El gobierno ha nuevamente pedido al Congreso bajo mayoría fujimorista que le deleguen facultades legislativas. En el clima político que vivimos, con encopetados empresarios en la cárcel, locales de Keiko allanados por contabilidades trafa y un PPK aceptando que cobró de Odebrecht aunque antes lo había negado ¿a qué apunta este pedido firmado por Mercedes Araoz y Pedro Pablo Kuczynski?
En primer lugar, hay varios temas sobre los cuales este mismo gobierno pidió y obtuvo facultades legislativas hace apenas un año en materia económica. Resalta, por ejemplo, el pedido de dar leyes para “hacer más eficiente el trámite de proyectos de Alianzas Público-Privadas”. Sobre eso ya pidieron facultades, se les otorgó, sacaron varios decretos. ¿Otra vez? Pedir nuevamente facultades sobre lo mismo es reconocer que lo hicieron mal o querer insistir en algo derogado por el Congreso, lo que sería absurdo. Por otro lado, la corrupción en las APPs encargadas a Odebrecht y socias y el fiasco del aeropuerto de Chinchero en el que este gobierno firmó una adenda muy cuestionable, claramente indican que este asunto merece amplia discusión ciudadana y no decretos hechos entre cuatro paredes y promulgadas entre gallos y medianoche, o quizás en la medianoche de la misa de gallo.
Sobre este tema, el pedido de PPK también incluye el poder legislar sobre “proyectos promovidos bajo distintos marcos legales”, es deicr, sobre todos los proyectos de todo tipo. Licitaciones públicas, obras por impuestos, promoción de inversiones privadas, todo podría modificarse de cualquier manera por el Poder Ejecutivo.
También piden que en las APPs, puedan cambiar las leyes para que las grandes empresas privadas puedan participar en la formulación, estructuración y transacción de los proyectos. O sean que los lobbies que tanto daño nos han hecho puedan estar encerrados negociando con el MEF las mejores condiciones para ellos. ¿Es en serio? ¿Luego de los escándalos de corrupción conocidos y de que PPK reconociera que cobró asesorías a Odebrecht?
No para ahí. PPK y Araoz también piden poder dar leyes en varios temas muy sensibles en la lucha contra la corrupción. Uno es en el tema de las detenciones preventivas, escondido en el texto del proyecto de ley como “optimizar la regulación de la tutela cautelar para fortalecer la lucha contra la corrupción”. Posiblemente esto en realidad signifique “como sacar cinco empresarios sinvergüenzas de la cárcel”. Como el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, ha sido 9 años como director de Graña y Montero, empresa cuyos mandamases están con detención preventiva, ahí tienen una gran coincidencia de intereses con el fujimorismo.
Otro es el tema de la reparación civil que deben pagar Odebrecht y demás socias, presentado en este caso bajo el rebuscado membrete de “articular la respuesta del estado…en la cautela del pago de la reparación civil a favor del estado”. Hoy eso está regulado por el DU 003 que sacó este mismo gobierno, cuyo procedimiento está dificultando que Odebrecht pueda vender sus acciones en varias inversiones incluyendo Olmos, el proyecto por el que PPK cobró a la corrupta empresa brasileña y que ya tiene un comprador interesado. ¡No se pasen!
Finalmente, quieren tener carta libre para “Modificar la ley de contrataciones del estado”, es decir, todas las normas de licitaciones y compras de bienes y servicios, en las que se han dado tantas corruptelas.
Encima, quieren nuevamente engañarnos diciendo que es un pedido “acotado” y “preciso”. Mentira. Hay más de 37 artículos e incisos describiendo todos los ámbitos, muchos muy amplios, en los que quieren poder dar leyes sin someterlos previamente a escrutinio público.
PPK ha pedido una reunión con Keiko. Si llegan a un arreglo, esta será la forma de hacerlo realidad: pactarán facultades legislativas y sacarán decretos bajo la mesa.
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