Las declaraciones de la ministra de trabajo Sylvia Cáceres este fin de semana, donde repitió tres veces que no habrá recorte de derechos laborales, remarcó la continuidad con la gestión anterior de Cristian Sánchez, confirmó que toda medida pasará antes por el Consejo Nacional de Trabajo tripartito y puso sus prioridades en “la aprobación de una política nacional de empleo con especial énfasis en el empleo juvenil” y “la inspección de trabajo”. Una clara diferencia con el ministro de economía Carlos Oliva quien había lanzado propuestas provocadoras como reducir las vacaciones a 22 días, resaltar inexistentes sobrecostos laborales o facilitar los despidos. La movilización sindical del 15 de enero pasado, la más grande y con mayor presencia de sindicatos vista en dos décadas (estuve ahí), parece haber tenido sus efectos.
Podemos entonces empezar a discutir de competitividad un poco más en serio. Empezando por el tema de la corrupción donde, nuevamente, el ministro de economía tuvo una frase infeliz: “Si por combatir a la corrupción va a caer el PBI, bueno pues mala suerte”, cuando en realidad reducir la corrupción ayuda a la productividad global y el crecimiento económico, como lo muestran innumerables estudios y lo dice incluso su propio Plan Nacional de Competitividad, que parece no conocer. El problema es que como el ministro Oliva cree que combatiendo la corrupción se cae el PBI, se entiendo por qué no hace nada contra las constructoras corruptas, mantiene las Alianzas Público-Privadas aprobadas con trafa que nos siguen robando en los peajes y las tarifas eléctricas (caso Chaglla) y se duerme en el cobro de deudas a empresas que tapan corruptos como Telefónica. Por ese camino, con obras sobrevaloradas, sobrecostos en infraestructura y monopolios abusivos no vamos a mejorar nuestra competitividad ni en cien años.
Desde las economías populares, es necesario poner énfasis en las micro y pequeñas empresas y en las provincias, donde está la mayor parte de los trabajadores y prevalece la pobreza, pero que no son incluidas en la Política de Competitividad de Oliva. La oportunidad de promover negocios en turismo, agro y servicios en esas localidades se ve frenada por la falta de una buena conexión de internet, aspecto en el cual estamos muy atrasados según el índice de competitividad global. El Perú invirtió 320 millones en una red Dorsal para que ese intenet llegue a pueblos alejados, incluyendo colegios y centros de salud, pero ese proyecto está paralizado absurdamente. ¿Cómo puede ser competitivo en biocomercio de productos originarios o en turismo en el lago Titicaca sin internet? Imposible.
La cuarta política que nos parece central para la competitividad de pymes y empresas descentralizadas es la financiera. Apenas 5 por ciento de microempresas acceden al crédito, a costos elevadísimos. En Perú el “spread” o margen que los bancos le sacan a sus usuarios es de 14.4 por ciento, mientras el promedio del Asia es 4.9 por ciento y el promedio latinoamericano es de 8.8. Si el spread o margen de ganancia de los bancos del Perú fuera el de Chile, los préstamos en vez de estar costando 20 por ciento anual costarían la mitad de esa cifra. La diferencia entre lo que nos sacan los bancos peruanos y lo que sacan en promedio los bancos en Latinoamérica como spread suma diez mil millones de soles. Un tema en el cual la Plan nacional de Competitividad debe tomar medidas urgentes, teniendo como base que las AFPs tienen 70 mil millones de los trabajadores colocados en el exterior pagando comisiones en vez de invirtiéndose en el Perú.
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