Los esfuerzos del alcalde de La Victoria George Forsythe y su gerente Susel Paredes por ordenar la zona de Gamarra y liberarla de ambulantes ha sido bien recibida por una mayoría ciudadana. En poco tiempo, sin embargo, han salido a luz las limitaciones de esta política, ya que una gran cantidad de los ambulantes desalojados se reubicó en otra zona, muchos de ellos en la avenida Aviación y en los alrededores de Gamarra.
Se podría ahora tratar de sacarlos de allí, pero es evidente que en ese caso se irán a otro sitio, a unas cuadras más allá o a otro distrito. Es como apretar un globo por un lado, en cuyo caso simplemente el globo se hinchará por otro lado. Esta analogía resalta que si bien la política de “apretar el globo” puede funcionar para una zona, no funciona para el conjunto.
INFORMALIDAD Y EMPLEO
Es evidente que hay un problema mayor que Forsythe y Susel no pueden resolver, cual es que hay una gran cantidad de peruanos que no consiguen trabajo. Aunque los ambulantes sean desalojados de un sitio, esas personas necesitan lograr algún dinero para poder comer, vestirse y tener donde dormir.
Lo que sucede con los ambulantes de Gamarra contradice con el repetido discurso de que la economía peruana está muy bien. Devela, así, la realidad de desempleo y subempleo, un problema crónico que se ha agravado continuamente los últimos cinco años. Terminado el boom de los altísimos precios de los minerales, las políticas neoliberales han mostrado nuevamente su total incapacidad de resolver el problema del empleo.
Hay que insistir en que sí hay estrategias posibles para lograr una masiva generación de empleos, y que no son la interesada propuesta de la Confiep de reducir derechos y beneficios laborales en una nueva profundización del neoliberalismo.
IMPULSAR LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LAS ECONOMÍAS PROVINCIANAS
Una causa central de que haya tremenda cantidad de mano de obra desempleada en Lima es porque mucha gente viene del campo y las provincias a la gran ciudad. ¿Por qué migran? Simple: porque acá ganan más y viven mejor. ¿Cómo enfrentar ese problema? Haciendo que aumenten sus ingresos y calidad de vida en los pueblos rurales y provincias.
De la agricultura familiar subsisten todavía casi un millón de familias. Como no tiene ningún apoyo, su productividad e ingresos han aumentado lentamente las últimas dos décadas y media de neoliberalismo, de tal manera que la tasa de pobreza rural triplica a la pobreza urbana. Además muchos tienen educación y salud de muy baja calidad, pésimos caminos y carecen de conexión de celulares o internet. Se puede hacer un contraste con la gran agricultura de exportación que ha recibido 7 mil millones en subsidios en grandes irrigaciones, cuenta con carreteras y puertos pagados por el estado, tiene exoneraciones tributarias especiales, apoyo sanitario y políticas comerciales favorables. Para la pequeña agricultura no hay crédito, debe transportar sus productos por pésimas trochas con mucho riesgo y se facilita la importación de trigo, leche y arroz que le quita mercado. Mientras tanto Japón, un país de altísimos ingresos, protege a su agricultura familiar con altos impuestos a la importación de arroz, y Estados Unidos aprobó a finales del año pasado una ley para apoyar a sus agricultores con 867 mil millones de dólares la próxima década.
Una política de promoción de la agricultura familiar y las economías rurales pasa por cinco medidas centrales. La primera, dotarles de caminos transitables, comunicaciones e internet. La segunda, dotarles de mejoras tecnológicas, habiendo programas como Haku Wiñay y Sierra Productiva que han mostrado que con riego tecnificado de bajo costo los campesinos pobres pueden lograr grandes aumentos de productividad importantes. La tercera, facilitar crédito agrario, algo fundamental para que los pequeños y medianos empresarios agrícolas emprendedores pueda invertir y crecer. La cuarta, programas que diseminen información de buenas técnicas y que avancen innovaciones productivas adecuadas a nuestra sierra y selva. La quinta, defender el mercado interno de las importaciones subsidiadas en otros países.
Junto a ello en provincias hay que promover turismo, servicios y pequeñas industrias, aprovechando nuestra diversidad biológica y cultural. Esta posibilidad se ve frenada por la falta de una buena conexión de internet. El Perú invirtió 320 millones en una red Dorsal para que el internet llegue a pueblos alejados, incluyendo colegios y centros de salud, proyecto que está absurdamente paralizado debido a que una Alianza público-privada (APP) ha puesto por delante intereses privados en vez de los intereses nacionales, lo que debiera corregirse de inmediato. Las Universidades regionales deben convertirse en centros de innovación e incubadoras de nuevas empresas. Debe haber Los CITES – centros de innovación tecnológica en todas las regiones, y en líneas productivas como la acuicultura, la forestería sostenible, el turismo cultural y ecológico, la ganadería de camélidos andinos, deben articularse con programas nacionales.
Si hacemos esto, podemos tener una ocupación más equilibrada del territorio, bajando la presión a una Lima totalmente sobrepoblada en relación a servicios básicos como el agua y el transporte y a empleos productivos.
OFERTA LABORAL EXCESIVA
Si una política de empleo descentralizado puede ayudar a retener mano de obra fuera de Lima, hay que reconocer que un aumento acelerado de la población es parte del problema. Difícil pensar que el más de un millón de personas en Lima desempleadas o subempleadas pueda reubicarse, menos todavía si cada año la población en edad de trabajar aumenta en casi 300 mil personas, mucho peor aún si tenemos adicionalmente 600 mil venezolanos trabajando acá.
Es indispensable que el estado peruano tenga una política respecto de la inmigración. El gobierno neoliberal de Sebastián Piñeira pone frenos, Ecuador también, Estados Unidos mucho más sin importar toda su hipócrita propaganda “de defensa de la democracia”. ¿Acaso estaría bien si llegan otros 2 millones de migrantes al Perú, de cualquier país que sean? Los peruanos estamos entre los que tenemos derecho al trabajo, no hay que olvidarlo.
Mirando a largo plazo hay que insistir además en una política que permita que las mujeres y parejas tengan solo el número de hijos que quieran tener. Una reciente denuncia mostró como una adolescente que fue al hospital Loayza le negaron el derecho a un método anticonceptivo tan simple y barato como un condón, algo inaceptable (e ilegal). Todavía la educación sexual es negada a cientos de miles de adolescentes en colegios públicos, déficit agravado por ideologías retrógradas.
REACTIVAR EL MERCADO INTERNO
En el corto plazo la política macroeconómica es fundamental para la creación de empleos. Por un lado, hay que reactivar la inversión pública, que jala la contratación de obreros de construcción civil y la demanda por cemento, fierro y demás materiales, cuya producción a su vez requerirá más mano de obra. La clave para ello es más presupuesto, hoy aguantado por la baja recaudación generada por las exoneraciones tributarias y la elusión, término con el que se designa a las trampas seudo-legales de los grandes empresarios de la Confiep para no pagar impuestos. Es indispensable enfrentar con firmeza la elusión para con esos recursos aumentar sustantivamente el presupuesto social y de infraestructura.
Algunos opinan que por haber sido recién elegidos, los gobiernos regionales y municipales no tienen la capacidad de hacer inversiones, lo que me parece prejuicioso. Aun en ese caso, hay alternativas. El nuevo método de inversiones usado para los Juegos Panamericanos parece ser más ágil. Se podría acicatear a los ministerios. Otro mecanismo es entregar fondos directamente a los colegios, hospitales y redes de salud para que hagan obras con participación y fiscalización ciudadana y local. También podría ahora otorgarse fondos a las familias y comunidades afectadas por desastres. Mecanismos de descentralización radical de la inversión pública hasta las comunidades han funcionado en el pasado en Foncodes, con los llamados CLAS en salud y para el mantenimiento de colegios.
La otra medida urgente es abaratar y facilitar el crédito, algo fundamental para que puedan prosperar más fácilmente los negocios y se rentabilice la inversión privada. El BCR tiene en sus manos el reducir la tasa de interés como parte de su política monetaria. Más competencia también podría reducir las tasas ya que el “spread” o margen de los bancos es de 14.4 por ciento frente a 3 por ciento en Chile. Hay fondos disponibles, ya que las AFPs tienen 70 mil millones de los trabajadores colocados en el exterior en vez de estar invirtiéndose en el Perú.
Con estos cambios en la política económica, que son de justicia, se iría reduciendo la enorme presión social por la venta ambulatoria y demás opciones de informalidad en Lima. Solo así los esfuerzos de ordenamiento del comercio callejero de las municipalidades podrán ser algo más que simplemente apretar un globo por un lado para que se hinche en otras partes.
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