Los trabajadores públicos en general han sido muy mal tratados por muchos años. La Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, beneficio legal que tenemos los trabajadores privados, se les ha negado o recortado. Se inventó el régimen CAS con menores beneficios y menos aportes a la seguridad social. Incluso se les ha negado el derecho a la negociación colectiva, es decir, a dialogar en torno a sus demandas por mejores condiciones de trabajo. Este es un derecho fundamental establecido mundialmente en convenios de la Organización Internacional del Trabajo y considerado base de la democracia. Pero a los neoliberales eso no les importa.
El año pasado cambiamos esta historia y, en la ley de presupuesto para el 2022, se incluyó un artículo que viabilizaba la negociación colectiva de mejoras económicas en el sector público. Se viene la ley de presupuesto 2023 y los avances debieran continuar. No es un tema menor: en sus distintos niveles la Negociación Colectiva abierta implica a alrededor de 1 millón 200 mil trabajadores públicos; no incluye a la totalidad de personal contratado por el estado dado que este proceso no considera a miembros de las Fuerzas Armadas, policías, jueces, fiscales, funcionarios, directivos y personal de confianza.
El Congreso anterior bajo la presidencia de Mirtha Vásquez había aprobado una ley restituyendo este derecho, pero se requería de precisiones para su aplicación. Si hubiéramos seguido la política económica neoliberal que ha dominado por años en nuestro país, pudimos haber dejado el asunto trabado; en cambio optamos por realizar los ajustes necesarios para que la negociación colectiva en el sector público se produjese. El empeño en esto del viceministro de hacienda Gustavo Guerra-García y del equipo técnico de las direcciones del MEF y de asesores fue clave; la disposición de las centrales sindicales del sector público y de la comisión de trabajo del congreso – entonces dirigida por Isabel Cortez- también fue muy abierta al diálogo y a encontrar soluciones.
Luego de la ley de presupuesto, el siguiente paso fue precisar los mecanismos de negociación mediante el Decreto Supremo 008-2022, que fue producto del diálogo social con los representantes de las centrales sindicales estatales. El tema tiene su complejidad, porque se necesitaba organizar la negociación colectiva en tres niveles: con las grandes centrales de trabajadores que atraviesan todo el Estado, en carreras especiales reguladas nacionalmente como educación y salud, y de manera descentralizada en distintos organismos, regiones y municipios. La negociación centralizada nacional incluyó a los distintos regímenes laborales (276, 728, CAS, servicio civil, servidores penitenciarios y diplomáticos) abarcando a unas 565 mil personas, la de educación a poco más de 472 mil personas y la de salud a cerca de 138 mil personas.
Desde luego, el tema tiene que ser tratado con responsabilidad en cuanto a las cuentas fiscales. No se puede poner en riesgo el necesario equilibrio fiscal de mediano y largo plazo ni actuar de manera poco transparente. Para ello, antes del inicio de la negociación se determinó que se debía elaborar un informe del estado situacional de la administración financiera del sector público, que le permite a las centrales y sindicatos conocer de manera transparente los principales indicadores de empleo público e informarse de los criterios de fijación de los montos que sirven como punto de partida a la negociación. Además, en base a un criterio de equidad, ese informe prioriza la asignación de recursos a aquellas entidades cuyos trabajadores perciben menores sueldos respecto al promedio nacional.
Como producto de las negociaciones se acordaron incrementos remunerativos desde enero del 2023 (S/ 223 mensual promedio para los trabajadores del régimen 276 y S/ 840 anuales para los demás) y se fijó un bono extraordinario de S/ 550 que debe pagarse este diciembre. La primera oferta del estado fue de un monto de 371 millones de soles y cerró en 830 millones de soles, lo que es apenas un cuarto de un uno por ciento del presupuesto nacional del 2022, de tal manera que no hay afectación a las cuentas macrofiscales. La negociación ha incluido también temas no remunerativos, por ejemplo, constituir un grupo consultivo sobre empleo público que permita conocer y dar solución a las problemáticas específicas de cada sector de trabajadores estatales.
Este diálogo con los trabajadores del sector público no implica, para nada, una traba para que las políticas de ordenamiento del empleo público puedan seguir adelante. Este ordenamiento es necesario y urgente, porque hay múltiples regímenes con distintas leyes, condiciones y beneficios. Las diferencias injustificadas siempre son odiosas, pero hoy que los trabajadores hayan ingresado en distintos momentos o a distintas entidades, implica diferentes derechos, procesos administrativos y beneficios. Necesitamos una política que permita unificar en un plazo razonable, teniendo en cuenta los costos económicos, a todos los trabajadores en un solo régimen comprehensivo, entendiendo que hay diferencias reales entre sectores que brindan servicios especializados como educación, salud, fuerzas armadas, policía, servicio diplomático y otros. La negociación colectiva establecida ayuda a avanzar en este sentido al incentivar la unificación de sindicatos.
OTRAS MEDIDAS URGENTES
Un beneficio laboral en la cual hay un tremendo caos es en el llamado “Cafae”, un pago extra que se hace a los trabajadores del régimen de la 276, pero que ha sido aplicado de manera absolutamente distinta e inequitativa por las diversas instituciones públicas, sobre todo a nivel regional y local. Ya desde hace algunos años se viene tratando de reducir esas diferencias subiendo los “pisos” o montos mínimos del pago del cafae, y en la gestión que desarrollamos a fines del 2021 subimos en doscientos soles este piso beneficiando a 97 500 trabajadores.
Dos sectores particularmente importantes son los de educación y salud. En el primer caso, existe una deuda histórica, originada por el fujimorismo, que desconoció los pagos que debían hacerse por concepto de horas de preparación de clases, que estaban legalmente reconocidas. Decenas de miles de maestros ya han ganado fallos judiciales que obligan al pago de esa deuda, y en el 2021 cancelamos 1,200 millones de soles para dar un salto adelante en honrar la misma. Ojalá se siguiera avanzando a una velocidad igual o mayor en ello.
Por su parte, a los trabajadores de salud mediante el Decreto de Urgencia 112-2021 se les aprobó en navidad un bono especial de reconocimiento por su labor en la lucha contra el Covid-19, que demandó 374 millones de soles. En el presupuesto 2022, además, se incluyeron los recursos para que pudieran avanzar los procesos de nombramiento y cambio de grupo ocupacional por 237 millones y para el tramo III del aumento de escala salarial por 594 millones, más otros 88 millones para incentivos por cumplimiento de metas y otros conceptos remunerativos
EL GRAN RETO
Abrir la negociación colectiva a los trabajadores del sector público es el reconocimiento de un derecho fundamental, fortalece la democracia y permite promover mejores prácticas de gestión pública de manera dialogada. El gran reto es, desde luego, mejorar la gestión de los recursos humanos en el sector público, que adolece de falta de incentivos, malas reglas, dispersión de regímenes y desorden general, pero debemos señalar con claridad que en este terreno se puede avanzar más en base al diálogo que con autoritarismo. El principal intento de reforma en este aspecto en las últimas décadas, la Ley Servir, no ha logrado la transformación deseada. Con la crisis de gobernabilidad y corrupción que tenemos parece difícil pensar en nuevas medidas importantes en el corto plazo. Aun así, es importante ir discutiendo qué cambios son necesarios e identificar algunas medidas urgentes ahora que estamos por empezar nuevos periodos de gobierno regionales y municipales que quisiéramos tengan una gestión más eficiente.
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