Chile acaba de promulgar una ley obligando que a los pequeños empresarios se les pague en máximo 30 días. Es una excelente medida que fácilmente podríamos copiar.
Muchas micro y pequeñas empresas hacen sus negocios vendiendo a las grandes cadenas comercializadoras, que aprovechándose de su poder de mercado, solo les pagan tres, cuatro o hasta seis meses después de que ellos han entregado sus productos. Estamos hablando de pequeñas empresas de confecciones, de pymes que hacen tortas y un sinfín de otros alimentos preparados, de microempresas dedicadas a la venta de artesanías u otros regalos y de artículos de belleza y salud hechos a mano. Para un pequeño empresario, a quien nunca le sobra el capital de trabajo y que necesita esos fondos para pagar a su personal y comprar insumos y materiales para reiniciar el ciclo productivo, eso le significa un gran costo. Pero las grandes comercializadoras, cuyas marcas no voy a repetir pero que se encuentran en muchas esquinas o en centros comerciales, saben que tienen un gran poder sobre los microempresarios, quienes si no venden a través de ellos es sumamente difícil y costoso y resulta muy riesgoso armar un canal de distribución propio. Así que se aprovechan de los pequeños y microempresarios.: el pez grande se come al chico,
Este abuso es además totalmente injustificado desde el punto de vista financiero. Una gran empresa puede conseguir financiamiento a 6 por ciento anual con gran facilidad. Una pequeña o microempresa enfrenta enormes barreras y limitaciones para conseguir créditos y cuando lo logra paga 40 por ciento o más de tasas de interés. Pero las grandes cadenas se ahorran ese 6 por ciento de interés cargándole al microempresario el costo de 40 por ciento anual. Maleado.
Es frente a una situación similar a la peruana que en Chile, un gobierno que no tiene nada de socialista, izquierdista ni chavista como el Sebastián Piñeira, ha sacado esta ley. La ley chilena establece lógicamente un periodo de adaptación de cuatro meses, luego del cual por un tiempo más el tope de pago será de 60 días, para finalmente cerrarse en 30 días, toda una flexibilidad en favor de los grandes conglomerados comerciales. En los años que vienen, no dejará de ser una paradoja saltante el que varias cadenas comerciales chilenas en su país no van a poder retenerle el pago a las pymes más de 30 días, pero en el Perú siendo extranjeros sí podrán hacerlo.
POLITICA DE COMPETITIVIDAD: ¿LAS PYMES NO IMPORTAN?
El momento en que sale esta ley en Chile es también interesante. Porque sale justo cuando en el Perú el gobierno aprueba una “Política Nacional de Competitividad”. Pero esa política promovida por el MEF y la Confiep no dice prácticamente ni una palabra sobre las pequeñas empresas, y aunque reconoce que los grandes bancos en el Perú cobran comisiones y tasas de interés altísimas e injustificadas, no plantea ninguna medida específica para ayudar a las pequeñas empresas y consumidores ante esa situación. Por el contrario, permitiendo que se ajuste financieramente a las pequeñas empresas, lo que termina haciendo el MEF es entregarlos a los brazos de los bancos que les cobrarán altos intereses.
¿Es que acaso no importa que las micro y pequeñas empresas sean más competitivas y solo importa reducirle costos a las grandes empresas? Si uno lee la política aprobada por el gobierno, así pareciera. Pero desde un punto de vista social, es exactamente al revés: la prioridad debieran ser las micro y pequeñas empresas y el agro. Más del 95 por ciento las empresas existentes en el Perú están en ese grupo, que es donde trabaja la enorme mayoría de peruanos, en particular los pobres que es para quienes hay que buscar mejores oportunidades. Es ahí donde un gobierno que quiera un desarrollo más justo y un bienestar social más amplio debiera poner la puntería.
Pero mientras en Chile un gobierno de derechas se preocupa por reestablecer condiciones de alguna justicia y generar un entorno más favorable al desarrollo de las pequeñas empresas, acá el énfasis está puesto en los grandes grupos, permitiendo además que se refuercen cadenas monopólicas como ha sucedido con las cadenas de boticas, por ejemplo.
Es cierto que una ley como ésa iría en contra de ese principio neoliberal que señala que el estado no debe intervenir en el mercado, porque supuestamente un mercado “libre” sería más eficiente. Pero lo cierto es que no existe una competencia real ni una relación equilibrada entre las grandes cadenas comercializadoras y los pequeños empresarios, como tampoco la hay entre los dueños de las grandes empresas y sus trabajadores.
El abuso que hoy se permite en el Perú, y que ahora se está cortando en Chile, contra las pequeñas empresas, no solo es un asunto de justicia, es un asunto de desarrollo y crecimiento económico. Porque es obvio que si las micro y pequeñas empresas no tienen financiamiento y deben dedicar sus fondos a financiar a las grandes cadenas comercializadoras esperando su pago por seis meses, entonces sus posibilidades de invertir en mejores tecnologías y se achican.
La obligación de pagar a las microempresas y pequeñas empresas en no más de treinta días es una ley que también debiera darse en nuestro país. En este caso justicia y productividad van de la mano. Es un gana-gana.
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