Un reciente fallo del Tribunal Constitucional rompe una regla importante para la sostenibilidad fiscal; es decir, para asegurar que a mediano y largo plazo los ingresos y gastos del gobierno estén equilibrados y no vayamos a caer nuevamente en un endeudamiento excesivo o financiamientos irresponsables.
El artículo 79 de la Constitución es muy claro: “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.” No cabe duda: la única excepción es el presupuesto propio del Congreso (que este año alcanza nada menos que 880 millones de soles). Los congresistas no tienen iniciativa de gasto y esta regla no está sujeta a condicionamientos o consideraciones: es no y punto. Así se había mantenido por tres décadas y a través de una gran variedad de composiciones del Tribunal Constitucional. Pero el actual TC, cuatro de cuyos siete miembros fueron recientemente nombrados por una mayoría fujicerronista del actual congreso, ha señalado que el congreso puede aprobar leyes que demandan mayores gastos a futuro.
No es el único asunto en el cual los congresistas quieren tener la sartén por el mango en cuanto a política fiscal: un proyecto de ley en trámite establece que las tasas del impuesto selectivo al consumo (ISC), que deben pagar casinos, gaseosas, cervezas, alcoholes, cigarrillos y algunos otros productos, las fijará el Congreso y ya no el MEF. Coincido en esta oportunidad con Alonso Segura en que el gran riesgo es que entren a tallar en este asunto intereses subalternos como los del monopolio cervecero, la gran industria de las gaseosas, la British American Tobacco (BAT) que domina el mercado de cigarrillos o los dueños de casinos.
Ambos temas son muy peligrosos: se pone en juego el equilibrio fiscal. Con mucha facilidad el congreso podrá rebajar impuestos y otorgar exoneraciones a grandes empresas, y al mismo tiempo aprobar dádivas y beneficios a distintos grupos empresariales y sociales, sin considerar la importancia de la sostenibilidad fiscal: de algún cuero deben salir las correas. En esta crítica ha habido coincidencia pública de varios ex- ministros de economía, sin que nadie haya salido a defender esas decisiones. La sostenibilidad fiscal no es un tema de izquierdas o derechas si no de manejo macroeconómico responsable, razón por la cual cerramos el año pasado dejando más de 18 mil millones de soles para reforzar los fondos y reservas que maneja el MEF como “chanchito” para momentos de necesidad. Haber cobrado 6 mil millones de soles a los grandes deudores del fisco nos fue de gran ayuda para ello.
SOSTENIBILIDAD: AMPLIANDO LA DISCUSIÓN
Los ingresos y gastos del estado, sin embargo, pueden equilibrarse de maneras muy distintas. Acá reside una de las diferencias centrales entre izquierdas y derechas. Las izquierdas queremos asegurar derechos a educación, salud, agua, transporte y seguridad social con altos estándares de calidad para todos, y eso requiere mayores ingresos fiscales. Sin inversión pública no hay derechos sociales, es así en cualquier parte del mundo. No existe país donde con 3 por ciento del PBI la salud sea un derecho universal, y el equilibrio fiscal obliga a respaldar el mayor presupuesto con ingresos tributarios. De ahí la propuesta de que contribuyan más a estas necesidades básicas quienes tienen sobreganancias (el cobre nuevamente registra fuerte alza de precio llegando a 3,90 dólares la libra) y concentran la riqueza, como acaba de aprobarse en Colombia bajo el liderazgo de Gustavo Petro y como ha propuesto Boric en Chile.
Las derechas priorizan que los grandes empresarios y dueños de fortunas paguen pocos impuestos en base a privilegios tributarios y paraísos fiscales. Ellos financian sus campañas y por eso insisten en la ideología de que los pobres son pobres porque quieren y que mayores ganancias empresariales nos hacen bien porque “chorrean” a todos. Como se oponen a cualquier reforma tributaria seria, en la política hacen demagogia prometiendo lo imposible mientras en el debate público se hacen los locos frente al bajo gasto en educación y salud y buscan cualquier pretexto para negar que si queremos más medicinas, hospitales, médicos y enfermeras hace falta más presupuesto. El problema es que los ciudadanos sí quieren educación y salud de calidad para todos, y sienten mucha injusticia cuando eso no es así. Un equilibrio fiscal basado en poco gasto social pueda evitar problemas financieros al estado, pero puede no ser sostenible ni social ni políticamente en el largo plazo.
INVERSIÓN PÚBLICA PARA SOSTENER EL CRECIMIENTO
Existe otro aspecto de la política fiscal que es importante ahora, dada la notoria desaceleración de la economía peruana. Mientras el año pasado logramos que el crecimiento llegara a 13,6 por ciento, generando 300 mil empleos formales, este año las proyecciones han ido bajando a menos de 3 por ciento. Parte del problema tiene que ver con los conflictos mineros irresuelto y desatendidos, por lo que la producción de la minería cayó 2,6 por ciento el primer semestre.
Pero no es ese el único punto débil de nuestra economía. La industria peruana que el año pasado creció 25 por ciento, ubicándose 5 puntos por encima del nivel pre-pandemia, en setiembre registra una contracción de -0,9 por ciento en relación al año anterior. Tenemos este resultado a pesar de que, impulsadas por la disrupción de las cadenas de valor internacionales debido a la guerra y el conflicto EEUU-China, nuestras exportaciones industriales están creciendo a ritmos del 11% en textiles y 24% en químicos, nuestros dos principales rubros. Así, aún no se ve el impacto negativo de la desaceleración de la economía mundial, que se acaba de iniciar con fuerza. La caída de nuestra industria no es por menores exportaciones, sino que se debe al mercado interno que es adonde se destina mayormente su producción.
La demanda interna es clave en esta evolución, este año se proyecta crecer sólo 2.5 por ciento y eso tiene mucho que ver con la debilidad de la inversión pública y del apoyo estatal a las familias. Por el lado de la protección social, aunque desde marzo varios señalamos la necesidad de un bono alimentario, este recién empieza a pagarse y sólo a un grupo restringido de personas, mientras que el apoyo a los pequeños productores agropecuarios afectados por el alza de fertilizantes también ha ido a cuentagotas. La inversión pública se ha mantenido gracias a los gobiernos regionales y locales, mientras el gobierno nacional ha tenido muy baja ejecución. En la suma de los tres niveles de gobierno, la inversión pública real estuvo en negativo hasta el tercer trimestre, aunque en octubre ya muestra una evolución ligeramente positiva. Este ajuste fiscal no se ha debido a la falta de recursos, ya que la recaudación real ha subido 10 por ciento en lo que va del año gracias a los buenos precios de los metales. En el futuro próximo las perspectivas de la inversión pública no son halagüeñas; entran nuevas autoridades regionales y locales y por experiencia sabemos que eso lleva a un frenazo en la ejecución de sus obras.
Esto puede ser un serio problema. En el Perú el contexto inflacionario no requiere de una política de ajuste macroeconómico, porque la inflación peruana no es por demasiada demanda interna sino que viene del exterior. Nuestra economía no atraviesa una coyuntura similar a la norteamericana. Por ello, si bien se justifica una política monetaria orientada a evitar una mayor disparada del dólar, en estos momentos una política de reducción de la inversión pública no es conveniente. En nuestro país, para mantener un buen crecimiento económico la coyuntura actual requiere ampliar la inversión pública y el gasto social eficiente. El problema es que las condiciones políticas hacen eso muy difícil.
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