Para este martes 15 de enero organizaciones populares, gremios sindicales y campesinos, grupos feministas y la coordinadora nacional de derechos humanos han convocado a una jornada de protesta. La protesta es contra la política económica y está plenamente justificada.
El año pasado en Lima metropolitana se perdieron 20 mil empleos (datos INEI hasta noviembre). No hay aún cifras a nivel nacional por eso uso las de Lima, pero la capital es determinante en las dinámicas económicas y de empleo nacionales. Uno de cada seis limeños, desempleado o subempleado, está buscando trabajo son conseguirlo. La gente lo siente: el “índice de confianza del consumidor” en relación al empleo es el más negativo en ocho años.
Los ingresos de los trabajadores limeños se han reducido el 2018, algo que no sucedía desde hace décadas atrás. No solamente han caído los ingresos reales, es decir que los sueldos o ingresos se han quedado atrás en relación al alza de precios: incluso los ingresos nominales, el sueldo bruto, se ha reducido, afectando sobre todo a los trabajadores con menor nivel educativo, los 400 mil trabajadores que no llegaron a tener secundaria hoy ganan 5 por ciento menos que hace un año.
Las causas de este deterioro son la masiva inmigración venezolana y la política económica del gobierno, continuismo del neoliberalismo de PPK. La responsabilidad de esta situación recae plenamente sobre los hombros del ministro de economía y finanzas Carlos Oliva y en el BCR dirigido por Julio Velarde con ayuda del fujimorista José Chlimper.
Para empeorar las cosas, Carlos Oliva del MEF, apoyado por la Confiep y la derecha, quiere recortar beneficios y derechos laborales. En diciembre Oliva dijo que las vacaciones debían ser ya no de 30 días sino solo de 22 días. Antes Vizcarra dijo en CADE que “Uno de los factores que eleva la informalidad es el alto costo laboral no salarial, que triplica el de los pares de la Alianza del Pacífico”, algo que es totalmente falso: según un estudio del BID-OCDE un trabajador peruano (incluyendo todos los beneficios de ley) gana menos 7 mil dólares por año (equivalente a 1,800 soles mensuales), un chileno 15 mil y un colombiano 9 mil. En toda Latinoamérica el promedio del costo laboral total es de 9,800 dólares, mientras que en la OCDE supera los 50 mil dólares al año (https://bit.ly/2KUetuw). El engaño del “alto costo salarial” tiene el claro propósito de recortar aún más los magros ingresos de los trabajadores.
Su otra propuesta es quitar posibilidades de reclamo a los trabajadores. En noviembre Carlos Oliva dijo que “tenemos que hacer una norma que nos permita darle más flexibilidad al mercado laboral, que los jueces tengan base legal para no reponer a los trabajadores que fueron despedidos”, buscando de esa manera que los empresarios tengan aún más poder para despedir trabajadores y trabajadores que reclaman, aunque sea por defenderse de acoso sexual o queriendo organizar un sindicato y negociar mejores condiciones de trabajo.
Por el contrario, la falta de empleos se debe a que la inversión pública y social está aguantadaza mientras mantienen exoneraciones y beneficios tributarios a los más ricos, a que el BCR no facilita el crédito ni reduce las tasas de interés y a que no hay ninguna política en favor del agro, las pequeñas empresas o la industria.
El continuismo zonzo de la política neoliberal nos está condenando al atraso, y encima quieren profundizarlo con medidas anti-laborales. No hay que permitirlo.
En Lima, la marcha está convocada para las 4 pm en la Plaza Dos de Mayo y a las 5 pm en Plaza San Martin. Ahí estaremos.
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