Miles de peruanos salen a las calles a protestar frente al alza de precios. Tienen buenos motivos, ya que el encarecimiento del gas y toda la canasta alimentaria golpea fuerte a las economías familiares ya debilitadas tras la pandemia. El alza de precios no es culpa del gobierno sino de una situación externa, la guerra de Rusia Contra Ucrania. Pero al igual que con el Covid, es responsabilidad, tanto Poder Ejecutivo como Congreso, responder a esa situación con medidas efectivas. No lo han hecho y por eso la molestia popular se justifica, mas no el vandalismo y el aprovechamiento político oportunista.
¿Qué medidas se pueden tomar para apoyar a las familias necesitadas? La más directa y rápida, que llega a los bolsillos populares ´completita´ es una transferencia de dinero o ´bono´. Esto se hizo durante la pandemia, y a pesar de la gran demora y debilidad, significó una importante ayuda ante la necesidad y también para reactivar la demanda y la economía. Hoy, aunque el golpe es diferente, es nuevamente una alternativa. Pero analicemos primero las otras medidas posibles.
LA REBAJA DE IMPUESTOS
La principal medida del gobierno, tardía y de reacción a los bloqueos de carreteras por los transportistas y agricultores, ha sido eliminar temporalmente impuestos al consumo de combustibles y alimentos. La reducción de impuestos tiene, además de los obvios costos al fisco, importantes limitaciones. Su principal problema es que las grandes empresas y los intermediarios pueden no rebajar sus precios completamente y así quedarse con buena parte de los beneficios otorgados. Tenemos experiencia con una política similar que han sido los subsidios (vía Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles – FEPC) al gas que consumimos en casa, habiendo estudios que muestran que apenas la mitad del dinero otorgado se traslada al precio final. Como prevalece el “libre mercado” según la Constitución y hemos tenido tres décadas de neoliberalismo privatista que han desarmado al Estado, la capacidad pública para controlar estos abusos es baja y levantarla requiere ministros y funcionarios muy capaces, a diferencia de lo que tenemos hoy.
Con la eliminación temporal del impuesto selectivo al diésel, gas y gasolinas es probable que esos precios bajen un poco, pero no hay seguridad de cuánto ni cuándo. Que en consecuencia se reduzcan los fletes y llegue la rebaja hasta el consumidor final de diversos bienes es aún más incierto. ¿La suspensión por tres meses del IGV a algunos alimentos tendrá un efecto inmediato y completo, de tal manera que productos claves como los huevos y el pollo bajarán bastante en el corto plazo? Lo dudo mucho; la quita del impuesto es por un plazo corto y se trata además de productos donde hay oligopolios fuertes dominando el mercado. Lo más probable es una rebaja parcial y lenta. Mientras las empresas se demoran en rebajar sus precios, las pérdidas del estado son inmediatas y el diferencial se lo quedan los empresarios, como quien dice “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
A nuestros economistas neoliberales no les gustan las medidas adoptadas por el gobierno de quitar temporalmente el impuesto selectivo a los combustibles y el IGV a algunos alimentos, pero tampoco proponen nada frente a la emergencia. Insisten en lo de siempre: “promover la inversión privada” con la política de mantener bajos los impuestos a las grandes mineras y fortunas, al mismo tiempo que su Tribunal Constitucional (TC) fujimorista elimina el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y se mantienen reducidas las regulaciones ambientales a pesar del desastre causado por Repsol. Eso ya se probó por veinte años y así estamos. Además, cualquier inversión demora varios años en madurar, mientras que el empobrecimiento y el hambre son de este mes. Sólo defienden los intereses de los grandes grupos empresariales, como siempre.
Frente al alza de precios era indispensable tomar medidas económicas, pero una eliminación de impuestos debiera venir con un compromiso de los empresarios involucrados de rebajar sus precios y con una fiscalización mucho más intensa contra los abusos de los monopolios. Aun así, por más que una rebaja sustancial de los precios de la canasta familiar sería un objetivo muy deseable, dada la estructura económica que tenemos y la debilidad de nuestro estado, no es realista pensar que se puede lograr tal caída de precios. Necesitamos otras medidas más efectivas de ayuda a las economías populares.
APOYO SOCIAL
Este tremendo golpe nos encuentra carentes de una red mínima de protección social; apenas tenemos algunos programas sociales de cobertura muy limitada que dejan a muchísimos peruanos sin ningún apoyo cuando tienen una emergencia y un sistema de focalización de hogares mal hecho y desactualizado. Es una de las herencias de tres décadas de economía neoliberal negadora de los derechos sociales, que también se vio en la debilidad de nuestro sistema de salud frente al Covid19.
Frente a la urgencia del hambre en muchos sectores populares, no es suficiente aumentar los montos que dan los programas sociales Juntos y Pensión 65, ya que éstos apenas llegan al 3 por ciento de peruanos. Las ollas comunes tampoco tienen tanto alcance. Hay que reforzar estos programas sociales, por supuesto, pero no es el 3 por ciento el que necesita apoyo si no diez a veinte veces más si sumamos pobres y vulnerables.
La mejor manera de hacer llegar ayuda en forma masiva es con una transferencia directa de dinero, el llamado ´bono´, que se puede hacer mayoritariamente a través de cuentas bancarias. Es la forma más barata, segura y flexible de apoyo. Ya se hizo antes, se podría ahora hacer mucho más rápido y mejor ahora que el Banco de la Nación ya tiene varios millones de cuentas DNI creadas. Habría que complementar esa medida con más empleo temporal y aumentos a las pensiones. ¿Se puede hacer esto en un marco de responsabilidad fiscal? Desde luego que sí, combinado con una reforma tributaria que logre una contribución justa de las trasnacionales mineras y las grandes fortunas. Además, el año pasado en el MEF restablecimos en la caja fiscal 17 mil millones de soles de ahorros públicos que tenemos ahora de respaldo.
IMPUESTO A LA MINERIA
Algunos medios y políticos de derecha defienden con uñas y dientes a las grandes empresas mineras insistiendo en que no se les toque un pelo con impuestos adicionales a pesar de las ganancias extraordinarias que están recibiendo. Sucede que, así como en el mercado internacional han subido de precio el petróleo y el trigo, también lo han hecho el cobre, el oro y el zinc; la gran diferencia es que el golpe de un gas y un pan más caro recaen sobre el pueblo, mientras las ganancias de metales a mayor precio van para las grandes mineras. Es algo totalmente inequitativo, pero el estado puede, mediante impuestos y ayuda social, corregir al menos parcialmente esta injusticia.
Sobre el impuesto a la minería, sus defensores han llegado a negar lo que señala el FMI, cuyo informe indica claramente en su página 9 que “el régimen permite un espacio (moderado) para aumentar la carga tributaria sobre el sector sin perder competitividad internacional” (el informe es público, quien tenga duda puede leerlo en internet). El FMI calculó que, aún incluyendo la distribución de utilidades a los trabajadores (que no son impuestos), la carga actual de contribuciones sobre la minería es del 41,7 por ciento. El FMI evalúa, entre varias opciones, una política de ajuste en tasas de regalías, impuesto especial a la minería y aumento de tasa a dividendos con los que la carga podría subir a 45,5 o a 46,2 por ciento, y señala explícitamente en su página 37 que tras esos cambios “la rentabilidad de los inversionistas se mantendría a niveles relativamente atractivos. Más aún, este aumento en la carga tributaria pondría al Perú en el rango medio de otros países mineros, ya que su posición relativa no se modificaría”. Usted amigo lector puede leer el informe, verificar las citas y certificar que no engaño a nadie. Papelito manda. Luego pueden chequear como quien niega en “El Comercio” nuestras aseveraciones, Miguel Palomino, es gerente del IPE, financiado por grandes empresas mineras como Southern, Cerro Verde, Buenaventura y el grupo Breca; se trata de información igualmente fácil de encontrar en internet.
Se ha dicho que la minería ya paga impuestos. Es verdad, desde luego. Pero si un recontramillonario tiene encima la suerte de sacarse la lotería justo cuando un desastre ha llevado a empobrecido a millones, ¿no corresponde que colabore con solidaridad y sentido de nación?
URGENCIA Y CAMBIO ESTRUCTURAL
Los problemas de gobernabilidad de los últimos años se han agravado. Nuevamente, apenas saliendo de la pandemia, una situación de emergencia nos pone a prueba como Nación. La respuesta urgente tiene que ser de empatía con un pueblo empobrecido y con ansias históricas de justicia social. El gobierno, sea cual sea éste, no puede quedarse de brazos cruzados cuando las economías populares reciben golpes duros. Se necesita una respuesta fuerte, eficaz, justa y responsable. Ese es el tema de fondo. Hay que hacer más y mejor que sólo las rebajas temporales de impuestos al consumo, hay que dar ayudas directas a las familias populares junto a una reforma tributaria que genere sostenibilidad fiscal. Ni la política del avestruz ni la caminata del cangrejo nos llevarán a buen puerto.
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