Sí se necesita una nueva legislación laboral, pero el cambio debe ser pro-trabajador. El problema me lo resumió muy bien el trabajador que vino a mi casa a revisar el servicio de internet. Aunque pedí el servicio a una de estas grandes empresas telefónicas, este trabajador venía con logo de otra empresa: es lo que llamamos una empresa terciarizada, una forma como los grandes conglomerados se sacan de encima responsabilidades laborales. Este trabajador me dijo que había trabajado años en este tipo de servicios en una pyme, pero que estas no le pagaban “completito como debe ser”. Sucede que para los trabajadores de microempresas no hay derecho a gratificaciones, CTS ni EsSalud y solo mitad de vacaciones. Pero lo que “debe ser” es que se paguen esos derechos “completitos”. Ni los trabajadores de micro y pequeñas empresas ni los de empresas agroexportadoras reciben esos beneficios completos.
Resulta que el Perú no tiene una Ley General de Trabajo, sino una cantidad de leyes-excepción, otorgando ventajas especiales a las empresas de diversos sectores, sin una visión de conjunto. Por ejemplo, las empresas agroexportadoras solo pagan un tercio de contribución a EsSalud, subsidio que lo pagamos todos los asegurados con más colas y menos medicinas. ¿No es lógico que debiera haber una ley que vea como se conjugan todos los distintos sistemas laborales en el Perú? Pero la derecha pro-empresarial no quiere porque eso revelaría como tienen múltiples esquemas discriminatorias en diversas ramas y sectores, siempre contra el trabajador. Ese es uno de los principales puntos de una reforma laboral.
Otro asunto crítico son las 18 formas distintas de contratos temporales, con los cuales si te despiden no hay ningún derecho a reclamar ni indemnización. A eso hay que sumar además todas estas tercerizaciones abusivas: los trabajadores que atienden los reclamos de un servicio de internet debieran ser trabajadores de la gran empresa y no de una pyme. Es indispensable frenar y poner coto a las terciarizaciones y contratos temporales.
Hay varias otras medidas laborales urgentes, como facilitar la negociación por rama y promover los comités de salud y seguridad en el trabajo. No alcanza para más detalles acá. Lo importante es que hay que defender más al trabajador en vez de quitarle derechos como quiere la Confiep y el MEF bajo el pretexto de la “competitividad”.
Para avanzar en justicia social, hay que cobrar más impuestos a los ricos y sinvergüenzas, dar buena educación y salud para todos y garantizar derechos a los trabajadores, medidas redistributivas que ampliarán el mercado interno y apoyarán la reactivación y la industrialización. Para la competitividad y la generación de empleos, hay que reactivar la industria, el agro y la construcción con más inversión pública, crédito a bajos intereses e innovación tecnológica.
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