El punto de partida es espantoso. El caso de Héctor Becerril, mastín de Keiko, metido hasta el cuello con la mafia chiclayana es sólo una escena más del espectáculo que han dado los congresistas fujimoristas. Realmente daría vergüenza ajena sino fuera porque toda esa bazofia sigue en su curul y cobrando jugosos sueldos con nuestra plata. No es solo la bankada fujimorista: Edwin Donayre, general del ejército condenado a cinco años de cárcel por robar gasolina a su institución, hasta ahora blindado por la mayoría aprofujimorista, entró al congreso por Alianza para el Progreso. Los casos de “políticos choros” abundan; se trata de una epidemia.
El sistema de partidos políticos es tal desastre y podredumbre, que no cabe más conclusión que la urgencia de tirarlo todo a la basura (y muchas de su gente a la cárcel). Es más que algunos casos recurrentes. Es el sistema mismo. Por un lado, no hay realmente ya ningún partido que merezca llamarse como tal, es decir, que este mínimamente unido, donde todos o casi todos los candidatos principales hayan sido militantes, donde sus comités distritales y provinciales funcionen, con democracia interna y que tengan algún nivel de análisis y discusión colectiva sobre los grandes problemas del Perú y las alternativas para enfrentarlos. Si algún opinólogoenamorado del fujimorismo pensó que eso era un partido, ya está claro que no lo era y que ya de Fuerza Popular no queda casi nada. El Apra secuestrada por García no pasa de ser una “guardia dorada” tratando de evitar el encarcelamiento que merece. El partido PPK, que llegó al extremo de ponerse como nombre las iniciales de su candidato, ha mostrado estos días que no pasa de un pequeño grupo de oportunistas que se debate entre amistarse con Vizcarra para ver qué saca de ahí o traicionar totalmente su partida de nacimiento electoral.
Por otro lado, aunque pocos saben, tenemos hoy 23 partidos legales inscritos legalmente inscritos, la enorme mayoría de ellos absolutamente inexistentes excepto la formalidad legal. Varios de los 23 partidos tienen orígenes muy particulares. Por ejemplo, “Perú Patria Segura”, propiedad de Renzo Reggiardo, a quienes algunos recordarán como ex congresista y fallido candidato a la alcaldía de Lima. Cómo es que existe este último partido es revelador: Andrés Reggiardo, padre de Renzo Reggiardo, alguna vez fue encargado por Alberto Fujimori de administrarle uno de los varios partidos que armó en la década de los 90s. Luego de la debacle del fujimorismo el 2001, Reggiardo se quedó con la propiedad del partido. Digo propiedad porque eso es lo que es en realidad: no hay bases, no hay democracia interna, no hay plan de gobierno ni ideología ni nada: tan solo el registro de una inscripción, igualito que cuando alguien registra la propiedad de un carro o de un departamento. ¿Cómo han mantenido su inscripción? Resulta que hasta el 2015 se permitía que si 5, 7 o 10 partidos se aliaban, igual se mantenía la valla de 5 por ciento de votación para mantener la inscripción, de tal manera que aunque el partido en sí no tuviera peso alguno, seguía vigente.
A nivel regional, destaca el caso del Callao. El movimiento regional Chimpún callao fue fundado por Alex Kouri, en la cárcel por corrupción, habiéndonos robado varios millones en el peaje que estableció en la avenida Faucett. Luego le sucedió como alcalde y luego gobernador regional Félix Moreno, hoy condenado a 5 años de cárcel efectiva y fugado. Estos pajaritos han caído finalmente tras varios años en los que controlaban la corte superior y la fiscalía provincial, harta plata de por medio obviamente. Es decir, un partido regional con todos los pergaminos de ser un partido mafioso. Pero sigue inscrito legalmente, sigue presentando candidatos, como si nada hubiera pasado.
¿Cómo funciona esto hoy?
Varios de estos partidos funcionan como verdaderas ventas de registro de candidaturas a nivel descentralizado. Funciona así: si alguien quiere ser candidato a gobernador regional o alcalde, se aproxima a alguna de estos “partidos”, paga algunos miles de dólares por lo bajo a su dueño y listo. Hay que hacer algunos trámites formales, claro. Como la ley indica que un 80 por ciento de los candidatos deben ser elegidos por los militantes del partido, los dueños de estas inscripciones llaman a unas elecciones internas-bamba donde se elige a una lista única de unos pocos (pueden ser apenas 3) delegados en una lista única de sus patas, familiares y empleados. Estos pocos delegados luego firmarán unas actas donde dice que fue elegido fulanito para tal candidatura, cuando en realidad el dueño del partido cobró por esa nominación.
Las volteretas ideológicas en varios de estos casos son espectaculares. Por ejemplo, el partido llamado Democracia Directa postuló al radical de izquierda Gregorio Santos el 2016 para luego presentar al aprista Enrique Cornejo Ramírez en las pasadas elecciones generales. “Unión por el Perú”, partido fundado por Javier Pérez de Cuéllar que por medio de diversas artimañas ha terminado siendo propiedad del oscuro José Antonio Vega, pasó de ser vehículo de la candidatura de Ollanta Humala el 2006 a aliarse con Luis Castañeda Lossio el 2011 y a sustentar la candidatura de Esther Capuñay a la alcaldía de Lima el año pasado, siendo esta señora la heredera del emporio mediático de Radio Exitosa.
El 2015 se aprobó una deseada reforma para que, si varios partidos entraban en alianza, la valla de votos que debían pasar para mantener su inscripción se elevara. Pero poco después los congresistas de entonces inventaron un salvavidas para sus propios e impopulares partidos: si no se presentaban a la siguiente elección seguían inscritos. Con el añadido de que podían inscribir su lista y si veían que no les iba a ligar la retiraban, lo que era posible incluso días antes de la votación. Eso hizo el Partido Nacionalista, que en clara demostración de que se trata de la propiedad privada de la pareja Humala-Heredia, le dio a su candidato Daniel Urresti y a uno de sus principales dirigentes Daniel Abugattás. Lo mismo hizo Solidaridad Nacional, de propiedad de Luis Castañeda Lossio, quien hace poco también demostró que se trata de una propiedad privada presentando como candidato a la alcaldía de Lima a su hijo, como quien le traspasa una herencia. No han faltado peculiares interpretaciones del JNE para mantener registros electorales, por ejemplo la alianza APRA-PPC-Vamos Perú (del ex- alcalde del Callao Juan Sotomayor protegido por la mafia de los “cuellos blancos) para mantener su registro vigente según la ley el 2016 debía alcanzar la valla de 7 por ciento, pero cuando no lograronel Jurado estableció que la ley no valía esta vez.
¿Qué hacer?
Lo cierto es que tenemos un “sistema de partidos” marcado profundamente por la corrupción y las mafias, y que además ha cerrado la entrada a nuevos competidores, abierta sólo a quienes pueden destinar varios millones a recoger firmas. El último caso ha sido el de “Perú Podemos” de un ex – aliado de Castañeda, el señor José Luna, dueño de universidades-estafa, que logró la inscripción porque tenía funcionarios infiltrados en la ONPE, gente que había sido operadores de Fujimori y que manipularon el proceso a su favor para que se acepten firmas falsificadas.
Se necesita limpiar esa podredumbre terminando con el monopolio de las mafias. Es urgente abrir las puertas a nuevas organizaciones y propuestas, eliminando el requisito de las firmas, que se logran con plata y su verificación es dudosa, por un funcionamiento real de los partidos. La clave es la democracia interna: deben obligatoriamente hacer elecciones primarias para elegir sus candidatos que sean organizadas por la ONPE. Si el partido existe, tendrán votantes en sus primarias; si no hay electores, quiere decir que no hay partido. Simple y claro.
Otro elemento esencial es desterrar los grandes dineros ocultos en los partidos y campañas electorales. Ninguna propaganda pagada con dineros privados en medios masivos de comunicación o redes tipo Facebook, excepto un espacio igualitario organizado por el JNE, y que debe ser entregado gratuitamente por las empresas de radio y TV como contraprestación por haberles dado la concesióndel espacio radioeléctrico.
Consolidar la lucha contra la corrupción tiene en esta reforma política uno de sus principales retos. Sólo así la política y el congreso peruano dejarán de ser un espacio cuyo origen está viciado desde el nacimiento de las candidaturas y se podrá dar inicio a un sistema realmente democrático donde pueda expresarse una plural voluntad popular.
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