“En particular, se propone otorgar mayores contenidos al reglamento del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Fomento de Empleo, en relación a una serie de aspectos tales como la determinación prorrateada mensual de beneficios laborales tras acuerdos con el empleador”. Así dice el Plan Nacional de Competitividad promulgado a fines de julio y presentado este martes en un evento a toda pompa con Vizcarra presente.
La frase es totalmente rebuscada y su significado escapa a la enorme mayoría de trabajadores, algo que no puede ser casualidad. ¿Qué quiere decir eso de la “determinación prorrateada de beneficios laborales”? La palabra “prorrateado” indica que el monto de las gratificaciones en vez de pagarse en julio y diciembre como es ahora, se pagaría por partecitas, dando un poquito cada mes. El problema es que muchas empresas, por diversos mecanismos, podrán dejar de pagar las “gratis” de julio y diciembre sin aumentar el pago mensual a los trabajadores, simplemente diciendo que esa “partecitas” de las gratificaciones ya están consideradas en el pago de fin de mes.
El Plan de competitividad dice que el prorrateo solo valdría “tras acuerdos con el empleador” pero en las condiciones actuales de aguda falta de empleo ¿cuántos peruanos podrían decir que no cuando les ofrezcan un salario de mil o mil doscientos soles mensuales con la indicación de que ahí están incluidas sus gratificaciones? Muy pocos. Y no solo se trata de quienes buscan un nuevo empleo; el 70% de los trabajadores formales en el Perú están bajo contratos temporales y a ellos el empleador apenas termine su contrato actual les podrá decir que ahora las gratificaciones están “prorrateadas” en su salario mensual y les hará firmar el “acuerdo” que así lo diga.
Los ultra-liberales seguramente dirán que si el trabajador aceptó sin ser coaccionado ¿por qué el estado podría oponerse? Con ese mismo argumento se debiera permitir que “tras acuerdos con el empleador” se paguen salarios de 500 o 300 soles mensuales, las vacaciones se eliminen o se quite el derecho al descanso por natalidad. Es obvio, sin embargo, que quien no tiene medios para subsistir no tiene las condiciones para rehusar las condiciones de trabajo que le imponen. Así, no hay igualdad de condiciones entre el trabajador y el empleador para llegar a un acuerdo equilibrado. Además, hay objetivos sociales detrás de las gratificaciones, como por ejemplo asegurar que los hijos de los trabajadores no pasen una navidad con hambre. Por esas razones en ninguna parte del mundo se acepta que los derechos laborales se pierdan “tras acuerdos con el empleador”, ni en los países europeos ni en Estados Unidos ni en ningún país latinoamericano ni en la India ni en la ‘Cochinchina´. Pero los neoliberales peruanos, encabezados por el MEF defienden semejante despropósito porque conviene a los intereses de grandes empresas.
DERECHOS Y PRETEXTOS EMPRESARIALES
Declaraciones antiguas de Vizcarra y más recientes de la ministra de trabajo han insistido en que no se recortarán derechos laborales. Reveladoramente, sin embargo, la sencilla frase ‘se respetarán los derecho laborales vigentes’ o similar no es parte del Plan Nacional de Competitividad. Lo que ese Plan manda es “revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral”; como si el mercado laboral fuera un organismo vivo con “necesidades” mientras dejan totalmente fuera las necesidades de la gente.
Según ha declarado la ministra de trabajo Sylvia Cáceres “ésta es una [propuesta] que beneficia más a las empresas cuyo tamaño o volumen de ventas les hace difícil asumir desembolsos importantes en julio y diciembre”. Pero si el “prorrateo” fuera real, la empresa debería pagar entre enero y junio cada mes un sexto de la gratificación de julio y hacer de manera similar con la ´grati´ de diciembre en el segundo semestre del año. A ninguna empresa le costaría absolutamente nada ir depositando esos dineros en un banco mes a mes y luego en julio sacar lo que acumuló entre enero y junio y dárselo como gratificación al trabajador, y hacer exactamente lo mismo en la segunda mitad del año. Es más, la empresa ganaría intereses. La idea de que esta medida es necesaria porque algunas empresas sufren para pagar en julio y diciembre y tienen más facilidades haciéndolo todos los meses no se sostiene lógicamente.
¿En qué caso este supuesto prorrateo sería beneficioso a las empresas? Sólo cuando reducen su pago anual a los trabajadores. Es decir, cuando los trabajadores reciben menos soles en el año. No es de extrañar que este objetivo se escriba en un rococó tan ininteligible como decir que “se otorgan mayores contenidos a aspectos tales como la prorrateada mensual de beneficios laborales”.
DEBATES MINISTERIALES
Cuando en julio pasado puse estas observaciones en mis redes sociales, la ministra de la mujer Gloria Montenegro dijo que era “información tendenciosa”, respaldándose en que “como se propone modificar el reglamento y no la ley, no se podría rebajar el piso de 2 UITs para poder establecerla”. Se refiere a que la ley actual (DL 728 modificado por el DL 855) ya establece el “prorrateo” pero solo para quienes ganan más de 8,400 soles mensuales, que es una pequeña minoría. Montenegro insistió en que ese piso mínimo no podía rebajarse.
Me hizo dudar Montenegro, la verdad. Porque efectivamente el Plan de Competitividad habla de modificaciones por decreto supremo pero esta norma del prorrateo está contenida en una ley, y las leyes no se pueden cambiar por decreto supremo porque son normas de menor rango. Algún sustento tenía pero no me convenció porque ¿si no iban a hacer cambios para qué lo pusieron en el Plan de Competitividad? Era muy raro.
La semana pasada las dudas se acabaron cuando en una entrevista le preguntaron a la ministra de trabajo: “El prorrateo se aplica para trabajadores que ganan por encima de S/8,400. ¿Están planteando que pueda utilizarse para trabajadores que ganan menos?”. Su respuesta fue contundente y clara: “Así es”. Clarísimo. Así que la información tendenciosa fue la circulada por la ministra Montenegro, quien como miembro del gabinete debiera saber bien a qué se refieren las frases arcanas del Plan de Competitividad.
¿Cómo van a lograr la cuadratura del círculo para cambiar una ley con un decreto supremo? Esos son misterios del Orinoco, usted no lo sabe y yo tampoco, pero la intención del gobierno de quitaros las gratificaciones ya no está en discusión.
RECORDATORIO
Los intentos del ministro de finanzas Carlos Oliva y la Confiep por cortar derechos laborales vienen de hace tiempo. En diciembre pasado Oliva lanzó la idea de recortar las vacaciones de 30 días a 22 días, propuesta que generó tanto rechazo que la dejaron fuera del Plan de Competitividad. Para sustentar su idea nos han querido engañar con el cuento de que no se generan empleos por “el alto costo laboral no salarial, que triplica el de los pares de la Alianza del Pacífico” cuando en realidad un trabajador peruano (incluyendo todos los beneficios de ley) gana menos de 7 mil dólares por año, mientras en Chile sacan 15 mil dólares y en Colombia 9 mil dólares.
La falta de empleos no se deba a que los trabajadores peruanos ganemos mucho, lo que es a todas luces falso. Los puestos de trabajo son escasos porque no se han aplicado políticas macroeconómicas anticíclicas que mantengan el crecimiento industrial, hay muy poca inversión pública y social, el BCR no reduce las tasas de interés y no hay medidas contundentes en favor del agro y las pequeñas empresas. Y encima hay 800 mil venezolanos.
LA POLÍTICA
Ya el ministro Carlos Oliva metió a Vizcarra en tremendo problema con Tía María, al comprometerlo con un proyecto rechazado por la mayoría de peruanos. Le hizo meter la pata a fondo, provocando en la región un enorme movimiento social de rechazo y haciendo que el presidente pierda 20 puntos de popularidad en el sur.
Ahora, el ministro de finanzas empuja al gobierno a otro callejón sin salida provocando a los trabajadores y el movimiento sindical, cuya fuerte respuesta frente a estos intentos de cortar beneficios y derechos ya la vimos a inicios de año y que frente a la amenaza de dejarlo sin gratificaciones sin duda saldrán masivamente a protestar la calle.
Uno no puede dejar de preguntarse ¿Oliva es idiota o se hace; se trata de un gravísimo error o es algo conversado con la Confiep y su ´pataza´ Olaechea? ¿No se da cuenta Vizcarra de adónde lo están llevando? Según el Plan de Competitividad el plazo máximo para que tengamos las respuestas a estas preguntas es octubre, mes en el que debe salir pre-publicado el decreto supremo del “prorrateo”.
Agregue un comentario