“La Vida No Vale Un Cobre”

Ahora que estamos en medio de un muladar de mugre y corrupción y hay anuncios de nuevas inversiones mineras, sale a luz el documental multimedia “La Vida No Vale Un Cobre” sobre la contaminación con metales pesados y sus efectos sobre la salud en Espinar. Yo no sabía bien que era eso de “documental trasmedia”; pues resulta que es una colección de documentales cortos y entrevistas, mezclados con animaciones e infografías explicadas conteniendo los principales datos e informaciones de estudios, en ese formato tiene la ventaja de que puede verse todo de un tirón – cual pegada a serie de Netflix – o en cómodas partes.

Los datos son de terror. Un estudio del CENSOPAS – Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud, señala que el 2010 “se evaluaron a 506 personas, 352 mujeres y 154 hombres…Los resultados arrojaron que el 97.3% de la personas evaluadas tenían plomo en la sangre, 50.2% tenían cadmio, 45.6% tenían mercurio y 65.6% tenían arsénico…casi toda la población evaluada está expuesta a, por lo menos, un metal tóxico que conlleva un riesgo importante a la salud humana”, según el resumen de Amnistía Internacional. Aunque el 2012 hubo protestas en la zona, “CENSOPAS no hizo públicos ni entregó los resultados individuales de los análisis de sangre y orina a las personas estudiadas en 2010, sino que lo hizo tres años después, y sólo tras los reclamos y demandas de las personas evaluadas ante instancias del Estado”.

No ha sido la única acción anti-ética del Censopas. Unos años después (2013) hizo otro estudio, para el cual pidió a la gente consentimiento en relación a 6 metales pero estudió otros 11 más sin decírselo a las personas, cuyos resultados se mantuvieron ocultos y sólo se entregaron dos años después, ilegalidades frente a las cuales la Contraloría brilla por su ausencia. Este estudio encontró, en muestras de 180 personas, presencia de arsénico (100%), cadmio (90%), plomo (100%), manganeso (70%), mercurio (88%) y talio (100%); no sabemos de los otros 11 metales evaluados porque ello no consta en el informe oficial. El agua estaba contaminada. La corrupción como se ve, no está sólo en el Poder Judicial y el CNM; es indignante que una institución dedicada a la salud pública no informe a personas que tienen serios riesgos de salud y siga poniendo sus vidas en juego en aras de las ganancias mineras.

Melchora y Vidal

La campesina Melchora Surco, una de las primeras mujeres que da testimonio, lucha e insiste en el daño que los metales están causando en la salud de las personas de la zona y de sus animales. La valentía de Melchora en insistir, reclamar y no darse por vencida es admirable. Pero también en esta historia hay un periodista valiente, llamado Vidal Merma, el que dudo haya recibido ningún dinero de la publicidad estatal que hoy se dice es fundamental para la libertad de prensa. Quienes conocemos la zona sabemos que lo que sucede es todo lo contrario, que la enorme mayoría de radios y programas radiales en Espinar están comprados por la mina para negar los hechos, denigrar a los opositores y apoyar a los candidatos pro-mina. El documental muestra como la familia de Vidal merma vive atemorizada y su menor hijo está preocupado por lo que les pueda pasar dada una larga historia de amenazas y ataques de diverso calibre.

Respecto de la situación de contaminación y salud en Espinar, el documental muestra como las preocupaciones y reclamos de las familias campesinas tienen ya muchos años,  a pesar de lo cual se ha impedido que se hagan los estudios adicionales que demuestren los orígenes de la contaminación (algo a lo que el estado se comprometió en las mesas de diálogo de hace 6 años) y no se atiende las necesidades de salud de la gente que les genera el tener ese plomo, cadmio, mercurio y arsénico en la sangre.

La contaminación en la zona proviene desde la mina Tintaya, desarrollada en la zona ya hace más de treinta años. Desde cinco años atrás hay ahora una nueva mina en la zona, Antapaccay, proyecto que se hizo por cierto sin la consulta previa a los pueblos originarios de la zona. Pocos saben que en esa región se asienta el pueblo K’ana, un pueblo andino pero con sus propias costumbres y cultura, que en su tradición histórica remarca el hecho de no haber sido conquistados por los incas – tenían un pacto en el cual ellos aportaban guerreros a los ejércitos incas, y donde resalta el complejo arqueológico de Kanamarca (muy interesante, recomiendo lo visiten).

Tampoco hay que olvidar la historia reciente. Las protestas en Espinar del año 2012 fueron respondidas por el ”nacionalista” Humala, entonces con el gabinete del general (r) Oscar Valdés, asesinando a dos pobladores, algo por la cual ningún miembro del orden ha sido juzgado (murieron por balas disparadas a decenas de metros de distancia). Hay de por medio un convenio entre la empresa minera y la policía nacional por el cual el comisario recibe un sueldo extra y los policías también, pagados por la minera. La comisaría queda dentro del terreno de la mina, con lo cual cualquier atisbo de independencia y neutralidad queda desvirtuado. La terrible realidad es que en estas zonas, como en otras, la policía nacional está privatizada a favor de las empresas mineras, que tienen su propia “fuerza de ocupación” pagada en parte por el estado peruano. En vez de investigar a los responsables el gobierno Humala, en actitud totalmente contraria a la democracia, optó por acusar al alcalde Mollohuanca y a varios dirigentes sociales, otro crimen por el que Humala debiera pagar – pero no lo hará, porque en este caso actuaba en favor de los poderosos intereses mineros y la ultraderecha fascitoide. Recordando ese momento tampoco hay que olvidar que Verónika Mendoza, entonces congresista, tras salir en defensa del pueblo espinarense fue acusada ante la comisión de ética del congreso en una alianza de los humalistas con fujimoristas y apristas, supuestamente por mentir cuando solo estaba divulgando los estudios que hoy sabemos eran ciertos.

¿De nuevo la misma historia?

Un nuevo ciclo de inversión minera se anuncia, aunque no sabemos ni su fuerza ni su duración. La cuestión es que varios de los problemas que se generaron en el ciclo anterior, reflejados en la contaminación en Cerro de Pasco, La Oroya y Espinar alrededor de las cuales el estado no ha investigado, controlado ni remediado, siguen presentes. Como a nivel nacional, en la minería también nuestras instituciones de barro permiten un crecimiento que deja un fuerte rastro de mal olor.

A pesar de que las evidencias de serios problemas de salud ambiental en torno a la minería siguen acumulándose, el Ministerio de Salud muestra una dejadez absoluta frente a este tema, una omisión criminal y francamente sospechosa. Criminal, sí, porque de lo que estamos hablando es de centenares de niños, mujeres y adultos que al tener plomo, cadmio o mercurio en la sangre, tiene muchísimas más probabilidades de desarrollar cánceres, enfermedades neurológicos y otros graves daños sobre la salud, y mientras eso pasa, el ministerio de la salud bien gracias. Sospechoso, sí, porque la falta de estudios detallados, incluyendo la investigación ambiental y el seguimiento clínico de los enfermos, permita que las empresas contaminadoras sigan “libres de polvo y paja”, sin asumir ninguno de los  daños ocasionados ni establecer los procedimientos necesarios para controlar la contaminación.

La historia de La Oroya nos muestra como acaban estas situaciones: con las empresas sinvergüenzas dejando la empresa quebrada luego de haberse llevado cientos y miles de millones de dólares de ganancias, los pasivos ambientales sin atender y las personas luchando por justicia contra el estado porque los responsables directos ya se dieron a la fuga. Las políticas económicas, con los paquetazos antiambientales de Humala y PPK y el deterioro continuo del Ministerio de Salud, su presupuesto y su rectoría, favorecen que este tipo de abusos sigan sucediendo.

“La Vida No Vale Un Cobre” resulta, en estos tiempos, un recordatorio indispensable, para que recordemos que la lucha contra la corrupción tiene también grandes intereses económicos que juega contra vidas humanas. Junto a la limpieza de la política y justicia nacional, no debemos permitir que un nuevo ciclo de inversión minera sea al mismo tiempo un nuevo ciclo de contaminación, daños a la salud, justificados reclamos campesinos respondidos con balas y pérdida de gobernabilidad democrática.