IMPUESTO
El tema tributario se ha vuelto central en la agenda económica del gobierno. Así lo han planteado tanto el ministro de economía David Tuesta como el premier César Villanueva, y con cierta razón, ya que la presión tributaria ha caído fuertemente en los últimos años hasta un nivel ínfimo de 13 por ciento del PBI. Con ese nivel de recaudación no se puede sostener la educación, la salud pública, la seguridad ciudadana y la infraestructura básica.
En el corto plazo, para reactivar la economía, generar empleo y retomar la reducción de la pobreza, es indispensable dar un fuerte impulso a la inversión pública. Para algunos analistas ésta no ha crecido sólo por un tema de ineficacia gubernamental y la “mala suerte” de que los escándalos de corrupción han paralizado algunos proyectos. No es así. Alfredo Thorne recortó el gasto público el 2016 y lo mismo hizo Claudia Cooper a fines del 2017, y cuando el MEF cierra el caño presupuestal es totalmente efectivo.
En la política fiscal David Tuesta habla con una ambigüedad escondida: al mismo tiempo que insiste en la inversión pública asegura que cumplirá la meta de déficit fiscal. Pero ambas metas pueden volverse contradictorias. Si como sus antecesores prioriza el control del déficit, de no lograr un aumento de la recaudación cortará la inversión pública (los despidos de CAS que anuncia no logran ahorrar gran cosa). Esta política fue aprobada por la mayoría fujimorista en el congreso en la llamada “ley de endeudamiento” anual. Ojo que no es el único camino, otra opción es priorizar la inversión pública aunque ello aumente temporalmente el déficit.
RECAUDACION 2018
Regresemos a la política tributaria de corto plazo. El ministro Tuesta ha deslizado que se viene un alza del impuesto al diésel y otros combustibles, lo que según el BCP podría lograr una recaudación adicional de 2 mil millones de soles. Esta es una forma fácil de lograr más ingresos para el fisco, ya que es fácil de controlar y la evasión es baja, pero es un impuesto que inmediatamente se traslada al consumidor mediante un alza de precios, restando capacidad adquisitiva y generando un efecto recesivo. No por gusto Tuesta apenas si insinúa esta medida con frases indirectas referidas a sus efectos ambientales, en vez de decirlo abiertamente.
Las otras frases resaltantes de David Tuesta han sido en relación a la evasión y elusión. Hace bien, ya que el estado debe ponerse mucho más fuerte frente a quienes dejan de aportar al estado lo que les corresponde. Una primera política indispensable al respecto es “darle dientes” a la legislación antielusiva contenida en la Norma XVI del Código Tributario, algo que se aprobó pero luego por la oposición de la Confiep fue “congelada” por Ollanta y PPK. No se puede olvidar, sin embargo, que la responsabilidad del aumento de la evasión en estos dos años la tiene actual jefe de la SUNAT, Víctor Shiguiyama, destacado colaborador de Keiko Fujimori. Un caso que se le ha “pasado por la huacha” es la billonaria venta de la mina Las Bambas por parte de Glencore, en la que hubo una evasión de impuestos tan grave que, a juicio del ex – fiscal supremo Avelino Guillén, constituyen un delito. Aunque hay cientos de millones en juego, quienes se dieron cuenta tras analizar documentos hechos públicos con la revelación de los llamados “Panama Papers” fueron investigadores periodísticos, no la SUNAT, y aún estamos a la espera que la SUNAT haga algo.
DEVOLUCIONES Y EXONERACIONES
El aumento de las devoluciones tributarias a la minería de 2 mil millones a 6 mil millones de soles anuales entre 2014 y 2017 bajo la gestión de Shiguiyama también requiere mirarse con mucho cuidado. Es increíble que con el precio del cobre encima de los 3 dólares la libra, a las mineras entre 2016 y 2017 se les ha devuelto todo lo que pagaron de impuestos y otros 800 millones de más, de tal manera que el estado por la minería no gana sino que pierde dinero.
Pero este tema no está en la mira del gobierno sino las exoneraciones, es decir el beneficio especial de algunos sectores de no pagar determinados impuestos, que suman 16 mil millones de soles anuales, y en estos primeros años de PPK fueron mantenidas sin que el fujimorismo diga ni pío. Perdón, no solo eso: el fujimorismo incluso presentó un proyecto de ley de Karla Schaefer para regalarle mil millones de exoneraciones de impuestos a la chilena Lan.
Desde luego, quienes son favorecidos por estas normas defienden estas exoneraciones a capa y espada, inventando cualquier argumento posible. Una semana atrás Aldo Mariátegui dijo que sería mi culpa, el de este modesto escribidor, si luego de quitarles las exoneraciones las universidades privadas-negocio de baja calidad subirán sus precios o los bancos elevaran sus comisiones, como si yo fuera dueño, gerente o tesorero de semejantes monstruos y ellos no tuvieran ya tremendas ganancias de donde aportar un poco más al fisco: debo agradecerle que piense que soy tan importante.
La cuestión es que el sistema tributario peruano es bastante injusto, con una baja carga de impuestos a las ganancias empresariales o a las grandes riquezas que son los más redistributivos. No lo digo solo yo, por cierto, lo dice la OCDE, ese exclusivo club de países ricos insospechable de cualquier izquierdismo. Es el colmo que los yates no paguen impuestos y que quienes tienen varias casas en playas muy exclusivas de alto precio no colaboren de manera justa.
Eliminar las exoneraciones al impuesto a la renta debiera estar en la primera mira del gobierno. El impuesto a la renta de tercera categoría es el que se cobra sobre las ganancias empresariales y su tasa es actualmente del 29,5 por ciento. Pero resulta que, en la actualidad, en la amazonia se paga un tercio de eso, los agroexportadores pagan la mitad y las universidades-negocio no pagan nada. Que las condiciones de estos empresarios sean realmente tan difíciles que necesitan una ayuda especial es algo realmente muy discutible, pero si tienen altas ganancias quiere decir que les está yendo muy bien, ¿por qué no debieran aportar una parte de esas ganancias como cualquier mediano o pequeño empresario?
El mayor problema con estas exoneraciones no es la discusión académica, sino la fuerza política de quienes se ven beneficiados por ellas. En el caso de la agroexportación un destacado beneficiario es José Chlimper, el secretario general de Fuerza Popular, quien es dueño de Agrokasa – aunque la empresa esté a nombre de unas empresas extrañas en tres paraísos fiscales distintos, ¿porque será?. Esos beneficios especiales los recibe Chlimper gracias a una ley dada cuando él mismo fue ministro de Alberto Fujimori. Yo soy de los convencidos que el desarrollo del agro es bueno para el Perú, es más, es indispensable, pero de ahí a regalarles cientos de millones a unos pocos millonarios hay una gran distancia. Si se quiere apoyar el agro las prioridades deben ir en mejores sistemas de riego, apoyo a la tecnificación de la agricultura familiar con Sierra Productiva o Haku Wiñay y promover nuevos productos con los CITES. Es injustificable que mientras un millón de campesinos siguen sin apoyo del estado, éste regale doscientos millones a un grupo de grandes exportadoras que hoy no necesitan ese subsidio.
Otro sector que tiene sus defensores políticos son los dueños de las universidades-negocio. Cesar Acuña es uno de ellos. En un círculo vicioso, no paga impuesto a la renta, gana “plata como cancha”, que luego usa para conseguir apoyo político para seguir sin pagar impuestos. Pero no es el único con apoyo en el Congreso. El congresista fujimorista Miguel Elías ha sido elegido reemplazando a su hermano José Luis Elías, dueño de la Universidad San Juan Bautista, otra universidad de dudosa calidad. El congresista fujimorista Osías Ramírez, hermano de Joaquín Ramírez, son sobrinos del dueño de la Universidad Alas Peruanas con quien han hecho grandes negocios (hasta que se pelearon). Así, mientras las universidades públicas, institutos superiores y colegios del estado tienen bajísimo presupuesto, el estado regala más de 1,900 millones a dueños de instituciones educativas privadas, la mayor parte de ellas de baja calidad.
Las mineras también tienen beneficios especiales como la depreciación acelerada de inversiones, que les permiten durante los primeros años de operación de la mina su pago de impuesto a la renta sea nulo. Las mineras tienen toda una bankada a su favor, habiendo aportado para la campaña de Keiko el 2011 (como parte de la bolsa de 2 millones de dólares de Confiep a la que Odebrecht colaboró con 200 mil según reveló Jorge Barata) y con Yanacocha habiendo puesto plata para las campañas de congresistas como Luis Galarreta y Cecilia Chacón.
Habrá que ver si, al final del día, el gobierno Vizcarra se habrá impuesto sobre estos poderosos intereses, o seguiremos con una educación, una salud pública y una infraestructura pésima debido a que el estado no gasta lo mínimo necesario en ellas.
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