El miércoles pasado el presidente dio un mensaje a la nación donde señaló su balance del referéndum y su mirada al futuro. Estuvo bien Vizcarra en pedir rapidez y firmeza en las reformas contra la corrupción, en abrir el diálogo sobre reformas políticas necesarias y en resistir las presiones de una derecha pro-Confiep que quería recortar derechos laborales. Su diagnóstico de las políticas económicas y sociales, sin embargo, fue muy triunfalista, sugiriendo un continuismo que no se justifica.
Desde la derecha empresarial se viene presionando por una política de “cholo más barato”, lo que se expresa en la “Política de Competitividad” que el MEF ha promovido en el CADE. Incluso luego del último mensaje del presidente, el ministro de finanzas Carlos Oliva ha insistido en plantear ajustes a las vacaciones a pesar de que el presidente Vizcarra había dicho que el “gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral. El Consejo Nacional del Trabajo es un espacio clave de diálogo entre empresarios y trabajadores y el estado, para que puedan consensuar y sugerir políticas de empleo. Porque el crecimiento debe ser en beneficio de todos, y no de unos pocos”.
La mayor parte de trabajadores cobra por trabajar en el periodo vacacional o como una compensación terminado su contrato a plazo fijo, por lo que reducir las vacaciones no sería otra cosa que recortar los salarios reales de los trabajadores. Quienes así proponen ocultan que mientras un trabajador peruano no cuesta ni 7 mil dólares por año (equivalente a 1,800 soles mensuales), un trabajador argentino cuesta 27 mil dólares al año, un chileno 15 mil y un colombiano 9 mil. En toda Latinoamérica el promedio del costo laboral total es de 9,800 dólares, casi 50% más que en Perú, mientras que en la OCDE supera los 50 mil dólares al año (https://bit.ly/2KUetuw).
Desde esta derecha anti-laboral que domina el MEF, el pretexto para promover el recorte de derechos laborales es pretender que si se reducen los costos laborales se reduce la informalidad. Su objetivo real es elevar las ganancias empresariales. El verdadero problema de la informalidad es que en Lima hay actualmente 70 mil puestos de trabajo menos que hace tres años, mientras que si sumamos los jóvenes que se suman al mercado laboral peruano con la inmigración venezolana, hay un millón más de personas buscando chamba. Es obvio que si hay menos puestos de trabajo y hay muchos más jóvenes necesitando sustento, la resultante es que hay más gente buscando como sobrevivir en las calles.
Este es un tema central sobre el que Vizcarra no habló, aunque a las familias y jóvenes peruanos les importa mucho como está el empleo, que tan difícil es conseguir chamba y cuáles son las condiciones de trabajo e ingresos. Vizcarra calló sobre esto, evidentemente porque las noticias no son buenas, aunque un buen líder debiera reconocer también lo que está funcionando mal y plantear los correctivos necesarios. Hay que recordar que apenas 16% de peruanos creen que su economía ha mejorado con Vizcarra y 59% cree que la situación económica no mejorará el próximo año, mientras 60% cree que el gobierno puede hacer más en política económica para reactivar la economía (datos de Encuesta Pulso Peru).
¿Por qué no estanos generando más puestos de trabajo en los últimos años? Una mala política económica ha hecho que el crecimiento en sectores fundamentales en generar empleo está completamente detenido, como la construcción que se ha reducido en los últimos doce meses en 3 por ciento. La industria llamada “no primaria”, que es aquella vinculada al mercado interno y no sólo procesamiento básico de materias primas, no registra ni uno por ciento de crecimiento. Insistir en que el PBI crecerá este 2018 un 4 por ciento es como cuando a la selección nacional de fútbol le era “aún matemáticamente posible” clasificar aunque era tan improbable hacerlo que efectivamente nunca sucedía. Esto es claramente responsabilidad de Carlos Oliva y el MEF.
Una razón central para ello es que la inversión pública se ha reducido del 5.5 por ciento del PBI en 2012-2014 a apenas 4.6 por ciento este año, lo que significa más de 7 mil millones de soles de recorte presupuestal. Vizcarra ha dicho que este año la inversión pública aumenta 10 por ciento pero eso no corresponde a las cifras oficiales y oculta que hace pocos años el estado invertía mucho más que ahora. El MEF mantiene atracada la inversión pública es porque prefiere regalar el dinero a grandes empresarios mediante exoneraciones tributarias y luego insistir en la privatización vía APPs. Por su parte, el BCR de Julio Velarde, José Chlimper y Rafael Rey mantienen el crédito caro y difícil, frenando más la inversión privada.
Para generar empleos y mejorar la situación económica de las familias peruanas, es urgente una política de promoción de la agricultura, la industria, el turismo y las economías regionales diversificadas. Allí es donde pueden crearse cientos de miles de empleos. Hay que acelerar en serio la inversión pública en infraestructura, dar facilidades crediticias a las pequeñas y medianas empresas y al agro, apoyar la innovación tecnológica y mejorar en serio la educación y la salud pública con más presupuesto. Vizcarra ha avanzado contra la corrupción y debe seguir firme en ello, pero no debe dejar de lado esta necesidad de mejorar las economías populares.
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