramos los peruanos quienes pagamos el robo cada vez que pasamos por la caseta de peaje y como si estos sinvergüenzas no hicieran caja con las tarifas que nos cobran mucho antes de invertir, caso del aeropuerto Jorge Chávez cuya segunda pista aún no empieza a construirse aunque el consorcio LAP se embolsa las tarifas cobradas a los usuarios (incluidas en los pasajes) desde hace ya 18 años.
Estos mecanismos financieros que facilitan el robo en las APPs son importantes por dos razones. La primera es que estas cláusulas financieras no aparecen en las obras públicas sino sólo en estas obras privatizadas de APPs. En las carreteras y obras hechas por inversión pública no es raro que haya corrupción, pero en las APPs o concesiones privatizadas nos pueden robar dos veces, una en el monto de la obra y otra en el financiamiento. Parece obvio que conviene limitar las oportunidades de robo, ya que como dicen “en arca abierta el justo peca”.
FACILIDADES PARA LA CORRUPCIÓN EN LAS APPS
La segunda es que la ley actual, establecida por PPK para “destrabar” estos robos (DL 1251) y perfeccionada por el actual ministro del MEF Carlos Oliva (DL 1362), permite que se firmen contratos y adendas sin los controles mínimos.
Por ejemplo, el DL 1362 establece que “todas las fases de una Asociación Público Privada, incluyendo las modificaciones contractuales…se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos”. En otras palabras, los funcionarios de Pro-Inversión deciden a su antojo, y no solamente en la fase de planeamiento y contratación, sino también en todas las “adendas” que quieran añadirse posteriormente.
Los plazos para evaluar las propuestas de las grandes contratistas son perentorios, las opiniones de los organismos reguladores no son vinculantes y si cualquier organismo del gobierno no emite su opinión en 10 días simplemente se pasa por encima de ellos. Pro-Inversión y los comités privatizadores pueden evaluar sentados juntos a las grandes empresas privadas los cambios que éstas piden a los contratos, pero la Contraloría General de la República no puede ni siquiera presentar una opinión sobre temas técnicos.
La ley actual ni siquiera obliga a que estas obras sean sujetas a una licitación sino que puede ser cualquier “mecanismo competitivo” (art 34.1 de DL 1362), el que puede definirse por unos funcionarios “en el ámbito de la discrecionalidad”, es decir cómo quieran. Así, es perfectamente posible que haya un solo postor o dos postores que en realidad están amarrados entre sí, o que se modifiquen las condiciones e información para concursar horas antes del plazo (cosas que pasaron en las Interoceánicas cuando PPK era ministro al mismo tiempo que recibía millones de Odebrecht).
Peor aún, tras todo este manto de corrupción estas trasnacionales, gracias a que tienen “contratos–ley” y “garantías de inversiones”, pueden demandar al estado peruano en fueros internacionales, caso de Kuntur Wasi que nos ha enjuiciado por Chinchero ante el CIADI (organismo creado por el Banco Mundial).
MANDATO PRIVATIZADOR
Siguiendo la misma política inaugurada por Alberto Fujimori, el “Plan Nacional de Infraestructura” y la ley de APPs tienen un claro sesgo privatizador. Es decir, considera que si algo viene de la gran empresa privada, automáticamente es mejor. Olvidan que, por poner dos proyectos claves, la masificación del gas y la Red Dorsal para descentralizar internet, fueron contratados por APPs y no funcionan.
En este Plan los proyectos no han sido priorizados exclusivamente en función del interés público y el desarrollo nacional, como debe ser, sino que las obras propuestas por empresas privadas tienen automáticamente mayor prioridad. En otras palabras si Odebrecht, OAS o Graña y Montero dijeron que una obra les gusta, esa sola declaración levanta ese proyecto entre las prioridades nacionales. Increíble, pero cierto.
Hace años, además, que ya se quitó la obligación de que haya un “comparador público-privado” que determine si no es más económico hacer el proyecto como inversión pública. Nuestros neoliberales del MEF no quieren saber si es así porque eso acabaría con algunos grandes negocios.
Por cierto, bajo la ley vigente de APPs también hay obras que no están priorizadas ni planeadas por el estado sino que la presenta la gran empresa porque le conviene. Ojo que estamos hablando de contratos en los cuales el estado va a poner una parte (que como pretendieron en Chinchero puede ser de más del 80%) o la van a financiar con lo que nos cobren de peajes o tarifas a los usuarios, es decir que las pagamos todos los peruanos aunque quien decide es la gran constructora privada. En este caso si nadie objeta en 90 días (según DL 1251) ya el contrato solo puede ser con quien tomó la iniciativa, plazo muy corto que impide que haya reales posibilidades de competencia.
También dice el DL 1362 que “El inversionista puede explotar los bienes objeto del contrato de Asociación Público Privada, directamente o a través de terceros”; es decir alguien puede actuar simplemente como intermediario, lo que obviamente tiene sentido sólo si actúa como el ‘contacto’ de la corrupción igual que en los negociados de compra de armas. Además el privado que se hace de uno de estos contratos puede vender libremente su parte del contrato; eso es justamente lo que hizo OAS con su contrato-robo de la “Línea Amarilla”, antes que la justicia la caiga encima lo vendió. Ahora fue vuelto a vender y el nuevo dueño dice que no tiene nada que ver con la corrupción y por eso tiene derecho a seguir robándonos en los peajes. De esta manera, aunque Odebrecht, OAS, Graña y Montero, COSAPI o cualquier otra empresa de pésima reputación no esté en el contrato original, igual pueden ser después las que cobran.
Hay también que decir que la ley de APPs establece que si dos proyectos, digamos una de la municipalidad y otra privatizada a alguna empresa del “club de la corrupción”, requieren permisos, el funcionario público está obligado “bajo responsabilidad” a otorgarle prioridad en los permisos y licencias que requiera a la coimera.
PÉSIMA APUESTA – OTRA VEZ
Cuando PPK inició su gobierno, su gran apuesta fue el “destrabe” de estos granes proyectos privatizados vía APPs. Fue un desastre. Les daba ventajas a los contratistas corruptos pero estos querían más y más. PPK llevó Chinchero al extremo del robo pero la ciudadanía lo detuvo. Pero ahí se cayeron dos cosas: el gobierno de PPK y sus magras posibilidades de reimpulsar el crecimiento económico. Sacrificó la inversión pública esperando que la inversión llamada “privada”, subsidiada y pagada por el estado en obras de infraestructura, sacara a la economía del estancamiento. No funcionó.
La misma política se repite ahora. Vizcarra, siguiendo a Carlos Oliva y el neoliberalismo de la Confiep, hace la misma apuesta privatizadora. Por este camino, el naufragio económico está asegurado. Ojalá que tenga más inteligencia y capacidad en la lucha contra la corrupción aprofujimorista.
PD: Nos vemos mañana en la marcha 3 pm. ¡QUE SE VAYAN TODOS!
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